Loading
Buscar en Drogas México

   

Política de drogas: Lecciones para México :: Drogas México
género

Artículo

Rehabilitación obligatoria en América Latina: Un poco ético, práctica inh
Política de drogas: Lecciones para México
La historia de la marihuana en México


En materia de drogas, los tiempos están cambiando. Al inconexo archipiélago de naciones que rompen con el consenso punitivo se unen los países australes de Nueva Zelanda, Uruguay y, paradójicamente, fragmentos soberanos del gigante prohibicionista: los estados norteamericanos de Washington y Colorado. La tolerancia de los coffee shops neerlandeses y la despenalización portuguesa,...
FEB
1
2 0 1 4
0 comentarios


Política de drogas: Lecciones para México

Arturo Rocha, Nexos

Sábado 1 de febrero de 2014 (05/02/14)
Nexos ver en nexos.com.mx






En materia de drogas, los tiempos están cambiando. Al inconexo archipiélago de naciones que rompen con el consenso punitivo se unen los países australes de Nueva Zelanda, Uruguay y, paradójicamente, fragmentos soberanos del gigante prohibicionista: los estados norteamericanos de Washington y Colorado. La tolerancia de los coffee shops neerlandeses y la despenalización portuguesa, junto con los menos conocidos experimentos de la República Checa, Australia Occidental y Suiza, por ejemplo, representan alternativas, distintos caminos recorridos, que podrían ofrecer lecciones vitales para sitios en donde el prohibicionismo ha probado ser, por decir lo menos, extenuante y contraproducente. ¿Qué conclusiones del exterior serían útiles para el contexto mexicano actual?

Holanda: La vieja ola iconoclasta

La densa y compleja ruta holandesa comenzó hace cuatro siglos. Del monopolio del opio en el continente asiático pasó a la producción industrial de cocaína en Europa.1 En el siglo pasado, la vasta y vetusta interacción neerlandesa con los narcóticos los llevó a buscar un primer objetivo: diferenciar entre sustancias, matizar y discernir entre muy distintos psicotrópicos que son burdamente aglutinados bajo el nombre de drogas. La década de los sesenta y el alza en el consumo de estupefacientes se manifestó en Holanda. En respuesta, como en otras latitudes, el enfoque prohibicionista cobró fuerza: los arrestos por delitos de drogas pasaron de 74 en 1966 a 544 en 1969.2 La puesta en marcha del enfoque punitivo, en apenas tres años, demostró que la implementación y los costos económicos de tal política no se tradujeron en una disminución del mercado de drogas. Entendieron el punto y lo hicieron con velocidad.

A finales de la década, la oficina de procuración publicó un manual en el que de facto se dejaba atrás la persecución de consumidores de marihuana. Para 1976, la reforma fue formalmente legislada: la posesión de menos de 30 gramos de marihuana podría ser ignorada o sancionada con una pequeña multa, a juicio de las autoridades locales. La regulación de la industria del cannabis en Holanda prohíbe la publicidad, la venta a menores y las molestias a terceros. El comercio de drogas duras está vedado y el de marihuana está acotado por una nueva dosis máxima de cinco gramos para el consumidor y 500 para el establecimiento.3 El programa holandés tolera la venta a menor escala pero continúa persiguiendo a los grandes proveedores que abastecen la industria. Existe una clara asimetría, una desconexión económica fundamental, en tanto que la demanda agregada del producto es permitida pero no así la oferta, lo que permite la participación de organizaciones criminales y la producción irregular de marihuana.

Los resultados del primer gran experimento de regulación de drogas son contundentes. La diferenciación de mercados psicotrópicos fue exitosa: el consumo de heroína —preocupación original del gobierno— disminuyó notablemente. En Ámsterdam, el número de consumidores pasó de ocho mil en 1985 a poco menos de cuatro mil, en 2007.4 En cambio en Suecia es mucho más complicado abastecerse de drogas duras en el mismo sitio donde se adquiere marihuana. Poco más de la mitad de los usuarios escandinavos declaró poder conseguir distintos narcóticos en el dispensario ilegal que les suministra cannabis. El 14% de los holandeses está en este caso.5

La experiencia neerlandesa refuta empíricamente uno de los argumentos clásicos de los defensores del prohibicionismo: la relajación de las leyes de drogas conlleva un alza inexorable del consumo. El uso del cannabis es ligeramente superior a la media europea y está muy por debajo de las tendencias norteamericanas, salvo por el caso mexicano (ver gráfica 1). La opinión pública, históricamente contraria a la atenuación del prohibicionismo clásico, respalda y empuja el giro legislativo: tres cuartas partes de los sitios con coffee shops está a favor de que el gobierno autorice y regule la oferta agregada de cannabis.6

El experimento holandés, en general exitoso, no está libre de vicios. Irónicamente, el más profundo emana de su pragmatismo. El problema de la “puerta de atrás”, la tolerancia de la compraventa minoritaria pero la inconsistente persecución de los grandes distribuidores, ha dejado al modelo trunco, paralizado y a medias por varias décadas. La regulación de los narcóticos, aun en la Holanda que va a contracorriente, se lía más con policías y prisiones que con prevención e información. En 2003, poco más de dos mil millones de euros —0.5% del PIB holandés— abastecieron las arcas de la política nacional de drogas. Una cuarta parte se empleó en estrategias de reducción de daños y tratamiento; las tres restantes se destinaron a arrestos y encarcelamiento.7

Portugal: La válvula liberal

El modelo de política de drogas más liberal que existe hasta la fecha se encuentra en un rincón de la península ibérica. Portugal está a la cabeza de la tendencia europea en contra de la persecución de usuarios de narcóticos. En el verano de 2001 el consumo de estupefacientes dejó de estar tipificado en los códigos penales. No se trata de una “legalización” de todos los enervantes, pues la posesión y su consumo permanecen prohibidos. La diferencia es que las sanciones no conducen a la privación de la libertad —salvo en casos de narcotráfico— sino a sanciones administrativas, que raramente son puestas en marcha.8 No sólo la marihuana sino drogas mucho más potentes como la cocaína, la heroína y virtualmente cualquier narcótico forman parte de la profunda reforma.

La estrategia portuguesa surgió tras un alza en los arrestos por delitos de drogas y por el recrudecimiento de los efectos nocivos que el abuso de opiáceos y cocaína trajo consigo, durante la última década del siglo XX.9 En 1999, Portugal tenía el más alto número de usuarios de drogas intravenosas con VIH en la Unión Europea.10 En este sentido, el giro de política pública fue una respuesta al mismo fenómeno que catalizó la reacción en Holanda. Sin embargo, mientras el plan neerlandés apostó por diferenciar mercados, por regular el consumo de cannabis para romper el vínculo con drogas más virulentas, la apuesta ibérica busca simultáneamente disociar el consumo de estupefacientes con las cárceles y las cortes, para asociarlo con programas de tratamiento y prevención, las llamadas Comisses para a Dissuaso da Toxicodependncia (CDT).11

Como en Holanda, el freno al consenso punitivo tampoco ocasionó una pronunciada subida de la demanda agregada. A raíz de la despenalización surgieron cinco efectos principales: aumento en el consumo de cannabis; decremento en el consumo de heroína y otras drogas duras; incremento del número de personas en tratamiento médico; disminución de muertes por sobredosis, además de una drástica reducción en participación para el sistema de justicia. El número de individuos en programas de sustitución de heroína pasó de seis mil 40 en 1999 a 14 mil 877 en 2003.12 La cifra de muertos por abuso de narcóticos disminuyó de 400 en 1999 a 290 en el 2006.13 La policía pasó de arrestar ocho mil personas por consumo de drogas a cero, después de la reforma criminológica, lo que descongestionó las prisiones portuguesas (ver gráfica 2). El experimento ibérico trajo consigo una envidiable serie de efectos positivos: más tratamiento, menos consumo, menos castigo y menos muertes.

Llamar liberal a una estrategia como la ibérica, que busca controlar las sustancias que el individuo decide consumir parece equivocado, pues la decisión sobre recibir tratamiento debe idealmente ser voluntaria. Sin embargo, la ruptura entre el uso de cualquier estupefaciente y la privación de la libertad es un avance gigantesco, sobre todo a la luz del exceso punitivo de varios sistemas carcelarios, como el estadunidense o el mexicano. Uno de los más importantes éxitos de Lisboa radica en abordar el problema de las drogas congruentemente, al regular todos los tipos de sustancias y no sólo las versiones más inocuas, como la marihuana.

Al igual que en Ámsterdam, empero, el problema más grave del modelo es su inconsistencia. Si los usuarios de psicotrópicos no merecen ir a prisión, ¿por qué los vendedores sí? Si se busca controlar el mercado de drogas, para evitar sus nocivos efectos, ¿por qué no regular la producción y gravar el mercado en vez de dejar los ingresos de la industria a organizaciones criminales? La estrategia ibérica es el intento mejor logrado de respeto a la autonomía individual y, no obstante, está aún muy lejos de ser completamente ejemplar.

Estados Unidos y Uruguay: Lecciones cannábicas

El pasado 24 de diciembre culminó el proceso legislativo del proyecto de reforma de drogas más ambicioso en América Latina. José Mujica —otrora guerrillero marxista y ahora presidente de la República Oriental— firmó la iniciativa de ley, aprobada por el Congreso uruguayo, que autoriza la regulación de la industria del cannabis por parte del Estado.

La plantación, los modos de suministro, la producción, el almacenamiento y la distribución de la marihuana serán gestionados por medio del Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA) a partir de tres vías: clubes cannábicos con un máximo de 99 plantas y 45 miembros; farmacias tanto para fines clínicos —que implican receta médica— como para fines recreativos —que exigen el registro de usuarios, y la venta está limitada a 40 gramos mensuales para adultos uruguayos—; además del autocultivo que, con límites de seis plantas por hogar y otro registro obligatorio, ya es perfectamente legal hoy en día. La gran parte de los detalles de implementación, como el precio, la tasa impositiva o los niveles de THC —la potencia de la marihuana— estará lista para la primavera de 2014.

Incidentalmente, el plan uruguayo coincide en el tiempo con dos experimentos similares aunque parcialmente opuestos. Gracias a la mezcla institucional entre mecanismos legislativos de democracia directa y un federalismo constitucionalmente protegido, más el consentimiento de la administración federal, los ciudadanos de Washington y Colorado lograron poner un alto al demoledor prohibicionismo estadunidense.

La iniciativa 502 de Olympia y la enmienda 64 de Denver, ambas aprobadas por 55% de los votantes, regulan y legalizan la industria de la marihuana. Cierto es que desde la reforma californiana de 1996 algunos estados de la unión han comenzado a expedir cannabis a partir de criterios médicos. Sin embargo, sólo en estos dos estados, la venta de marihuana para virtualmente cualquier propósito, from seed to sale (de semilla a venta), es legal.

Las reformas continentales de política de drogas son grandes avances históricos. Después de décadas de prohibicionismo, la mayoría de los votantes de Washington y Colorado, como el gobierno de Mujica, señalan correctamente a la cruzada en contra de las drogas como lo que es: un error monumental. No obstante, lo hacen desde puntos de vista contrarios. El norte alega desde la demanda agregada y propone un mercado libre, con relativamente laxas regulaciones. En competencia, la marihuana se transforma en bebidas, dulces, panqués y aceites; la industria cataliza cursos de botánica, laboratorios especializados y empresas tecnológicas. Los norteamericanos defienden sus derechos como consumidores y productores, y proponen una industria réplica a la del alcohol. Algunos, los menos, atacan el gasto excesivo en seguridad y reclaman en nombre del medio millón de individuos que está en prisión por delitos de drogas.

En contraste, el sur aduce desde la oferta agregada y plantea un modelo de regulación estatista. Los uruguayos justifican el cambio con los argumentos criminológicos clásicos en contra del narcotráfico, cada vez más predominantes en Latinoamérica: una suerte de nacionalización de la industria del cannabis que terminará por desarmar a las mafias y desincentivar la violencia.

México y el síndrome de Estocolmo

El escenario en México es desolador pero primordialmente inverosímil. Hoy por hoy es probablemente el país más golpeado por el narcotráfico. La estrategia prohibicionista ocupó el lugar más importante de la agenda del gobierno anterior y los resultados fueron catastróficos. En las elecciones pasadas el problema fue ignorado y ninguna alternativa seria se discutió cabalmente. La nueva administración gestiona el problema casi con la misma receta, sin mirar las experiencias del resto del mundo. Salvo que ahora la granítica estrategia está centralizada y es alarmantemente silenciosa.

Holanda y Portugal demostraron que el consumo de cannabis no siempre aumenta bajo un régimen más liberal. Ámsterdam ha sido muestra constante de debate y diálogo, de pragmatismo y voluntad de cambio. Lisboa, por su parte, expone la pauta a seguir en el sistema de procuración de justicia. El estado actual de las precarias cárceles federales, ocupadas en 60% por presos de drogas —y en caso de las mujeres, en 88%— debe evolucionar hacia el modelo portugués con la imprescindible modificación de incluir todos los tipos de delitos contra la salud.14 Ni el consumidor ni el vendedor ni el transportista de drogas deben ser castigados como asesinos o secuestradores.

Sin embargo, las experiencias más enriquecedoras para el caso mexicano son las americanas. La argumentación detrás del modelo uruguayo, a diferencia del resto de las reformas, tiene sentido en México. Julio Calzada, uno de los principales artífices del experimento austral, declaró que 82 personas fueron asesinadas en 2012 como producto de la violencia del narcotráfico y que tal barbarie justifica un giro de esta envergadura.15 Tengamos el panorama claro. Uruguay es un minúsculo país de menos de cuatro millones de habitantes con una economía similar, en dimensión, a la de Nuevo León. En 2011 tuvo 199 asesinatos en total, 27 mil menos que en México.16 No hay morgues, fosas ni cementerios desbordantes o cadáveres como péndulos colgados de puentes peatonales. No hay decenas de miles de muertos y desaparecidos ni una subcultura de culto al narcotraficante. No hay regiones desoladas por batallas entre elefantiásicos cárteles trasnacionales ni han brotado grupos armados de autodefensa. No conocen la densidad criminal de México ni tampoco colinda, por un lado, con la subregión más violenta del mundo, y por el otro, con la fuente inagotable de armas y la desmesurada demanda agregada de estupefacientes que Estados Unidos representa (ver gráfica 3).

No obstante, de todos los países de la región, uno de los menos violentos emprende una reforma ejemplar. ¿Debemos entonces regular la industria del cannabis, emprender la vía uruguaya? Existen muy buenas razones para hacerlo pero disminuir la violencia no es una de ellas. La sediciosa ruta de Montevideo, como todas las demás, obedece a un contexto particular y sus resultados no pueden extrapolarse a otras latitudes con plena certeza. En el caso mexicano, hacerse de las utilidades que el narcotráfico obtiene por la industria del cannabis no representa un golpe financiero de importancia. El problema es mucho más esquivo y complejo en tanto que las rentas primordiales están distribuidas en otras sustancias y en otros mercados. Resulta que para restar las ganancias de los cárteles mexicanos sería necesario legalizar las drogas en Estados Unidos. Y, no gracias a ningún esfuerzo mexicano, esto ha comenzado a suceder.

La naciente industria del cannabis lícito en Estados Unidos está en plena expansión. Arizona, Oregon, Alaska y California presentarán iniciativas en 2016, equivalentes a las de Washington y Colorado.17 Además, la aprobación nacional de la marihuana nunca había sido tan positiva como ahora: 58% de la población considera que la industria debería ser legal.18 La superior calidad de la marihuana estadunidense, aunado al menor costo de transportación —por la cercanía geográfica— perjudicará la competitividad del cannabis mexicano a grado tal que los cárteles perderán un cuarto de sus ingresos por exportación de drogas.19

Ahora bien, la reducción abrupta de las utilidades de las organizaciones criminales no es necesariamente algo positivo. Una menor ganancia lleva a reducción de gastos, lo que normalmente implica menos personal. Miles de pistoleros, escasamente calificados, quedarían sin empleo y añorarían las cuantiosas rentas del narcotráfico. El siguiente paso sería migrar a otros negocios ilícitos como la extorsión y el secuestro. Si bien la reducción de las ganancias de los cárteles reduciría la violencia en el largo plazo, es probable que la incremente en el corto.

La experiencia estadunidense nos llama a utilizar a plenitud nuestro federalismo, a experimentar distintas políticas públicas en distintos espacios. El plan más viable sería legalizar la marihuana en el Distrito Federal, gobernado por la izquierda, que ya ha aprobado polémicas reformas liberales. Sin embargo, la industria legal del cannabis podría llamar la atención de varios cárteles para controlar una plaza donde una parte de su negocio es legal. La experiencia nos indica que el control de un sitio clave genera conflicto entre cárteles y, por tanto, la capital podría entrar en una espiral de violencia.

Una vuelta tan profunda no debe ser tomada a la ligera. El prohibicionismo ha mostrado, desde ángulos muy diversos, ser una política equivocada e inmoral. Sin embargo, la legalización de las drogas no puede ni debe ser implementada a modo de correctivo universal o fórmula infalible, sin considerar los objetivos deseados y los contextos específicos. Las estrategias de liberalización de estupefacientes son necesarias pero insuficientes por sí mismas para resolver el problema de inseguridad. Por otro lado, las tácticas democráticas de Washington y Colorado nos llaman a comprender que no sólo hay que tomar lecciones de lo que acontece en Estados Unidos sino también entender que somos parte de una misma unidad de soberanías fragmentadas: el golpe más contundente a la economía del narcotráfico no surgirá de la fatigante estrategia militar mexicana sino que será un efecto colateral de iniciativas locales que a su vez dependen del Departamento de Justicia, ratificado por el voto latino.

México debe actuar a dos pistas. Al interior, su sistema de justicia, particularmente la miserable red carcelaria junto con la estéril maquinaria de procuración, deben mejorar radicalmente. Excarcelar cientos de individuos por delitos contra la salud, reducir las tasas de impunidad y elaborar una estrategia inmediata para contener la esperada alza de la violencia por los experimentos del norte son las prioridades.20 Al exterior, la embajada en Washington y la Cancillería deben presionar por la vía diplomática para traducir la responsabilidad compartida de la Iniciativa Mérida en más que una transferencia de aviones y helicópteros militares.21 La red consular debe aprender a utilizar el enorme capital político latino y aumentar con él su poder de negociación. La ola de legalización en Estados Unidos debe tener coherencia regional, pues es absurdo continuar una guerra en contra de un producto que ya es legalmente asequible. Si los golpes estructurales más importantes para el narcotráfico acontecen en Estados Unidos, México debe asegurarse un lugar en la mesa de negociación.

Por primera vez existe una clara bifurcación en política de drogas. Si hay alguna lección internacional de valía para México es que una reforma de gran calado requiere de mucho menos costos, económicos y humanos, para acontecer. Los decepcionantes resultados del prohibicionismo y los prometedores avances de la regulación en otras partes del mundo exigen un debate público sobre el futuro de la estrategia mexicana que, como en muchos otros aspectos, para bien y para mal, está atada al norte.

Hasta la fecha, el síndrome de Estocolmo —el profiláctico trastorno en el que un rehén manifiesta simpatía por sus captores, a grado tal de defenderlos— explica en buena medida la estrategia federal. Los verdaderos raptores, para fines del tropo, no son los cárteles sino el ensimismamiento alicorto, el tartufismo autómata que hemos tomado por plan. Estamos por ver si nuestro patriotismo ciego y nuestra clase política pueden subordinarse a las lecciones del exterior, a la evidencia empírica y a las demandas de la libertad.

1 Grund,JeanPaulyBreeksema,Joost(2013):Coffee Shops and Compromise. Separeted Illicit Drug Markets in the Netherlands, Open Society Foundations, Nueva York, p. 15.

2 Ibíd., p. 16.

3 McCoun, Robert J. (2010): What Can WeLearn from the Dutch Cannabis Coffeeshop Experience?”, RAND Working Paper Series WR- 768-RC, p. 2.

4 Grund y Breeksema, op. cit., p. 51.

5 European Monitoring Centre for Drugsand Drug Addiction (2013): Further insights into aspects of the illicit EU drugs market, EMCDDA, Luxemburgo, p. 18.

6 Grund y Breeksema, op. cit., p. 41.

7 Grund y Breeksema, op. cit., p. 52.

8 Greenwald, Glen (2009): Drug Decriminalization in Portugal. Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies, CATO Institute, Washington, DC, p. 3.

9 Ibíd., p. 14.

10 Ibíd., p. 16.

11 Las CDT son paneles regionales compuestos por médicos, consejeros legales, trabajadores sociales y expertos técnicos que reciben alos individuos arrestados por posesión o consumo de drogas y están encargadas de clasificarlos como usuarios ocasionales o crónicos. Posteriormente, escogen de entre una gama de sanciones tales como multas, servicios comunitarios o tratamientos clínicos, según el caso. Su propósito es desincentivar el uso de drogas y promover el tratamiento médico en usuarios dependientes.

12 Hughes, Caitlin y Stevens, Alex (2007): “The Effects of Decriminalization of Drugs in Portugal”, The Beckley Foundation Drug Policy Programme, p. 15.

13 Ibíd., p. 17.

14 Pérez Correa, Catalina, et al. (2012): Resultados de la Primera Encuesta realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social, CIDE, México, D.F., p. 7.

15 Davies, Jack y De Deken, Jan: “The Architect of Uruguay’s Marijuana Legalization Speaks Out”, Reason, 15 de diciembre de 2013, disponible en: http://reason.com/archives/2013/12/15/the-architect-of-uruguays- marijuana-lega/. Fecha de consulta: 3 de enero de 2014.

16 United Nations Office on Drug and Crimes:Intentional Homicide, Count and Rate per 100,000 population (1995-2011).

17 Healy, Jack y Johnson, Kirk, “In 2 States, Corner Cannabis Store Nears Reality”, The New York Times, 13 de diciembre de 2013, disponibleen: http://www.nytimes.com/2013/12/14/us/ in-2-states-corner-cannabis-store-nears-reality. html?pagewanted=1&_r=1. Fecha de consulta: 3 de enero de 2014.

18 Swift, Art, “For First Time, Americans Favor Legalizing Marijuana”, Gallup Politics, 22 de octubre de 2013, disponible en: http://www. gallup.com/poll/165539/first-time-americans- favor-legalizing-marijuana.aspx. Fecha de consulta: 3 de enero de 2014.

19 Kilmer, Beau, et al., (2010): Reducing Drug Trafficking Revenues and Violence in Mexico. Would Legalizing Marijuana in California Help?, RAND Occasional Paper, 2010. Para las estimaciones sobre Colorado y Washington: Hope, Alejandro y Clark, Eduardo (2012): Si los vecinos legalizan. Reporte técnico, IMCO, 2012, México.

20 Las tasas de impunidad de asesinato, el delito más grave y cuantificable de todos, son vergonzosas. En 2010, van de un mínimo en Baja California Sur, donde 25% de los homicidas no son condenados, hasta 96% en Chihuahuay 80% en promedio nacional. Ramírez, Leticia (2012): Seguridad y justicia penal en los estados: 25 indicadores de nuestra debilidad institucional, México Evalúa, México, D.F., p. 17. Ciudad de México: México Evalúa, 2012), 17.

21 De acuerdo con información del Departamento de Estado, 86% del monto total de la Iniciativa Mérida entregado hasta 2013 ha sido empleado en la compra de cuatro aviones CASA 235, nueve helicópteros UH-60 Black Hawk y ocho Bell 412. Ribando, Clare y Finklea, Kristin (2013): U.S.—Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond, Congressional Reserch Service, Washington, D.C., p. 9.

[...Fragmento]

ver en nexos.com.mx


estás viendo:
Política de drogas: Lecciones para México
volver arriba
...


comentarios
Entrar para agregar comentario:
entrar


DrogasMexico.org es un proyecto de Convivencia y Espacio Público AC y el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas AC.
Agradecemos el apoyo de Open Society Foundation, Angelica Foundation y Tides Foundation