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Drogas y democracia: hacia un cambio de paradigma :: Drogas México

Guerra antidrogas
Reflexión y análisis sobre la estrategia de guerra armada contra las drogas

¿Un mundo sin drogas?
Drogas y democracia: hacia un cambio de paradigma
La Guerra Perdida Contra Las Drogas


Una guerra perdida
La violencia y el crimen organizado asociados al tráfico de drogas ilícitas
constituyen uno de los problemas más graves de América Latina.
Frente a una situación que se deteriora a cada día con altísimos costos
humanos y sociales, es imperativo rectificar la estrategia de “guerra a
las drogas” aplicada
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Drogas y democracia: hacia un cambio de paradigma

César Gaviria Trujillo, Ernesto Zedillo Ponce de León, Ana María Romero De Campero, Fernando Henrique Cardoso, Diego García Sayán

Jueves 12 de febrero de 2009 (16/02/10)
ver en plataformademocratica.org





Una guerra perdida
La violencia y el crimen organizado asociados al tráfico de drogas ilícitas
constituyen uno de los problemas más graves de América Latina.
Frente a una situación que se deteriora a cada día con altísimos costos
humanos y sociales, es imperativo rectificar la estrategia de “guerra a
las drogas” aplicada en los últimos treinta años en la región.
Las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción
y de interdicción al tráfico y a la distribución, así como la criminalización
del consumo, no han producido los resultados esperados.
Estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado de erradicación
de las drogas.
Una evaluación realista indica que:
A mérica Latina sigue siendo el mayor exportador mundial de cocaína
y marihuana, se ha convertido en creciente productor de opio
y heroína, y se inicia en la producción de drogas sintéticas;
Los niveles de consumo continúan expandiéndose en América Latina
mientras tienden a estabilizarse en América del Norte y Europa.
En América Latina la revisión a fondo de las políticas actuales es aún
más urgente a la luz de su elevadísimo costo humano y amenazas a
las instituciones democráticas.
Asistimos en las últimas décadas a:
Un aumento del crimen organizado tanto por el tráfico internacional
como por el control de los mercados domésticos y de territorios por
parte de los grupos criminales;
Un crecimiento a niveles inaceptables de la violencia que afecta al
conjunto de la sociedad y, en particular, a los pobres y jóvenes;
La criminalización de la política y la politización del crimen, así como
la proliferación de vínculos entre ambos que se refleja en la infiltración
del crimen organizado en las instituciones democráticas;
La corrupción de los funcionarios públicos, del sistema judicial, de
los gobiernos, del sistema político y, en particular, de las fuerzas
policiales encargadas de mantener la ley y el orden.
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6 Declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia
Romper el silencio,
abrir el debate
El modelo actual de política de represión de las drogas está firmemente
arraigado en prejuicios, temores y visiones ideológicas. El
tema se ha transformado en un tabú que inhibe el debate público
por su identificación con el crimen, bloquea la información y confina
a los consumidores de drogas a círculos cerrados donde se vuelven
aún más vulnerables a la acción del crimen organizado.
Por ello, romper el tabú, reconocer los fracasos de las políticas vigentes
y sus consecuencias es una condición previa a la discusión de un
nuevo paradigma de políticas más seguras, eficientes y humanas.
Eso no significa condenar en bloque políticas que han costado
enormes recursos económicos y el sacrificio de incontables vidas
humanas en la lucha contra el tráfico de drogas. Tampoco implica
desconocer la necesidad de combatir a los carteles y traficantes.
Significa, eso sí, que debemos reconocer la insuficiencia de los resultados
y, sin descalificar en bloque los esfuerzos hechos, abrir el
debate sobre estrategias alternativas con el concurso de sectores
de la sociedad que se han mantenido al margen del problema por
considerar que su solución incumbe a las autoridades.
La cuestión que se plantea es reducir drásticamente el daño que las
drogas hacen a las personas, a las sociedades y a las instituciones.
Para ello, es esencial diferenciar las sustancias ilegales de acuerdo
con el daño que provocan a la salud y a la sociedad.
Políticas seguras, eficientes y fundadas en los derechos humanos
implican reconocer la diversidad de situaciones nacionales, así como
priorizar la prevención y el tratamiento. Esas políticas no deben negar
la importancia de las acciones represivas - incluso con la participación
de las fuerzas armadas en situaciones límite de acuerdo a la
decisión de cada país – para hacer frente a los desafíos planteados
por el crimen organizado.
2 //
DROGAS Y DEMOCRACIA: HACIA UN CAMBIO DE PARADIGMA 7
Límites y efectos indeseables
de las estrategias represivas
Es imperativo examinar críticamente las deficiencias de la estrategia prohibicionista
seguida por Estados Unidos y las ventajas y los límites de
la estrategia de reducción de daños seguida por la Unión Europea, así
como la escasa jerarquía que le dan al problema de las drogas algunos
países, tanto industrializados como en desarrollo.
Colombia es un claro ejemplo de las limitaciones de la política represiva
promovida globalmente por Estados Unidos. Durante décadas, este país
ha adoptado todas las medidas de combate imaginables, en un esfuerzo
descomunal, cuyos beneficios no se corresponden con los enormes gastos
y costos humanos. A pesar de los significativos éxitos de Colombia
en su lucha contra los carteles de la droga y la disminución de los índices
de violencia y de delitos, han vuelto a aumentar las áreas de siembra de
cultivos ilícitos y el flujo de drogas desde Colombia y el área Andina.
México se ha convertido de manera acelerada en otro epicentro de la
actividad violenta de los grupos criminales del narcotráfico. Esto plantea
desafíos al gobierno mexicano en su lucha contra los carteles de drogas
que han reemplazado a los traficantes colombianos como los que introducen
la mayor cantidad de narcóticos al mercado de Estados Unidos.
México tiene el derecho de reivindicar del Gobierno y de las instituciones
de la sociedad estadounidense un debate sobre las políticas que allí se
aplican y también pedir a la Unión Europea un esfuerzo mayor para la
reducción del consumo. La traumática experiencia colombiana sin duda
es una referencia para que se evite el error de seguir las políticas prohibicionistas
de Estados Unidos y se encuentren alternativas innovadoras.
La política europea de focalizar en la reducción de daños causados por
las drogas, como un asunto de salud pública, mediante el tratamiento
de los usuarios, se muestra más humana y eficiente. Sin embargo, al
no dar prioridad a la reducción del consumo, bajo el argumento de que
las estrategias de reducción de daños minimizan la dimensión social del
problema, la política de los países de la Unión Europea mantiene intacta
la demanda de drogas ilícitas que estimula su producción y exportación
de otras partes del mundo.
La solución de largo plazo para el problema de las drogas ilícitas pasa por
la reducción de la demanda en los principales países consumidores. No
se trata de buscar países culpables por tal o cual acción u omisión pero sí
de afirmar que Estados Unidos y la Unión Europea son co-responsables
de los problemas que enfrentamos en la región, pues sus mercados son
los mayores consumidores de las drogas producidas en América Latina.
Es deseable, por ello, que apliquen políticas que efectivamente disminuyan
el nivel de consumo y que reduzcan significativamente el tamaño
de este negocio criminal.
3 //
8 Declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia
La visión de América Latina:
hacia un nuevo paradigma
Considerando la experiencia de América Latina en la lucha contra el
tráfico de drogas y la gravedad del problema en la región, la Comisión
Latinoamericana sobre Drogas y Democracia se dirige a la opinión
pública y a los gobiernos de América Latina, a las Naciones Unidas y a
la comunidad internacional proponiendo un nuevo paradigma sustentado
en tres grandes directrices:
Tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública.
Reducir el consumo mediante acciones de información y prevención.
Focalizar la represión sobre el crimen organizado.
Nuestro enfoque no es de tolerancia con las drogas. Reconocemos
que estas provocan daños a las personas y a la sociedad. Tratar el
consumo de droga como un tema de salud pública y promover la reducción
de su uso son precondiciones para focalizar la acción represiva
en sus puntos críticos: la disminución de la producción y el desmantelamiento
de las redes de traficantes.
Para concretar este cambio de paradigma, proponemos que América
Latina tome las siguientes iniciativas en el marco de un proceso global de
transformación de las políticas de combate al uso de drogas ilícitas:
1. Transformar los adictos de compradores de drogas en
el mercado ilegal en pacientes del sistema de salud.
La enorme capacidad de violencia y corrupción del narcotráfico sólo
podrá ser combatida efectivamente si se debilitan sustancialmente
sus fuentes de ingresos. Con este propósito, el Estado debe crear
las leyes, instituciones y regulaciones que permitan que las personas
que han caído en la adicción de drogas dejen de ser compradores en
el mercado ilegal para convertirse en pacientes del sistema de salud.
Esto, en conjunto con campañas educativas y de información, llevaría
a una reducción de la demanda de drogas ilegales y al desplome de los
precios de las mismas, minándose de esta manera las bases económicas
de este negocio criminal.
2. Evaluar con un enfoque de salud pública y haciendo uso de
la más avanzada ciencia médica la conveniencia de descriminalizar
la tenencia de marihuana para consumo personal.
La marihuana es, por lejos, la droga más difundida en América Latina.
Su consumo tiene un impacto negativo sobre la salud, inclusive la salud
mental. Sin embargo, la evidencia empírica disponible indica que
los daños causados por esta droga son similares a los causados por el
alcohol o el tabaco. Más importante aún, gran parte de los daños aso-
4 //
DROGAS Y DEMOCRACIA: HACIA UN CAMBIO DE PARADIGMA 9
ciados a la marihuana – de la prisión y encarcelamiento indiferenciado
de consumidores a la violencia y la corrupción que afectan toda la sociedad
– son el resultado de las políticas prohibicionistas vigentes.
La simple descriminalización del consumo, si no va acompañada de
políticas de información y prevención, puede tener como consecuencia
la profundización de los problemas de adicción.
Estados Unidos es probablemente el país industrializado que dedica
más recursos a la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas. El problema
está en la eficacia y las consecuencias de sus acciones. Su política
de encarcelar a los usuarios de drogas, cuestionable desde el ángulo
del respeto a los derechos humanos y de su eficacia, es inaplicable
en América Latina, considerando la superpoblación carcelaria y las
condiciones del sistema penitenciario. Inclusive esta política represiva
propicia la extorsión de los consumidores y la corrupción de la policía.
En ese país también es descomunal la magnitud de los recursos que
se usan para la interdicción del tráfico y para solventar el sistema
carcelario en comparación a lo que se destina para la salud y la prevención,
tratamiento o rehabilitación de los consumidores.
3. Reducir el consumo a través de campañas innovadoras
de información y prevención que puedan ser comprendidas
y aceptadas, en particular por la juventud, que es el mayor
contingente de usuarios.
Las drogas afectan el poder de decisión de los individuos. El testimonio
de ex-adictos sobre estos riesgos puede tener mayor poder de
convencimiento que la amenaza de represión o la exhortación virtuosa
a no consumir. Los cambios en la sociedad y la cultura que llevaron a
reducciones impresionantes en el consumo de tabaco demuestran la
eficiencia de campañas de información y prevención basadas en lenguaje
claro y argumentos consistentes con la experiencia de las personas
a que se destinan.
Cabe a las campañas de comunicación alertar de modo constante a
la población en general y a los consumidores en particular sobre la
responsabilidad de cada uno frente al problema, los peligros que genera
el “dinero fácil” y los costos de violencia y corrupción asociados al tráfico
de drogas.
La mayor parte de las campañas de prevención que hoy se desarrollan
en el mundo son bastante ineficaces. Hay mucho que aprender con las
experiencias de países europeos como, por ejemplo, el Reino Unido,
Holanda y Suiza y es preciso explorar experiencias de otras regiones.
10 Declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia
4. Focalizar las estrategias represivas hacia la lucha
implacable contra el crimen organizado.
Las políticas públicas deberán priorizar la lucha contra los efectos
más nocivos para la sociedad del crimen organizado, como la violencia,
la corrupción de las instituciones, el lavado de dinero, el tráfico
de armas, el control de territorios y poblaciones. En esta materia es
importante el desarrollo de estrategias regionales y globales.
5. Reorientar las estrategias de represión al cultivo de
drogas ilícitas.
Los esfuerzos de erradicación deben ser combinados con la adopción
de programas de desarrollo alternativo, seriamente financiados y que
contemplen las realidades locales en términos de productos viables
y con acceso a los mercados en condiciones competitivas. Se debe
hablar no sólo de cultivos alternativos sino de desarrollo social de
fuentes de trabajo alternativo, de educación democrática y de búsqueda
de soluciones en un contexto participativo. Simultáneamente se
deben considerar los usos lícitos de plantas como la coca, en los
países donde existe larga tradición sobre su uso ancestral previo al
fenómeno de su utilización como insumo para la fabricación de droga,
promoviendo medidas para que la producción se ajuste estrictamente
a ese tipo de consumo.
DROGAS Y DEMOCRACIA: HACIA UN CAMBIO DE PARADIGMA 11
La participación de la
sociedad civil y de la
opinión pública
Un nuevo paradigma para enfrentar el problema de las drogas deberá
estar menos centrado en acciones penales y ser más incluyente
en el plano de la sociedad y la cultura. Las nuevas políticas deben
basarse en estudios científicos y no en principios ideológicos. En ese
esfuerzo se debe involucrar no sólo a los gobiernos sino al conjunto
de la sociedad.
La percepción de la sociedad sobre el problema así como la legislación
sobre drogas ilícitas se encuentran en proceso acelerado de
transformación en América Latina. Un número creciente de líderes
políticos, cívicos y culturales han expresado la necesidad de un cambio
drástico de orientación.
La profundización del debate en relación a las políticas sobre consumo
de drogas debe apoyarse en evaluaciones rigurosas del impacto
de las diversas propuestas y medidas alternativas a la estrategia prohibicionista,
que ya están siendo probadas en diferentes países, buscando
la reducción de los daños individuales y sociales.
Esta construcción de alternativas es un proceso que requiere la participación
de múltiples actores sociales: instituciones de justicia y seguridad,
educadores, profesionales de la salud, líderes espirituales,
las familias, formadores de opinión y comunicadores. Cada país debe
enfrentar el desafío de abrir un amplio debate público sobre la gravedad
del problema y la búsqueda de las políticas más adecuadas a su
historia y su cultura.
En el ámbito continental, América Latina debe establecer un diálogo
con el gobierno, congresistas y la sociedad civil de Estados Unidos
para desarrollar en forma conjunta alternativas a la política de “guerra
a las drogas”. La inauguración de la Administración de Barack Obama
representa una oportunidad propicia para la revisión en profundidad
de una estrategia que ha fracasado y la búsqueda en común de políticas
más eficientes y más humanas.
Simultáneamente, a nivel global, debemos avanzar en la articulación
de una voz y visión de América Latina capaz de influir en el debate
internacional sobre drogas ilícitas, sobre todo en el marco de las Naciones
Unidas y de la Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas. Esta participación activa de América Latina en
el debate global marcaría la transición de región-problema a la de
región-pionera en la implementación de soluciones innovadoras para
la cuestión de las drogas.
5 //
Drogas y Democracia: hacia un nuevo paradigma presenta
al debate público las principales conclusiones de la Comisión
Latinoamericana sobre Drogas y Democracia.
Creada por los ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso
de Brasil, César Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de
México e integrada por 17 personalidades independientes,
la Comisión evaluó el impacto de las políticas de “guerra a
las drogas” y formuló recomendaciones para estrategias más
eficientes, seguras y humanas.
Las propuestas presentadas en esta Declaración configuran
un cambio profundo de paradigma en la comprensión y
enfrentamiento del problema de las drogas en América Latina.

Vientos de cambio


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