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Ernesto López Portillo

Martes 5 de julio de 2005 (08/07/05)
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El 28 de junio pasado la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que entrega a los gobiernos de los estados atribuciones para perseguir y sancionar los delitos de narcotráfico, cuando los mismos estén vinculados al narcomenudeo. En el dictamen se explica que las autoridades estatales podrán realizar la prevención, investigación, persecución y sanción del comercio, suministro o posesión ilícita de estupefacientes y/o sustancias psicotrópicas, cuando las condiciones de las mismas determinen que es para su directa distribución en dosis individuales. Es posible anticipar que las legislaturas locales votarán a favor y el nuevo mandato pronto será norma suprema vigente, con lo cual todas las procuradurías del país estarán obligadas a investigar y perseguir el narcotráfico. La gran mayoría de los políticos, de los medios de comunicación y de la sociedad han venido presionando para que esto suceda. Ahora ellos podrán afirmar que se hizo lo correcto y tal vez incluso anticiparán la gran derrota a la delincuencia organizada dedicada al mercado de las drogas ilícitas. Sin embargo, viendo las cosas con calma y a profundidad, la reforma es, por decir lo menos, profundamente preocupante.

 

Me surge un primer cuestionamiento. No sé si los legisladores votaron a favor de esta reforma (451 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones) porque consideraron que era la mejor opción, porque piensan que es la única opción o simplemente por el tamaño de las presiones para hacerlo.

Está empíricamente demostrado que durante los últimos 25 años el castigo penal al narcotráfico no ha funcionado para contenerlo en el mundo, y sí en cambio ha generado costos crecientes de todo tipo, que en suma han debilitado a las democracias de la región, todo esto bajo un enfoque principalmente impuesto desde Estados Unidos (las más reciente pruebas de esto pueden encontrarse en Drogas y Democracia en América Latina , WOLA y Editorial Biblos. Bs As, 2005).

Y muchas otras dudas viene detrás de la anterior, todas las cuales deben ser contestadas. ¿Por qué los legisladores se ponen de acuerdo en esto y no lo hacen para proponer una política de Estado contra el consumo de drogas y los fenómenos asociados? ¿Por qué ellos no organizan un consenso para prevenir más y en cambio sí lo hacen para castigar más? ¿En qué se basan para creer que expandir los instrumentos para el castigo penal al narcotráfico es la opción adecuada para combatirlo? ¿Cuáles son los diagnósticos que fueron empleados para llegar a este abrumador consenso a favor de la reforma? ¿Cuántos legisladores están adecuadamente informados respecto a los escenarios de riesgo que provoca la misma? ¿Algún legislador reparó en los riesgos provocados por la reforma, habida cuenta de la debilidad institucional de las procuradurías generales de justicia de los estados? ¿A cuántos de ellos realmente les interesa conocer esos diagnósticos y escenarios? ¿Ellos han reparado en los costos asociados de la política antidrogas a lo largo del mundo? ¿Cuántos casos de éxito fueron analizados en el Congreso para que los legisladores se convencieran de su voto? ¿A quiénes escucharon y a quiénes no escucharon durante la valoración del proyecto de reforma?

La discusión no es si el problema del narcotráfico es agudo o no, o si el fenómeno de las adicciones es cada vez mayor. Todo indicador disponible muestra que oferta y demanda de drogas ilícitas van hacia arriba. La discusión es, o debería ser, mucho más profunda y compleja. Nada justifica una aproximación superficial, así sea de un solo legislador. el narcotráfico es uno de los motores más agudos de la violencia en México y las adicciones son problema principal de salud pública. La expereincia internacional muestra que una y otra expresión asociada a las drogas ilícitas, violencia y adicciones, deben ser enfrentadas por medio de políticas transversales, de manera que el castigo sea aplicado ahí donde lo demás falló.

El narcomenudeo no puede ser aislado en la mirada del Estado como un problema penal. El constituyente permanente amplificará el poder de castigar sin que los gobiernos hayan logrado, antes, hacer un papel social, cultural, económico, adeucativo y de salud adecuado para combatir el problema. Además está el problema de la crónica debilidad institucional de los aparatos de seguridad pública y procuración de justicia de los estados. Nueva pregunta: ¿hablaron de este tema los legisladores federales y los representantes de dichos aparatos? Si lo hubieran hecho, tal vez se habrían enterado que muy probablemente la mayoría de las policías y las procuradurías locales no están preparadas para resistir las presiones que llegarán una vez qeu la reforma entre en vigor. Todos los colores de nuestra clase política se alinean para dar nuevas atribuciones a instituciones que no han sabido ganar la confianza y el apoyo social con los poderes que ya tienen. Gana pues el grito de guerra al narcotráfico y otra vez se pierde la oportunidad de impulsar una política de Estado que prefiera la prevención al castigo. Estamos en medio de una escalada que al parecer ha provocado unos mil muertos en lo que va de 2005. Ya veremos el destino que nos depara esta reforma.

 




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