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Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad, aumenta la opacidad :: Drogas México
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Carlos Silva Forné

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En 2011 los autores del presente texto realizamos un estudio que evaluaba el uso y abuso de la fuerza letal por parte de las fuerzas federales (Silva, Pérez Correa y Gutiérrez, 2012).1 Nuestro interés y preocupación entonces, como ahora, se originó por la presencia diaria de notas...
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Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad, aumenta la opacidad

Rodrigo Gutiérrez Rivas, Carlos Silva Forné, Catalina Pérez Correa

Miércoles 1 de julio de 2015 (01/07/15)
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En 2011 los autores del presente texto realizamos un estudio que evaluaba el uso y abuso de la fuerza letal por parte de las fuerzas federales (Silva, Pérez Correa y Gutiérrez, 2012).1 Nuestro interés y preocupación entonces, como ahora, se originó por la presencia diaria de notas de prensa donde se daba a conocer que elementos del Ejército (la Policía Federal o la Marina) habían sido agredidos y ello suscitaba enfrentamientos con un habitual saldo de muchos agresores muertos y pocos heridos. Lo anterior ocurría en un contexto de un creciente uso de las fuerzas federales, especialmente del Ejército, para tareas de seguridad pública local.

Han pasado cuatro años y un cambio de administración desde la realización del pasado estudio. Enrique Peña Nieto inició su gobierno con un discurso menos belicoso que el que caracterizó al gobierno de Felipe Calderón. El cambio parecía implicar un gradual retiro de los elementos del Ejército mexicano de las labores de seguridad pública. Sin embargo, los casos de Tlatlaya, Apatzingán y Ecuandureo/Tanhuato han traído nuevamente al debate público preocupaciones sobre la presencia de fuerzas federales en tareas de seguridad pública local y sobre el uso desmedido de la fuerza letal.

En este marco, nos propusimos actualizar la información sobre muertos y heridos en enfrentamientos en los que participaron las fuerzas federales (Policía Federal, Ejército y Marina). Los resultados, aunque positivos en algunos aspectos, confirman una situación preocupante. Encontramos que en este sexenio se registra un menor número de enfrentamientos y muertos; sin embargo, comparada con la administración anterior, la letalidad de las fuerzas federales se mantiene en valores altos. Esto es especialmente cierto en algunas entidades como Guerrero y Zacatecas. Asimismo, encontramos una creciente opacidad de las instituciones, una señal de alarma más, dado el contexto de violencia y los recientes enfrentamientos que han dejado saldos de muchos civiles opositores muertos y pocos heridos.

No existen indicadores únicos que permitan determinar si en una situación se llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales o si una fuerza de seguridad en su conjunto está haciendo uso excesivo y desproporcionado de la fuerza letal. Para poder determinar en un caso concreto la existencia de ejecuciones extrajudiciales debe evaluarse la información detallada sobre el acontecimiento. En este sentido, cada vez que el Estado hace uso letal de la fuerza debe abrirse una investigación y las instituciones de procuración y administración de justicia deben realizar las investigaciones correspondientes. Sin embargo, en un contexto de impunidad generalizada, y a falta de instituciones de procuración de justicia que detecten e investiguen estos casos eficazmente, surge la necesidad de construir indicadores que permitan la evaluación del uso legítimo y proporcional de la fuerza letal por parte de los distintos cuerpos de seguridad. No se trata de indicadores que por sí mismos determinen la existencia de privaciones arbitrarias de la vida sino de valores que alertan sobre un contexto de preocupación y que muestran la necesidad de realizar investigaciones serias y puntuales para cada caso.

Los indicadores más utilizados a nivel internacional, según Adriana Loche (2010) son: a) el porcentaje de homicidios dolosos cuyo presunto responsable es un policía o miembro de otra fuerza de seguridad, b) número de civiles muertos por cada policía o miembro de otra fuerza de seguridad muerto en enfrentamientos, c) número de civiles muertos por cada civil herido en enfrentamientos. Nombramos este último indicador índice de letalidad, siguiendo la terminología de Ignacio Cano (1997, 2003, 2010) para estudios en Brasil. El estudio de esta relación tiene también antecedentes en trabajos de Paul Chevigny (1987, 1991, 1993) y ha sido retomada en Argentina (Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, 2002, Máximo Sozzo, 2002, Verónica Aimar et al., 2005) y Venezuela (Christopher Birkbeck y L. Gerardo Gabaldón, 2002). En este texto, utilizamos las mediciones b) y c) en tanto que no existe la información oficial para la construcción de a).

Construimos nuestro análisis a partir de dos fuentes: a) información proporcionada vía Infomex por la Policía Federal (folio 0413100088114), la Secretaría de la Defensa Nacional (folio 0000700211714) y la Secretaría de Marina (folio 0001300092314); y b) una base de datos elaborada a partir de información de prensa.2

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), proporcionó la información sobre civiles muertos y heridos en enfrentamientos del año 2007 al 5 de abril de 2014, advirtiendo que: “a partir del 6 de abril de 2014, ya no se le da continuidad a dicha estadística, en relación de no ser necesaria para esta dependencia del Ejecutivo federal, debido a que, como ya se le indicó con anterioridad, el personal de esta Secretaría después de repeler una agresión, se limita únicamente a preservar el lugar de los hechos y una vez que hacen presencia las autoridades competentes se desliga de los procesos e investigación correspondientes”.

Sin duda, una de las principales preocupaciones que surgen de este estudio es la decision de la SEDENA de no continuar recabando —o haciendo pública— información tan importante sobre su funcionamiento. Con ello se violenta el principio de transparencia que exige que los órganos del Estado hagan públicas sus actuaciones y posibiliten su evaluación. Además, contradice el Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas que en su artículo 15, c, iii señala que después de una agresión se procederá a “Elaborar un informe detallado del evento donde se efectuó uso de la fuerza de conformidad con las disposiciones que sobre el particular emitan ambas secretarías”.

Es contradictorio y preocupante que la SEDENA afirme que la información sobre civiles muertos y heridos no es necesaria para la dependencia, cuando el manual que regula su actuación así lo exige e incluso establece responsabilidad legal para los mandos en caso de incumplimiento (art. 23, B, d). Igualmente preocupante es que al ser preguntada por el número de enfrentamientos registrados, la PGR —dependencia a la que en su respuesta la SEDENA nos sugirió canalizar nuestra solicitud— haya respondido tener conocimiento de cero enfrentamientos en 2011, uno en 2012, cero en 2013 y tres en 2014 (solicitud folio 0001700326814). La generación y disponibilidad de información sobre el uso de la fuerza es necesaria para poder evaluarla y controlarla, especialmente la fuerza letal. Constituye, pues, un mecanismo de salvaguarda del derecho a la vida de todas las personas.

Número de enfrentamientos 2008-2014. El total de enfrentamientos de las fuerzas federales tuvo un crecimiento acelerado de 2007 a 2011, para luego descender en 2012 e incrementar dicha tendencia a la baja en 2013 y 2014. La gráfica 1 muestra el número de enfrentamientos para cada una de las fuerzas federales de seguridad.

La SEDENA alcanza el máximo número de enfrentamientos en 2011, cifra que se reduce en 70% a lo largo de los tres siguientes años. La Policía Federal, con cifras menores y más estables, tuvo un crecimiento de 2008 a 2012 para luego descender 35% en los últimos dos años. Finalmente, si bien la información brindada por la Marina es limitada y su participación más reducida, el número de enfrentamientos de dicha dependencia aumentó en 2013 y 2014 en relación a 2012.

El descenso acentuado de los enfrentamientos de los últimos años podría ser explicado por distintas razones, por ejemplo: un menor despliegue de elementos de las fuerzas federales, variaciones en el número y características de los operativos implementados, así como la reconfiguración y/o desplazamientos de grupos delincuenciales a regiones o tareas que propicien un menor contacto con fuerzas federales de seguridad.

Para el caso de la SEDENA, de 2006 a 2011 hubo un incremento constante en el número de elementos desplegados en operaciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, llegando a 52 mil 690 en 2011. En cambio, 2012 y 2013 muestran un descenso significativo, aumentando de nuevo ligeramente en 2014. En términos de las operaciones, 2009 presenta el mayor número. En 2010 y 2011 existe un descenso para luego incrementar ligeramente en 2012. Para el periodo diciembre 2012-diciembre 2014 la información oficial se dio de forma agregada, reportando sólo 14 operaciones, una cifra llamativamente menor a la de los años anteriores. Queda abierta la interrogante acerca de un posible cambio en la definición del término “operaciones” u otras razones que explicaran tan marcado descenso

[Fragmento seleccionado por J.S.]

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