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Legalización desde la tradición (liberal) del PAN
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El PAN es un partido de convicciones liberales. Desde su origen, el PAN ha postulado y proyectado en políticas públicas un sistema ético basado en tres principios: la dignidad humana, la libertad personal y la responsabilidad social. La combinación —y la interacción— de estos principios constituye, en la doctrina panista, una base...
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Legalización desde la tradición (liberal) del PAN

Roberto Gil Zuarth, Excélsior

Lunes 19 de agosto de 2013 (20/08/13)
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El PAN es un partido de convicciones liberales. Desde su origen, el PAN ha postulado y proyectado en políticas públicas un sistema ético basado en tres principios: la dignidad humana, la libertad personal y la responsabilidad social. La combinación —y la interacción— de estos principios constituye, en la doctrina panista, una base normativa que cualquier persona puede aceptar sin contravenir intuiciones morales básicas. De esta base normativa es posible desprender una gama de derechos humanos y deberes individuales y, en particular, justificar un conjunto de instituciones o evaluar la validez de ciertos comportamientos o prácticas humanas. En mejores términos, sirve para determinar, desde un punto de vista objetivo, la racionalidad de ciertas decisiones políticas, convenciones sociales y arreglos institucionales específicos.

El principio de dignidad reconoce que las personas están dotadas de competencia para elegir sus modelos, preferencias y planes de vida, y que éstos son independientes de su propia condición humana, esto es, las personas valen en cuanto tales y nunca en función de sus características físicas o culturales, convicciones, actos o comportamientos. En ese sentido, el principio de dignidad postula que las personas deben perseguir sus propósitos vitales sin interferencias invalidantes de terceros y, especialmente, del Estado. Es aquí donde el principio de dignidad se intersecta con el de libertad: al ser valiosa la condición humana, sólo se justifica la intervención del Estado (y de otras personas) para salvaguardar y facilitar la elección y consecución de los planes de vida individuales. Lo anterior supone que el Estado (y los demás individuos) no puede imponer sacrificios o privaciones contra la voluntad de la persona que no tengan como fin evitar un daño a sí mismo cuando es incapaz, física o mentalmente, de elegir, o bien, para evitar un daño a terceros. El Estado no tiene la misión de guiar a las personas hacia el paraíso: su función es diseñar instituciones para que cada uno acometa el modelo de vida que decida. Así las cosas, el principio de responsabilidad cierra el sistema: los actos y comportamientos de las personas deben evaluarse por sus efectos o resultados en la esfera de otros, así como en función de su contribución a un contexto social que potencie la libertad de elegir de cada uno y provoque equilibrios en el ejercicio agregado de esas libertades. En la medida en que las personas son seres sociales, que es virtuosa la convivencia con otros y que la consecución de los planes de vida de las personas requiere de la abstención y de la cooperación de terceros, el principio de responsabilidad fundamenta la imposición de ciertos deberes individuales y la promoción de espacios y dinámicas de deliberación colectiva para superar los conflictos y promover la cooperación social.

Desde este sistema ético, ¿debe el PAN oponerse a la propuesta de legalizar el consumo de la mariguana? Dos apuntes preliminares. Primero, la propuesta que se discute no es propiamente una legalización generalizada del consumo, sino el aumento de la dosis de tenencia permitida para uso personal y el establecimiento de centros (clubes) para la comercialización de esas dosis. En consecuencia, la iniciativa no propone que la mariguana se venda como cervezas en el súper. Por el contrario, se trata de la creación de un mercado bajo control público, es decir, un mercado sujeto a una fuerte regulación en la parte de la oferta. Segundo, la propuesta profundiza en la dirección de la política que la administración anterior siguió con la legislación que despenaliza la tenencia de pequeñas dosis para consumo personal, con el fin de virar el tratamiento de esta cuestión de una lógica penal a una de salud pública.

Ahora bien, el sistema ético que postula el PAN ofrece buenas razones para apoyar la legalización de la mariguana. En primer lugar, por más cuestionable que a terceros les parezca su consumo, se trata de una elección individual sobre la cual ningún tercero debe interferir, siempre y cuando el consumidor pueda llevar a cabo sus propias decisiones y conozca los elementos relevantes de la situación en la que actúa. El consumo por parte de una persona no constituye una frustración de los planes de vida de otras personas, a menos que se acepte que existen mejores planes de vida que otros, lo cual violenta la intuición básica que da contenido a la dignidad humana. La regla de la mayoría de edad y los deberes informativos a cargo del proveedor son medidas que resuelven el estándar de la competencia básica para elegir. En segundo lugar, la intervención del Estado en la decisión de consumo sólo se justificaría si es objetivo el daño que el consumidor se provocaría en sí mismo. Los estudios empíricos existentes apuntan a que el uso de la mariguana tiene consecuencias débiles en términos de adicción y de efectos colaterales, de modo que, en principio, no existe base fáctica para sostener la proporcionalidad de medidas especialmente invasivas en la libertad personal. La intervención del Estado, por el contrario, sí se justifica para evitar que el consumo provoque daños a terceros, situación que se logra mediante, por ejemplo, disuasivos al uso de vehículos bajo la influencia de la mariguana. En tercer lugar, la forma de armonizar la libre elección individual con el propósito de preservar ciertos intereses colectivos (la prevención de adicciones, por ejemplo) es a través de la promoción de la discusión, en los distintos espacios de interrelación social (familia, escuela, política), sobre los elementos relevantes de la decisión de consumo, de tal manera que la persona pueda formar, revisar o, incluso, reafirmar su elección individual.

La tradición liberal del PAN reivindica la primacía de la persona y su capacidad de elegir responsablemente. Su tradición es la defensa de un modelo de organización social que somete al Estado a límites basados en la razón ética, es decir, en razones basadas en principios que puedan ser aceptados por cualquiera. Debatir esas razones no debe ser motivo de rubor para el PAN. Mucho menos defender la libertad.

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