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Entrevista

Entrevista a Iván Fornís de Energy Control
El delito de fumar mariguana
Rumbo a la legalización de la mariguana


Carlos enfrenta un proceso penal por fumar mariguana. Encarna las consecuencias de una política contradictoria. Carlos compró mariguana por 25 pesos, unos 4 gramos, para fumar dos cigarros con un par de amigos. Tras consumir un cigarro fue detenido y remitido al Ministerio Público. Pasó 55 horas encerrado, su familia fue extorsionada para que...
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El delito de fumar mariguana

Reforma, Carole Simonnet

Lunes 9 de septiembre de 2013 (09/09/13)
ver en reforma.com

Carlos enfrenta un proceso penal por fumar mariguana. Encarna las consecuencias de una política contradictoria.




Carlos compró mariguana por 25 pesos, unos 4 gramos, para fumar dos cigarros con un par de amigos. Tras consumir un cigarro fue detenido y remitido al Ministerio Público. Pasó 55 horas encerrado, su familia fue extorsionada para que no lo ficharan y, aunque pagó 4 mil pesos, fue consignado por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

Carlos vive en carne propia las consecuencias de una política pública contradictoria: en México es legal portar y consumir pequeñas dosis de droga (hasta 5 gramos de cannabis), pero su producción y distribución constituyen un delito.

El joven cuenta la historia de lo que le ocurrió apenas el pasado 18 de junio bajo el nombre ficticio de Carlos. Próximamente comparecerá ante un juez para aclarar su situación legal y teme a posibles represalias.

Su historia ya la relató ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), donde interpuso una queja. Si es declarado culpable, enfrentará una pena de 10 a 36 meses de prisión y el pago de una multa de hasta 80 días de salario mínimo. Si no le va tan mal, puede que el juez le conmute la pena por rehabilitación.

Carlos tiene 18 años. Mientras habla, su cuerpo flaco se mueve con agilidad en unos jeans azul claro, una playera blanca, un suéter negro y unos tenis de marca estadounidense. Lleva aretes plateados y un piercing en el labio inferior. Terminó la secundaria pero dejó sus estudios tras haber sido rechazado dos veces de la preparatoria y trabaja ahora en una tienda de autoservicio.

Al filo de las 15:30 horas del martes en que lo detuvieron, dos policías judiciales que venían en motocicleta lo confrontaron al salir de un parque de la delegación Coyoacán con dos amigos. Estaba a unas cuadras de la tiendita ilegal donde compraron la droga. Los tres jóvenes habían terminado de compartir un cigarro y tenían la mercancía sobrante en una bolsa escondida entre su ropa.

"A ver, vengan para acá, son sospechosos. Díganme: qué traen antes de que los revise", les señaló uno de los policías.

"Yo les dije que tenía una bolsita chiquita para dos cigarros de mariguana, que compramos por 25 pesos, y que ya habíamos usado antes, les pedimos chance y nos dijeron: 'A ver, ¿cuánto tienen?'. Y nada más teníamos 50 pesos", señala con la intención de recrear el diálogo que tuvo con los policías, a quienes llama judas.

"No, con eso no me alcanza, por lo menos júntenme 100 por cada uno. No sé cómo le van a hacer, pero de ésta no se zafan", les respondió el mismo agente.

En los últimos cinco meses, los habían detenido otros policías en dos ocasiones, pero con una cooperación "para el refresco" los dejaban seguir su camino. Esta vez la extorsión adquirió otra dimensión. Los policías rechazaron los 50 pesos, los llevaron a un juzgado cívico y los dejaron horas esperando en una camioneta; posteriormente soltaron a los compañeros de Carlos y a él lo llevaron a una agencia del Ministerio Público.

La Ley General de Salud, reformada por Felipe Calderón en 2009 –en plena guerra contra el narcotráfico–, estipula que no se ejercitará acción penal contra los consumidores que poseen hasta 5 gramos, pero obliga a los policías a remitirlos al Ministerio Público para recomendarles programas de atención a adicciones. A la tercera detención, el tratamiento es obligatorio.

La reforma hizo también corresponsables a los estados y al Gobierno del Distrito Federal en la persecución del narcomenudeo porque si la cantidad de mariguana es inferior a 5 kilos, éstos son los encargados de conocer de los delitos y remitir a los involucrados ante ministerios públicos y jueces locales.

"Supe el martes por la noche que me habían plantado porque me lo dijo uno de los policías. Pero fue hasta el jueves por la noche que me sacaron bajo caución cuando me pidieron firmar una hoja para solicitar la rehabilitación", recuerda Carlos. Asegura que nunca le tomaron su declaración y sólo le hicieron tres preguntas: que si era el portador de la mariguana, dónde la compró y cuánto tiempo llevaba haciéndolo.

Un policía le aconsejó mentir sobre el lugar donde consiguió la mercancía porque si decía en Coyoacán los vendedores irían sobre su familia. Le propuso indicar Tepito. Le dijo también que pusiera dos años de consumo en lugar de los cinco meses que llevaba fumando para poder ser considerado como farmacodependiente.

Su mamá, presente en la entrevista, prosigue el relato. A ella y su esposo les llamaron para asustarlos. Cuando llegaron a la agencia, les enseñaron una bolsa ziploc con entre 20 y 30 gramos de cannabis, una cantidad mucho mayor a la que tenía Carlos al momento de su detención. Les dijeron también que tenían conocimiento de que Carlos tiene antecedentes por robo con violencia. Ella les contestó que no era cierto y que su hijo denunció junto con su hermano un asalto que sufrieron meses antes. Ante el miedo de que pasara la noche en los separos, aceptó la oferta del judicial de pagarle 4 mil pesos a cambio de que éste quitara cannabis de la bolsa para que no rebasara la dosis permitida.

Los policías sacaron parte de la mariguana de la bolsa y se la entregaron en un bonche de papel que ella tiró en una coladera al salir de la agencia. Sin embargo, al día siguiente se enteró de que Carlos sería consignado por posesión de 9.2 gramos de cannabis.

La madre pidió ayuda a un conocido de la delegación, quien la puso en contacto con uno de los funcionarios de la agencia. Su intento por arreglar las cosas salió contraproducente. Le exigieron pagar como fianza alrededor de 11 mil pesos, y uno de los encargados le pidió que le dejara ese mismo día 2 mil pesos para que no se lo llevaran de inmediato al reclusorio.

Carlos salió finalmente el jueves por la noche tras el pago de la fianza. Ya libre, le volvieron a llamar a su celular con una nueva oferta: "Matar el caso" de su hijo a cambio de 30 mil pesos, una cantidad que no tenía. Desesperada, la mamá pidió asesoría y presentó una queja ante la CDHDF.

Criminalización

Carlos forma parte del universo de aproximadamente 4.7 millones de consumidores de cannabis en México (cifra de la Encuesta Nacional de Adicciones [ENA] de 2011) que para consumirla tuvieron que recurrir al mercado negro donde dealers vinculados a redes de narcotráfico también les ofrecen drogas más adictivas como la cocaína y la heroína, y donde policías corruptos los acechan por ser presas vulnerables.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia, advierte que en México se sigue criminalizando y estigmatizando a los usuarios de mariguana.

"Si bien es cierto que el consumo no está penado, alrededor del fenómeno del consumo hay una serie de conductas que han implicado históricamente una serie de violaciones a los derechos humanos de los consumidores. Primero porque hay una línea delgada entre el consumo y la venta desde el punto de vista de las autoridades que tienden a considerar que los consumidores también son vendedores y segundo porque la posesión (de más de 5 gramos) está penada, entonces, resulta un contrasentido", subraya.

De acuerdo con la Encuesta de Usuarios de Drogas Ilegales de la Ciudad de México, realizada en 2012 por el Colectivo Unido por una Política Integral hacia las Drogas (Cupihd) –una asociación que promueve la regulación de las drogas con un enfoque de prevención de riesgos y daños–, dos de cada tres consumidores de drogas ilícitas han sido detenidos o extorsionados por policías u otras autoridades.

El presidente del Cupihd, Jorge Hernández Tinajero, sostiene que la cantidad de 5 gramos como límite de posesión no corresponde con la dinámica del mercado, pues un fumador frecuente tendría que salir a comprar cada semana, y si compra mayores cantidades, se expone a ser acusado de narcomenudista.

Entre enero de 2009 y mayo de 2012, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal remitió 26 mil 233 expedientes y puso a disposición del MP a 28 mil 463 personas por delitos contra la salud, de acuerdo con una investigación del Cupihd. El promedio de personas puestas a disposición por cada remisión fue de 1.1, lo que para el Colectivo significa que las detenciones se realizan más en flagrancia que como producto de una investigación de un delito que por definición implica al menos dos personas: el vendedor y comprador.

En el sistema penitenciario federal, la mayoría de los presos (un 60.2 por ciento) fue sentenciada por delitos contra la salud, de los cuales el 58.7 por ciento fue condenado por un delito relacionado con la mariguana, según el estudio "Primera Encuesta en Centros Penitenciarios Federales. 2012", coordinado por las investigadoras del CIDE Catalina Pérez Correa y Elena Azaola.
Del estudio se desprende que el 79.2 por ciento de los reos detenidos por delitos contra la salud fueron sentenciados por transportar o traer consigo drogas frente a 29.2 por ciento por traficar y por vender al menudeo o al mayoreo.

Regulación a debate

Ante la explosión de violencia en el sexenio pasado y el incremento paralelo del consumo de sustancias ilícitas entre jóvenes, la posibilidad de regular el uso, producción, comercialización y venta de mariguana para usos médicos y recreativos en el país se ha venido discutiendo en los últimos meses en diversos foros nacionales, el último de ellos los pasados días 2, 3 y 4 de septiembre a iniciativa del gobierno del Distrito Federal y de la Asamblea Legislativa. A finales de septiembre, se trasladará la discusión al Congreso federal bajo la conducción de la Comisión Organizadora del Foro de Política de Drogas, encabezada por el diputado del PRD Fernando Belaunzarán.

Dichos foros se desarrollan en el marco de una discusión global sobre la urgencia de encontrar alternativas a las políticas prohibicionistas y represivas que se han llevado a cabo desde que se firmó en 1961 la Convención Única sobre Estupefacientes, uno de los tres pilares del Sistema Internacional de Fiscalización de Drogas y Sustancias Controladas con los convenios de 1971 y 1988.

Este nuevo enfoque es promovido desde 2011 por la Comisión Global de Política de Drogas compuesta por cuatro ex presidentes latinoamericanos (Ernesto Zedillo, César Gaviria, Henrique Cardoso y Ricardo Lagos) y tres ex funcionarios estadounidenses de alto nivel.

La reciente regulación de la mariguana para usos recreativos en los estados de Colorado y Washington, la decisión del gobierno uruguayo de regular su producción, comercialización y venta para usos recreativos, así como un estudio dado a conocer por la Organización de Estados Americanos (OEA), en mayo de 2013, abrieron puertas a un cambio de paradigma en la región.

Sin embargo, en México, el gobierno federal no se ha involucrado en el debate, y han sido hasta el momento el ex presidente Vicente Fox, un grupo de intelectuales y académicos, entre los que destacan el ex canciller Jorge G. Castañeda y el escritor Héctor Aguilar Camín, y más recientemente el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, quienes han promovido desde sus diferentes trincheras la necesidad de una nueva política sobre drogas.

Un puñado de legisladores del PRD –Belaunzarán en la Cámara de Diputados, Mario Delgado en el Senado y los asambleístas Manuel Granados, Esthela Damián, Efraín Morales, Vidal Llerenas y Daniel Ordóñez– ha argumentado que una nueva regulación debe orientarse a proteger los derechos de los usuarios, incrementar las cantidades de posesión, reducir los niveles de violencia desatados por la guerra contra el narcotráfico, descongestionar las cárceles y ofrecer tratamientos terapéuticos a enfermos.

Este grupo ha puesto en el debate público la posibilidad de permitir el autocultivo, crear en la ciudad dispendios médicos, Coffee shops o clubes cannábicos controlados por las autoridades a cambio de implementar una verdadera política de prevención y reducción de riesgos y daños para alejar a los menores de edad y jóvenes del consumo de mariguana.

La asambleísta Esthela Damián asegura que la legislación actual es "imperfecta" porque se sigue criminalizando a los consumidores al no garantizarles los medios para el acceso a la yerba.

En tanto, Belaunzarán, promotor de una iniciativa para regular la producción, procesamiento, distribución, venta y consumo presentada en noviembre pasado, asegura que la medida permitiría sustraer de manos criminales un importante mercado, y minimizar y reparar los daños sociales que genera esta actividad ilegal a través de los impuestos recaudados mediante su regulación.

Sin hablar a nombre de sus partidos, legisladores como el panista Roberto Gil y el ex presidente priista de la Cámara de Diputados Francisco Arroyo se han pronunciado también por la regulación.

Sus posiciones han sido cuestionadas por representantes de organismos internacionales en México (ONU y OMS) y autoridades de salud tanto federales como locales. La Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), los Centros de Integración Juvenil (CIJ) y el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones del Distrito Federal (IAPA) advierten sobre los efectos nocivos de la mariguana en la salud (afectación de la memoria, riesgo de psicosis si se consume a edades tempranas y daños en el sistema respiratorio, entre otros).

La postura oficial
En entrevista, la directora general de los CIJ, Carmen Fernández Cáceres, alerta sobre el posible incremento del consumo entre jóvenes, pues para ella regular implica mayor disponibilidad de la droga.

"Se aumentaría el consumo, ya lo hemos visto. De 2009 para acá ha aumentado el consumo de los jóvenes escolarizados en el nivel medio y medio superior: pasó de 8 a 12 puntos porcentuales. Hay evidencias en todos los países de Latinoamérica donde se ha iniciado la discusión en foros: baja la percepción de riesgos entre jóvenes y, a medida en que baja, aumenta el consumo. Lo hemos visto también con alcohol y tabaco", sostiene.

En 2009, Fernández Cáceres se opuso a que se despenalizara la portación para el consumo. Recuerda que, según la ENA, más de la mitad de las personas que fuman mariguana se iniciaron antes de 18 años.

Su postura coincide con la del titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), Fernando Cano Valle, quien expresó su rechazo a una nueva política de control de mariguana con una argumentación catastrofista en un foro en Morelos el pasado 5 de agosto: "Si usted legaliza hoy, en 8 o 10 días ya tiene un grupo de personas con daño cerebral. ¡En 10 días, eh!, no en 10 años", declaró.

Mientras se desarrolla el debate, la vida de Carlos ha cambiado. Ya no fuma, se le nota nervioso y preocupado. Admite no salir de su casa sin estar acompañado. Teme que por hacer algo que "le gusta" termine en el reclusorio.

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