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El delito de fumar mariguana
Regulación responsable: la apuesta de Uruguay
Cultivar en casa


En septiembre de 2012 el Poder Ejecutivo en Uruguay, bajo el liderazgo del presidente José Mujica, presentó al Congreso una propuesta de ley para regular legalmente el cannabis. Figurando como una más de una serie de acciones para mejorar la seguridad y la convivencia entre las y los uruguayos, la propuesta de Mujica...
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Regulación responsable: la apuesta de Uruguay

Lisa Sánchez, Reforma

8 de septiembre de 2013 (13/09/13)
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En septiembre de 2012 el Poder Ejecutivo en Uruguay, bajo el liderazgo del presidente José Mujica, presentó al Congreso una propuesta de ley para regular legalmente el cannabis. Figurando como una más de una serie de acciones para mejorar la seguridad y la convivencia entre las y los uruguayos, la propuesta de Mujica fue la primera en que un gobierno nacional apoyaba formalmente el establecimiento de un mercado de cannabis legalmente regulado para fines no médicos ni científicos.

Los objetivos centrales de la ley fueron, desde el inicio, la separación del mercado de cannabis de otros mercados de drogas, la reducción de los riesgos y daños asociados a la prohibición de la sustancia ilegal más ampliamente consumida en el país y el abordaje efectivo de los retos de salud pública asociados al abuso de drogas, particularmente de pasta base de cocaína.

Es importante mencionar que, contrario a lo que podría pensarse, la vanguardista medida nunca pretendió erigirse como una acción aislada ni se planteó como una solución mágica gracias a la cual el gobierno borraría de un plumazo el abuso de drogas, el narcomenudeo o la inseguridad. Por el contrario, la regulación de la mariguana figuró desde siempre dentro de una estrategia mucho más amplia cuyo fin último es el abordaje pragmático e integral del fenómeno drogas, la atención de las causas y consecuencias del consumo problemático de sustancias, la restauración de la primacía de la salud pública por encima de la justicia penal y la reorientación de los esfuerzos de seguridad que, dicho sea de paso, nunca ha significado la capitulación en la lucha contra el narcotráfico.

A diferencia de otras iniciativas -como aquellas aprobadas en los estados de Washington y Colorado en Estados Unidos-, el proyecto uruguayo defiende un esquema regulatorio de fuerte presencia estatal capaz de establecer controles efectivos sobre la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución del cannabis y sus derivados.

De manera particular, la "Ley de Regulación y Control del Cannabis y sus Derivados", votada en la Cámara de Representantes el 31 de julio de 2013, establece:

El otorgamiento de permisos para la producción, el abastecimiento personal y la comercialización de cannabis psicoactivo para fines no médicos ni científicos -a través del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA).

La venta mensual de hasta 40 gramos de cannabis psicoactivo en puntos de venta autorizados (farmacias) a residentes uruguayos mayores de edad.

La posibilidad de constituir "clubes de membresía" de entre 15 y 45 miembros donde se podrá plantar colectivamente hasta un máximo de 99 plantas de cannabis psicoactivo.

El derecho de las y los consumidores a crecer hasta seis plantas al interior de sus hogares a fin de abastecer su consumo personal -cuya cosecha no podrá superar, en ningún caso, los 480 gramos anuales.

El acceso a cannabis medicinal previa autorización del Ministerio de Salud Pública.

La producción de cáñamo para fines industriales -principalmente en la industria textil y del papel.

El fortalecimiento de los servicios de educación y salud para prevenir, mitigar y/o tratar los daños a la salud producidos por el consumo problemático de cannabis y otras drogas -a través de la reinversión de las ganancias impositivas.

De la misma manera, el mecanismo regulatorio mantiene sanciones para quien incumpla los términos estipulados por la ley -que oscilan entre los 20 meses y los 10 años de cárcel- y contempla la permanencia de ciertas prohibiciones como:

El acceso al mercado legal de cannabis a los no residentes y los menores de edad.

La realización de toda forma de publicidad.

El consumo en espacios públicos protegidos.

La conducción de vehículos bajo el influjo de cannabis en cantidades superiores a las determinadas por las autoridades de salud.

Ahora bien, es cierto que para conocer a detalle otros particulares sobre esta ley -como las características del régimen tributario y presupuestal- será necesario esperar a la reglamentación secundaria. De la misma manera, la constatación de los beneficios potenciales de su implementación requerirá de la sanción del Senado -donde se espera que sea aprobada sin contratiempos antes de finalizar el mes de octubre- y del transcurso de un plazo de tiempo razonable en el que se alcance el pleno funcionamiento de todos los mecanismos regulatorios dispuestos por la ley -institucionales, reglamentarios y de evaluación.

No obstante, y a pesar de la incertidumbre que aún se percibe, lo que sin lugar a dudas sabemos a más de un año de su presentación, es que el caso uruguayo nos ha ofrecido ya importantes lecciones: el cambio de paradigma es una realidad y el prohibicionismo tiene fecha de caducidad.

Afortunadamente, con ejemplos como el uruguayo, América Latina comienza a transitar hacia la regulación legal de los mercados de drogas en lo que constituye un derecho legítimo para explorar alternativas menos costosas y más efectivas. La regulación responsable, lejos de ser un salto al vacío, nos brinda la oportunidad de construir un nuevo consenso internacional fundado en políticas científicas, integrales, humanas y efectivas. Lejos de los dogmas y las utopías. Ahora, ¿por qué en Uruguay? Porque como lo dijo el presidente Mujica "alguien tenía que ser el primero".

Para mayor información sobre los particulares de la ley visite: www.regulacionresponsable.org.uy

La autora es coordinadora del Programa Latinoamericano para la Reforma de la Política de Drogas de Transform Drug Policy Foundation y México Unido Contra la Delincuencia.

Tendencia internacional

Países en los que se han puesto en marcha políticas públicas que, sin violar las convenciones de la ONU, establecen cierta tolerancia al consumo de drogas.

Portugal

En 2001, fue el primer país en despenalizar el consumo de Cannabis. Permite la posesión de 25 gramos de mariguana. Los detenidos con una cantidad mayor no se llevan ante el juez sino ante Comisiones de Disuasión, las cuales analizan cada caso.

Holanda

En sus leyes, los Países Bajos no despenalizan el consumo, pero toleran su venta y consumo en los Coffee Shops regulados y registrados por los municipios. Se trata de un sistema de suministro y consumo legal de cannabis existente desde 1976, en el que se da prioridad cero a la persecución de la posesión de la droga.

España

A nivel central la venta está prohibida, pero el cultivo y consumo para uso recreativo se toleran en lugares privados. Se permite tener hasta dos plantas por persona. Usando un vacío legislativo, el País Vasco y Cataluña han autorizado la creación de clubes cannábicos sin fines de lucro, en los cuales consumidores registrados pueden adquirir y consumir mariguana.

Estados Unidos

En 20 estados está vigente el "cannabis médico", la cual permite el consumo de mariguana por razones terapéuticas. En 2012, los estados de Colorado y Washington legalizaron la posesión y consumo de mariguana con fines recreativos, en dosis de hasta 28 gramos. Se reguló producción, distribución, comercialización y posesión de cannabis. Colorado permite el autocultivo de hasta seis plantas para mayores de 21 años.

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