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Las drogas y los derechos humanos en la Ciudad de México.

Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas CUPIHD

Martes 18 de marzo de 2014 (19/03/14)
Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas CUPIHD ver en cupihd.org

Este jueves se presenta el Informe Especial sobre Drogas y Derechos Humanos en el Distrito Federal 2012-2013, elaborado en conjunto entre la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CuPIHD) y con el apoyo de Open Society Foundations (OSF).




El tema de los derechos humanos en las políticas de drogas no es nuevo, pero es en tiempos recientes cuando ha cobrado relevancia en un debate, hasta hace poco centrado en aspectos punitivos. Incluso la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (ONUDC) ha reconocido violaciones a los derechos humanos a causa de las políticas de drogas, aunque refiriéndolas como consecuencias no intencionadas. Y en un informe sobre el tema, Human Right Watch también señala la tensión entre esta cuando afirma que: “Las leyes que penalizan el consumo de drogas son incompatibles con el respeto a la autonomía humana y derechos a la privacidad”.

En el caso del Informe Especial, entre otras cosas, destaca las consecuencias del modelo punitivo en el ejercicio de los derechos humanos en la Ciudad de México; señala, por ejemplo, que al convertir la posesión, la adquisición y el cultivo de drogas para uso personal en conductas delictivas, las legislaciones sobre drogas tienden a marginalizar a los usuarios, al reforzar una visión estigmatizadora y situaciones de discriminación y criminalización.

El informe también muestra cómo los derechos de los usuarios son vulnerados por las autoridades de la ciudad y, como evidencia, presenta las quejas ante la CDHDF sobre delitos contra la salud (2012-junio de 2013), 76% de las cuales denuncian detenciones arbitrarias (47% con uso de violencia física) y 85% irregularidades en el proceso judicial (violencia física y psicológica, extorsiones y amenazas). Los jóvenes, las poblaciones callejeras y comerciantes en vía pública son grupos doblemente vulnerables ante prácticas de criminalización por el uso de drogas.

En el caso de las sentencias dictadas por los tribunales del DF, las penas determinadas fueron en su mayoría menores a tres años (83.9%); lo que indica que las personas juzgadas fueron sentenciadas por posesión de drogas en cantidades superiores a las autorizadas por la ley, pero sin haberse comprobado que eran vendedores o comerciantes de éstas. Dato a partir del cual se sugiere la hipótesis de una política de drogas enfocada en detener principalmente a consumidores de sustancias y/o traficantes de pequeña escala; es decir, a aquellas personas cuya peligrosidad y papel en el tráfico de drogas es mínimo.

El Informe también señala las consecuencias de la política actual en el campo de la salud pública, y es que no solo no se ha alcanzado el propósito de acercar la atención médica a personas con dependencia, sino que se ha propiciado el consumo en la clandestinidad y se ha disuadido a los usuarios de acudir a los servicios de salud ante la amenaza de ser discriminados o denunciados; al tiempo que ha impedido que se genere información amplia y veraz sobre las sustancias psicoactivas y los distintos usos que se hacen de ellas, y la posibilidad de poner en marcha políticas públicas respetuosas de los derechos humanos, las cuales incluyan tratamientos dignos para los usuarios con consumo problemático de drogas.

En este panorama, el informe plantea un cambio en el paradigma de la política de drogas, hacia uno con enfoque de control de drogas basado en los derechos humanos y orientado a reducir los riesgos y daños causados por el uso de drogas.

Por último, el Informe también recomienda desincentivar las detenciones en flagrancia a raíz de revisiones individuales motivadas por estereotipos o prejuicios, crear lineamientos mínimos para la presentación ante el ministerio público de personas encontradas en posesión de drogas sin que se haya comprobado la finalidad de comercio o suministro a terceras personas, así como prestar especial atención a los grupos con mayor vulnerabilidad, entre ellos, las niñas y los niños, las y los jóvenes, las personas que viven en reclusión y las poblaciones callejeras.

En el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas, celebramos la publicación de este Informe, esperando ayude a abonar no sólo al debate, sino a la construcción de mejores políticas de drogas en la Ciudad de México. En hora buena.

ver en cupihd.org


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