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Drogas: más mortífera la persecución que el uso
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Una causa para la izquierda


[...] En el DF, los anexos o granjas son supervisados por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) que controla el cumplimiento de la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del DF, y la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, entre otras. Pero en la práctica, esto funciona rara vez. GRANJAS...
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Gustavo Fondevila

Lunes 5 de enero de 2015 (05/01/15)
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En el DF, los anexos o granjas son supervisados por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) que controla el cumplimiento de la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del DF, y la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, entre otras. Pero en la práctica, esto funciona rara vez. GRANJAS DE TERROR. El 18 de diciembre pasado, el IAPA entregó 30 registros a centros (15 para adultos y residenciales y 15 juveniles ambulatorios). Pero de acuerdo al padrón de establecimientos especializados (IAPA), en el DF hay 316 centros residenciales: el 87 por ciento de ayuda mutua, 36 por ciento de ayuda mixta, uno por ciento alternativos y uno por ciento de ayuda profesional. De este universo, el IAPA ha suspendido de actividades al 19 por ciento (51 centros), de los cuales el 37 por ciento siguen actualmente suspendidos y el 16 por ciento ha abandonado definitivamente las actividades. En realidad, sólo el 23 por ciento de los centros de ayuda mutua cumplieron con lo básico para mantener su registro y apenas el 7 por ciento consiguieron el reconocimiento federal del Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones. Este panorama sombrío refleja varias cosas: 1) que el tratamiento de las adicciones no está realmente en manos del Estado (solo uno de estos anexos es del Gobierno del DF), 2) que los centros registrados muestran serios problemas de funcionamiento, 3) que el Estado es incapaz de supervisarlos a fondo (y mucho menos de reemplazarlos), 4) que existe un mundo paralelo de ‘granjas’ que operan directamente en forma ilegal o sin ninguna clase de aval.

Reforma, Justicia, pág.

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