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Rafael Cabrera

DF, por descriminalizar a consumidores de mariguana
Las autoridades pierden el rastro de 7 de cada 10 adictos enviados a t
Olvidan diputados “cortes de drogas”


Cuando un adicto a alguna sustancia ilícita es detenido en posesión de dosis para consumo personal, no se le procesa, pero sí se...La fiesta del Vive Latino 2013 acabó en el Ministerio Público para Ignacio. Cuando iba a su auto, unos policías...
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Las autoridades pierden el rastro de 7 de cada 10 adictos enviados a tratamiento

Rafael Cabrera, Animal Político

Martes 28 de enero de 2014 (30/01/14)
Animal Político ver en animalpolitico.com

Cuando un adicto a alguna sustancia ilícita es detenido en posesión de dosis para consumo personal, no se le procesa, pero sí se le manda a tratamiento. Sin embargo, ese sistema tiene vacíos y opera de forma discrecional.




La fiesta del Vive Latino 2013 acabó en el Ministerio Público para Ignacio. Cuando iba a su auto, unos policías lo detuvieron porque iba tomado, pero hubo más: le hallaron un cigarro de mariguana. Le pidieron dinero para soltarlo y como se negó, estuvo en los separos toda la noche. Al final salió porque la droga era para su consumo: “Me extorsionaron y trataron como dealer”, cuenta. El aparato de justicia que se activó de nada sirvió: lo enviaron a tratamiento de adicciones pero nunca fue ni lo buscaron. Y cómo él, hay cientos de personas en el país cuyos casos no tuvieron seguimiento.

La actual Ley General de Salud establece en su artículo 479 una tabla de dosis máximas de portación de drogas para consumo personal -cinco gramos de mariguana o 500 miligramos de cocaína, por ejemplo-. En caso de que los farmacodependientes sean detenidos en posesión de estas cantidades, no se les procesa pero sí se les manda a tratamiento. Pero ese sistema tiene vacíos y opera de forma discrecional.

Carmen Fernández, directora de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), una de las instituciones encargadas de atender a los consumidores que son remitidos por las autoridades, admite que el actual modelo es inoperante.

“No hay nada que obligue a estos consumidores a cumplir con el tratamiento y recae en nosotros ir a buscarlos, por mail, teléfono o hasta telegrama. Pero dan direcciones que no existen. Tampoco hay un registro de quienes han sido detenidos y si hay reincidencias. Otros vienen una vez pero no acaban el tratamiento de tres meses y no hay forma de obligarlos. Tampoco hay un presupuesto asignado para este tipo de pacientes”, explica.

Las cifras sobre estos casos varían si son del Gobierno federal o los Estados, los cuáles ya tienen facultades para combatir el narcomenudeo o atender los casos de farmacodependientes detenidos en poder de drogas.

Fernández dice que en 2011 y 2012, los CIJ recibieron unos mil casos anuales. Para 2013, la cantidad subió a unos mil 600, pero de estos sólo 50% -800 casos- se presentaron a las unidades de atención. Al final, sólo 60% de estos acabaron el tratamiento médico, es decir, unos 480. La mayoría dio direcciones falsas o nunca los localizaron ni atendieron los llamados. Al final, eso significa que sólo tres de cada 10 detenidos acaban el tratamiento médico y que de los siete restantes, nada se sabe.

En el DF, donde se alista una Ley para regular el consumo de mariguana, hubo 271 consumidores detenidos el año pasado que fueron enviados a consulta médica a la Secretaría de Salud capitalina, de acuerdo con información oficial de la Procuraduría local. Pero se estima que sólo 50% acabó el tratamiento.

Para Catalina Pérez-Correa, académica del CIDE especialista en el tema, la legislación vigente criminaliza: “El sistema judicial se sigue activando porque se abre una averiguación previa por cada caso, aunque no se ejerce acción penal y se les envía a un tratamiento que es intrusivo, pues debe ser decisión de cada persona. Además, sigue exponiendo a la gente a extorsión de la policía o que se les califique de narcomenudistas”.

En el caso de la mariguana, explica, hay estudios que muestran que los consumidores adquieren “dosis de aprovisionamiento”, es decir, que son cantidades que rebasan los cinco gramos pero que se irán consumiendo en determinado tiempo.

“El sistema judicial se sigue activando porque se abre una averiguación previa por cada caso. Además, se sigue exponiendo a la gente a extorsión de la policía o que se les califique de narcomenudistas”. Catalina Pérez-Correa, especialista del CIDE.

“Cuando se les detiene, el MP puede considerar que son narcomenudistas porque rebasan la cantidad establecida. Pero cinco gramos apenas son dos cigarrillos. El sistema debería ser modificado para establecer dosis mínimas, en vez de máximas, y que se analice cada caso para saber si es para consumo o distribución”, agrega la investigadora.

De aquella noche de 2013, Ignacio -ahora de 28 años- le queda un mal recuerdo, aunque se ríe.

“Me subieron a la patrulla y me trajeron dando vueltas. Insistían en que si era mío o para vender, y que les diera dinero o el MP me iba a consignar. Aunque estaba tomado, les insistí en que era mío. Estuve como ocho horas en los separos, llegó mi familia a ayudarme y al final me dejaron ir, con la condición de que fuera a tratamiento. La verdad, ni me interesó ni me buscaron y ahí quedó. ¿Tanto por un churro?”.

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