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Narcotráfico

Utilizan clasificado para narcotráfico
Todo lo interno es potencialmente externo
Cuestionan el fracaso en la lucha antidrogas


Una vez que un asunto interno de México es definido como problema para y por Estados Unidos, la presión política de la superpotencia...Un problema que crece  No siempre fue así, pero hoy la prioridad de Estados Unidos en México no es el control de sus recursos naturales o de su mercado. Para Washington lo...
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Todo lo interno es potencialmente externo

Lorenzo Meyer

Jueves 23 de junio de 2005 (27/06/05)
Reforma Una vez que un asunto interno de México es definido como problema para y por Estados Unidos, la presión política de la superpotencia puede convertirse en un dolor de cabeza o algo peor para nuestro país



Un problema que crece

 

 

No siempre fue así, pero hoy la prioridad de Estados Unidos en México no es el control de sus recursos naturales o de su mercado. Para Washington lo más importante es mantener la estabilidad a lo largo de la gran frontera común. Si esa estabilidad se pierde, el interés nacional de Estados Unidos se ve afectado en lo esencial. De ahí que la mayor responsabilidad de los gobiernos mexicanos en materia de política exterior sea mantener el orden interno.

 

Ya en abril, el gobierno estadounidense empezó a señalar su descontento por el deterioro de la seguridad al sur del Río Bravo, y advirtió a sus ciudadanos que ya no era seguro viajar a ciertas ciudades fronterizas mexicanas. El embajador Garza avisó que las autoridades mexicanas estaban perdiendo el control de algunas zonas de su país. La Drug Enforcement Administration (DEA) también tocó el tema y finalmente la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, hizo saber públicamente que su gobierno estaba muy preocupado por la ola de violencia que se había desatado al sur de su frontera —más de 630 muertes violentas en lo que va del año—, a causa de la lucha interna de las organizaciones de narcotraficantes. Rice calificó el asunto de "muy grave" y señaló que ya había hecho llegar su preocupación "a todos los niveles" del gobierno mexicano (Reforma, 17 de junio). Inmediatamente después, unos empresarios norteamericanos dejaron saber que habían recurrido a su gobierno en busca de guía para saber cómo actuar ante la crisis de seguridad que existe en las zonas donde están sus empresas mexicanas (Milenio Diario, 19 de junio). Finalmente, la DEA sostuvo que en México ya se ha constituido una poderosa "federación" de narcotraficantes —El Chapo Guzmán, El Azul, El Mayo Zambada, Arturo Beltrán Leyva e Ignacio Coronel—que hoy le hacen la guerra a muerte a las organizaciones de Osiel Cárdenas y a los Arellano Félix y que, justamente por eso, constituye ya una amenaza mayor para Estados Unidos y no sólo en el área de la frontera, sino también en el interior (Milenio Diario, 20 de junio). Según ese informe, las organizaciones criminales mexicanas controlan cada vez un mayor espacio del narcomenudeo en las ciudades norteamericanas y han desplazado a otros grupos criminales norteamericanos y extranjeros.

 

A estas alturas ya es imposible negar que hace ya tiempo el crimen organizado mexicano quedó fuera del control gubernamental y que por eso ha dejado de ser un asunto estrictamente nacional para convertirse, también y crecientemente, en uno de carácter internacional. Y es que una buena cantidad de problemas mexicanos, inicialmente internos, tienen el potencial de terminar como parte de la agenda de problemas norteamericanos. El descuido, la incapacidad y la corrupción de los responsables mexicanos son los factores que permiten que un tema interno crezca al punto de llamar la atención de Washington y entonces la situación se complica en extremo para México, pues deja al descubierto su "Talón de Aquiles" político y económico frente a la mayor potencia mundial, lo que nunca es cosa menor para nadie.

 

Una vez que un asunto interno de México es definido como problema para y por Estados Unidos, la presión política de la superpotencia puede convertirse en un dolor de cabeza o algo peor para México. En esas circunstancias, ya no tiene mucho caso envolverse en la bandera, en el manto de la soberanía, de los principios del derecho internacional o tratar de restarle importancia (esto último fue lo que hizo el canciller Luis Ernesto Derbez, en relación a la crítica que formuló a las policías mexicanas un funcionario de la DEA, Reforma, 16 de junio).

 

A querer que no, las autoridades tendrán que actuar en función tanto de sus intereses como de los de Washington, y hacerlo en un ambiente de natural disgusto de la opinión pública mexicana, siempre desconfiada tanto de las razones norteamericanas como de la firmeza oficial mexicana. De esta manera, es evidente que la operación "México Seguro" que acaba de lanzar el gobierno mexicano en la frontera, y que implica el uso coordinado de policías federales y Ejército, para imponer el orden roto por la violencia del narcotráfico es una medida de emergencia frente a la presión de Washington. La aparatosa operación obedece menos a una bien planeada reacción de las autoridades y más a la necesidad de contar con o inventar un instrumento para enfrentar la presión norteamericana. Hace apenas un par de días el vocero de la Casa Blanca reconoció el valor de la operación, pero sin dejar de subrayar que el propio presidente de Estados Unidos estaba "preocupado" por lo que ocurría en la frontera. Finalmente, qué tan efectiva resulte la maniobra defensiva mexicana es algo que aún está por verse.

 

Una vez más queda patente que, para nuestro país, la mejor y casi única defensa de su independencia es la acción preventiva. Mantener nuestra casa en orden es la mejor manera de evitar que surjan las circunstancias que induzcan al gobierno vecino a tener que pronunciarse sobre nuestros asuntos domésticos.

 

 

No siempre fue así

 

En el origen, el interés de Estados Unidos en lo que a partir de 1821 sería México, no estaba en el mantenimiento del orden del vecino sino en todo lo contrario. En efecto, en el siglo XIX la inestabilidad mexicana facilitó enormemente la tarea norteamericana de expandirse sobre el casi desconocido territorio que era el septentrión, un gran espacio semivacío heredado de la Nueva España, cuya población la constituían apenas algunos poblados de mexicanos y varios grupos seminómadas que le hacían la guerra.

 

En la primera etapa de la relación mexicano—americana, esa falta de población en el norte, combinada con la inestabilidad política y social en el resto del país, más la penuria de las finanzas públicas que acompañaron a su nacimiento como Estado Mexicano, crearon condiciones ideales para los intereses norteamericanos. La fuerza del federalismo mexicano —cuyos orígenes se encuentran bien arraigados en la época colonial— llevó a que en la primera mitad del siglo XIX prevalecieran los intereses de las élites locales —comerciantes, terratenientes, mineros— o de las comunidades indígenas por sobre los intereses nacionales. El resultado fue que México como nación no pudo confrontar con éxito el proyecto expansionista estadounidense.

 

La insurrección de los colonos norteamericanos en Texas en 1835 fue alentada y apoyada en Estados Unidos, pero no se puede negar la existencia de fuertes sentimientos separatistas o autonomistas, pues Texas no resultó ser la primera ni única provincia rebelde, como lo demuestran los casos de Zacatecas, Jalisco, Oaxaca o Yucatán, entre otros. México era entonces una nación sólo en teoría.

 

Para los norteamericanos, que pronto definieron un proyecto nacional expansionista, y donde la única contradicción seria fue la tensión entre el sur esclavista y el norte basado en el trabajo libre, resultó muy conveniente que el Ejército mexicano fuera ineficiente en extremo como resultado de estar basado en la leva e impedido de actuar como una auténtica unidad debido a las rivalidades entre sus generales —cuya preparación y conducta no correspondían más que excepcionalmente al modelo del militar profesional. Fue igualmente positivo para el interés norteamericano que el gobierno central de México estuviera en quiebra y que dependiese de agiotistas —cuyo núcleo fuerte estaba formado por extranjeros— que llegaban a cobrarle hasta el 300 por ciento o el 500 por ciento a sus préstamos, y que la corrupción fuera rampante.

 

La brutalidad de la división entre las clases de la vida colonial mexicana se mantuvo a todo lo largo del siglo XIX, especialmente en la primera parte, y eso también favoreció el interés norteamericano. En realidad y tras la toma de la capital por el general Winfield Scott en 1847, los llamados "hombres de bien", es decir, las clases medias y propietarias, ya no intentaron resistir al invasor y aceptaron sus condiciones en el Tratado de Guadalupe, para no correr el riesgo de que tal resistencia abriese las puertas a una insurrección de las clases populares —"la plebe"— que terminara, como en Yucatán, en una guerra de castas.

 

El fallido intento de reconquista española de 1829, la guerra del 47, la anexión de "La Mesilla" y sus 100 mil kilómetros cuadrados a Arizona en 1853 y el Tratado McLane—Ocampo de 1859 se dieron en el contexto de un país sin orden ni concierto y en guerra social y política consigo mismo. Lo mismo sucedió en el momento en que tuvo lugar el desembarco tripartita de 1861 en Veracruz y la invasión francesa que le siguió. El fracaso de las instituciones públicas, la inexistencia de autoridades con legitimidad, la carencia de cohesión social, las dificultades de un proyecto nacional compartido entre las regiones, las clases y las razas fueron de gran utilidad para aquellas fuerzas del exterior, en particular las norteamericanas, que deseaban desmembrar o imponer su interés sobre México.

 

 

El giro de 180°

 

A partir del final del siglo XIX, cuando Washington ya dejó de buscar nuevas áreas de expansión territorial y cuando la frontera entre Estados Unidos y México se pobló, el interés de Estados Unidos en su vecino del sur mudó su naturaleza hasta llegar a ser exactamente la opuesta. Para que no hubiera abigeato en Texas, para que las empresas ferrocarrileras, mineras y agrícolas propiedad de norteamericanos en México pudieran prosperar, para que los préstamos contratados por México se pudieran pagar, era requisito la existencia de estabilidad en México, como la que propició Porfirio Díaz.

 

En buena medida, la constante intervención de Washington en los asuntos mexicanos a partir del estallido de la Revolución Mexicana en 1910, se explica justamente por la búsqueda de la restauración o creación de las condiciones que permitieran el retorno de un gobierno fuerte en México, al que se pudiera hacer responsable de la protección de los intereses norteamericanos al sur del Río Bravo.

 

Cuando Estados Unidos se convirtió en gran potencia mundial, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, durante la Guerra Fría, la Pax Priista fue la mejor contribución que México pudo hacer al interés norteamericano, urgido de mantener una frontera bajo control. Hoy, cuando Washington se encuentra concentrado en su guerra contra el terrorismo, una frontera como la que México le ofrece en Nuevo Laredo es, a sus ojos, simplemente intolerable. Ni duda que la clase dirigente mexicana desearía que sus antecesores no hubieran tolerado, por complicidad e ineptitud, la implantación y el crecimiento de los grupos de productores y comercializadores de droga, pero hoy lo que urge es deshacer lo hecho durante decenios por policías, militares, gobernadores, secretarios de Estado y presidentes. El problema es que desandar lo andado requiere honestidad, voluntad, inteligencia y tiempo. Nada de eso hay hoy en la cantidad necesaria, en especial el tiempo. Queda, sin embargo, la posibilidad de que Estados Unidos tome conciencia de la complejidad del problema y de la debilidad institucional mexicana, y no presione en exceso. En condiciones como las actuales —bajo crecimiento económico y creciente insatisfacción con el resultado de la acción gubernamental—, una presión externa muy abierta y dura resultaría contraproducente, pues debilitaría aún más a la autoridad mexicana y complicaría la situación para ambos países.

 

 

 

Nota

 

 

La situación que vive hoy el periódico Noticias de Oaxaca —una huelga artificial auspiciada por el gobierno estatal— reproduce de manera casi puntual la forma como Luis Echeverría acabó con el Excélsior de Julio Scherer. Aceptar que a 30 años de distancia se repita la maniobra, sería una vergüenza no sólo para Oaxaca sino para una sociedad que se supone ya superó el autoritarismo.

 




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