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Por decreto presidencial, desapareció el plan antidrogas :: Drogas México
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Jorge Carrillo Olea

El Ejército seguirá en las calles
Por decreto presidencial, desapareció el plan antidrogas
La gestación de la crisis de seguridad


¿Cuál fue el destino de todo este esfuerzo?: su destrucción. Ernesto Zedillo copió a la letra el programa y lo hizo suyo, pero...La crisis que estamos viviendo, provocada por los barones de la droga, quizá no sería así si hubiéramos aprendido que una de nuestras grandes debilidades es la discontinuidad en nuestros...
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Por decreto presidencial, desapareció el plan antidrogas

Jorge Carrillo Olea

7 de agosto de 2005 (08/08/05)
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¿Cuál fue el destino de todo este esfuerzo?: su destrucción. Ernesto Zedillo copió a la letra el programa y lo hizo suyo, pero sólo para abandonarlo totalmente. El gobierno de Fox imitó al de Zedillo.



La crisis que estamos viviendo, provocada por los barones de la droga, quizá no sería así si hubiéramos aprendido que una de nuestras grandes debilidades es la discontinuidad en nuestros esfuerzos. Hoy estamos viviendo la falta de seguimiento de una política de Estado que mereció en el seno de la OEA amplios reconocimientos. Se trata del Programa Nacional para el Control de Drogas y fue la base para que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara, por aclamación, una propuesta de México sobre la materia en 1993. Estamos viviendo como lo confesó el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, el resultado del abandono y del descuido.

 

 

Se inició con Salinas

 

Este programa tuvo su origen en el sexenio de Carlos Salinas y fue la respuesta nacional ante el complejo problema de las drogas. Fue un programa sistémico, armónico y comprometedor de las instancias de gobierno y de la sociedad. Las tareas se materializaban en dos vertientes: la protección del ser humano y el combate a la delincuencia organizada. En el cumplimiento de él participaban las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Salud, así como la PGR, y se promovían la concurrencia de las autoridades estatales y la voluntad de la sociedad.

 

Rechazaba como enfoque único el enfrentamiento al narcotráfico por la vía militar o militarizada. Reconocía que la parte violenta del problema es sólo la parte externa del narcotráfico, pero que subyacen o la alimentan tres insumos que la hacen prevalecer: la existencia de un mercado, un tráfico de armas hacia México —que no ha sido atendido— y un flujo de capitales que financian las más costosas y extravagantes operaciones y caprichos de los señores de la droga.

 

En aquel tiempo, el mercado era casi exclusivamente el norteamericano. La demanda consolidada estaba y sigue estando al norte de río Bravo, por más que las adicciones estén creciendo en México, entre otras cosas por el abandono del programa.

 

Dicho programa no veía con exclusividad el problema del tráfico. Tenía principios de alto interés social y nacional: reservar la salud integral de los mexicanos, salvaguardar la soberanía y seguridad de la nación y fortalecer la solidaridad con la comunidad internacional.

 

La parte social del programa expresaba una enorme dedicación por la integridad del mexicano. La prevención de las adicciones, que se promovía a través del sector educativo, con el apoyo de la sociedad, particularmente las asociaciones civiles; la rehabilitación de los adictos, y en el campo, el apoyo a campesinos marginados para encontrar la posibilidad de dedicarse a una producción alternativa a la de marihuana o amapola.

 

La cooperación internacional fortaleció en aquel entonces el amplio prestigio de que México gozaba promoviendo una política de Estado sólida y creíble y una cooperación regional y bilateral respetables y respetuosas de las soberanías de las naciones amigas.

 

Todo ello requería además de la aportación de las dependencias, estados y sociedad solidaria, de la modernización de aparatos del Estado, específicamente diseñados para el caso. Por razones de estrategia se decidió desarrollar en primer lugar el órgano de inteligencia Cendro (Centro de Planeación para el Control de Drogas), que pudiera ofrecer la información necesaria para el combate a las distintas modalidades del delito. Se creó y le fue construida una instalación ad-hoc en algún sitio de la ciudad de México. La negociación de la tecnología fue un embrollo. Las empresas proveedoras no la venderían sin la autorización formal del gobierno norteamericano, así la verdadera negociación fue con el gobierno y no con el proveedor. Se logró la adquisición gracias a la confianza que aquel gobierno había desplegado hacia el gobierno de México.

 

Esto y la promoción por México de un Sistema Hemisférico de Información para el Control de Drogas, en el que participaban una veintena de países permitía —además de conocer los movimientos de criminales— seguir en tiempo real los vuelos ilegales desde sus inicios en el Cono Sur así como su paso por Centroamérica y su internamiento y lugar de destino en nuestro territorio.

 

Era capaz el Cendro de conocer mediante fotografía satelital la localización de los sembradíos ilegales y, por ende, lograr grandes economías en las tareas de erradicación de la PGR y del Ejército mexicano. Se creó en él un Sistema Uniforme Estadístico que permitía conocer de manera estandarizada y oportuna, bajo un solo criterio, la evolución del problema. Se integró un registro dinámico de organizaciones y personajes criminales.

 

Instituto para el control de las drogas

 

La siguiente tarea fue la creación del Instituto Nacional para el Control de Drogas, que materializaba, de manera orgánica, las responsabilidades que ya se habían venido desarrollando a la luz del programa en los campos de la prevención y rehabilitación, de la educación, de la agricultura, de las comunicaciones, de la cooperación internacional. Su órgano de gobierno, constituido por los subsecretarios responsables del tema que en cada dependencia realizaba la planeación, dirección y supervisión. Se incorporaba al Instituto el Cendro como órgano de inteligencia; disponía de un sistema de intercepción de aeronaves ilegales y de un sistema de detección y erradicación de cultivos; un área de cooperación internacional; un área de atención a derechos humanos y además de un cuerpo de ministerios públicos y policías judiciales que atenderían la parte de averiguaciones judiciales y de operaciones policiales.

 

Con esta concepción de líneas estratégicas se logró la visión y atención integral del fenómeno que significa: fortalecer las acciones de prevención y rehabilitación, abrir opciones de producción agrícola legal a campesinos marginados, el fortalecimiento del cumplimiento de la ley, modernizar la estructura del Estado destinada al control de drogas ilícitas, la concertación con los estados y con la sociedad y una amplia cooperación internacional con la que, además de la cooperación con otros países, se inició la relación con la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, del Departamento del Tesoro, responsable de controlar todo el mercado lícito e ilícito de armas en Estados Unidos y con la DEA a la que, ante ciertos excesos, se le establecieron reglas de permanencia y actuación en nuestro país.

 

Destino, destrucción

 

¿Cuál fue el destino de todo este esfuerzo?: su destrucción sistemática obedeciendo a motivos imposibles de sondear. El gobierno de Ernesto Zedillo copió a la letra el programa y lo hizo suyo pero sólo para abandonarlo totalmente. El gobierno de Fox imitó al de Zedillo y la demolición de las instituciones continuó.

 

Al Cendro, ante la supuesta incapacidad declarada de parte de la PGR para operarlo, lo puso en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Posteriormente, en una confusión con base en la desinformación, le cambiaron su función y destino, alteraron sus delicadísimos mecanismos y pretendieron que fuera útil para conocer de todo tipo de delito. Sigue siendo manejado por la Defensa Nacional.

 

El Instituto muy pronto fue desaparecido por decreto presidencial y se creó una “fiscalía especializada” que se hundió en la burocracia de una subprocuraduría y redujo el esfuerzo integral y sistémico a una visión policial. Sus instalaciones, adaptadas para especiales condiciones, fueron ocupadas por alguna dependencia de la procuraduría en Plaza de la República. Consecuencia de esto, las dependencias federales que antes tenían determinadas tareas que cumplir en la materia las fueron abandonando, los estados postergaron el esfuerzo y la sociedad se vio sola frente a un fenómeno que, como está claro, cada día la lastima más.

 

Consecuencia en gran medida de lo que se ha expuesto es la situación que estamos viviendo y el pronóstico es desalentador ante condiciones totalmente desfavorables: el mercado demandante de droga crece, el flujo de armas es imparable, a los capitales financieros nadie los confisca y la autoridad es evidentemente débil y no tiene proyecto, experiencia ni dirección.

 

Tiene razón el subprocurador Vasconcelos: estamos viviendo el resultado del abandono y del descuido.

 


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