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Carta abierta al Presidente de la República :: Drogas México
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Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas CUPIHD

Detención policiaca
Carta abierta al Presidente de la República
130612 Cybeboletín CuPIhD 698


Bienvenido al debate, señor presidente Qué bueno, señor presidente, que le entra a una discusión abierta en diferentes ámbitos del espacio público desde hace tiempo. Como bien dijo usted, en una sociedad democrática el debate es consubstancial. Una sociedad libre, como la que desde hace años la ciudadanía mexicana ha venido construyendo, no...
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Carta abierta al Presidente de la República

Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas CUPIHD, Alejandro Madrazo Lajous, Jorge Javier Romero, Luis Astorga

Lunes 16 de agosto de 2010 (16/08/10)
Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas CUPIHD Bienvenido al debate, señor presidente



Qué bueno, señor presidente, que le entra a una discusión abierta en diferentes ámbitos del espacio público desde hace tiempo. Como bien dijo usted, en una sociedad democrática el debate es consubstancial. Una sociedad libre, como la que desde hace años la ciudadanía mexicana ha venido construyendo, no necesita de la luz verde presidencial para discutir los temas que le afectan, por más que el antiguo presidencialismo omnmodo nos haya acostumbrado a ello. Por eso, hace más de diez años que en la sociedad mexicana ha habido voces en la academia, en las organizaciones de derechos humanos e incluso en la política, que han sostenido a contracorriente la necesidad de un cambio radical en la política de drogas. No solo para quitarle poder al crimen organizado sino, fundamentalmente, porque la prohibición no sirve para enfrentar con eficacia los problemas de salud pública asociados al consumo de substanciasy a las adicciones –inclusive los empeora.

Diferentes grupos políticos y de la sociedad civil, incluidos los consumidores de cannabis, han planteado la necesidad de enfrentar el tema de las drogas desde una perspectiva diferente a la de la restricción de la oferta por medio de la fuerza del Estado o bien han planteado el reclamo por las libertades personales atacadas por los prejuicios. Ha habido foros en la Cámara de Diputados y en el Senado. El único que no le había entrado al debate hasta el momento, señor presidente, la única instancia que ha mantenido el debate penalizado y ha puesto oídos sordos a lo que ya discutía la sociedad y sus intelectuales, artistas y académicos, políticos y jueces, ha sido el Ejecutivo Federal.

Así, bienvenido al debate. Qué bueno que expone de entrada su punto de vista y qué bueno que dice que el asunto principal para mantener la prohibición de las drogas es la posibilidad de que se generalicen las adicciones entre los jóvenes, porque entonces pone el tema en el terreno de la política de drogas y no exclusivamente en el de la seguridad.

La prohibición ha llevado a criminalizar y a segregar a los consumidores de drogas duras, sobre todo de opiáceos inyectables, como la morfina y la heroína. En este contexto, el resultado trágico es que los adictos a esas drogas, con un poder de enganche sólo equiparable al de la nicotina, se ven en la necesidad de robar, prostituirse o dedicarse al tráfico en pequeña escala, para satisfacer su adicción; las sustancias que consumen están adulteradas, lo que los hace víctimas de intoxicaciones y sobredosis; su situación de clandestinidad y la necesidad de la droga por sobre cualquier otra cosa hace que compartan jeringuillas contaminadas y sean uno de los grupos más vulnerables al VIH SIDA y a otras enfermedades transmisibles y mortales, lo mismo que a gangrenas que conducen a amputaciones. Si la heroína y la morfina fueran accesibles a los adictos en centros especializados, en condiciones sanitarias adecuadas, bajo vigilancia médica, sin costo y con información sobre alternativas de desintoxicación, ninguno de los problemas de salud asociados al consumo de opiáceos inyectables que se han mencionado existirían.

Usted afirma que entonces habría muchos más adictos. La experiencia internacional nos indica que eso no es verdad y que el riesgo se podría evitar. En el momento en que la disponibilidad de la droga fuera regulada y despenalizada, los delincuentes dejarían de tener incentivos para conseguir nuevos adictos y dejarían de merodear escuelas y poblaciones vulnerables. Una fuerte campaña de prevención centrada en información fidedigna sobre los daños específicos de esas drogas entre los jóvenes conduciría a un mejor resultado del que nos ha ofrecido la “guerra contra las drogas” hoy vigente. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en que sean nuestros hijos los que no lleguen a las drogas y no al revés.

Este es un ejemplo de cómo manejar a una droga mediante una regulación razonable y sin prohibición penal.Desde la perspectiva de la salud pública cada tipo de droga debe ser tratado de manera diferente, específica. No puede darse el mismo trato a los opiáceos inyectables que a la cocaína, las metanfetaminas o la marihuana y esperar buenos resultados. Respecto a esta última, la prohibición no se sostiene desde ninguna perspectiva de salud pública. ¿Nos puede decir cuántos muertos ha habido durante su sexenio directamente por consumir marihuana? En cambio, su prohibición es una buena parte del negocio de los delincuentes: se trata del mercado más amplio en términos de consumidores.

Nuestra propuesta se basa en la comprensión del problema de la prohibición como un asunto con fuertes connotaciones internacionales y estrechamente ligado a nuestra relación con los Estados Unidos. Es una posición que pretende balancear lo que se puede hacer hoy en México, con lo que es necesario enfrentar ante los organismos internacionales y la relación directa con los Estados Unidos.

En primer lugar, señor presidente, es indispensable dejar de prohibir la marihuana. En Estados Unidos, su cultivo y venta para fines médicos ya es legal en 16 estados y posiblemente en noviembre sea plenamente legalizada para consumo lúdico en California, una de las economías más pujantes del mundo y una de las sociedades más cercanas, en geografía y cultura, a la nuestra. No tiene sentido mantener la prohibición en México. Despenalizar la marihuana y regularla debidamente es posible sin violar acuerdos internacionales. Bastaría con legalizar la producción industrial del cáñamo, reglamentar los usos médicos y tolerar los usos lúdicos y la producción doméstica destinada a ellos. Nuestro colectivo, a través de la diputada Elsa Conde, presentó en la pasada legislatura las iniciativas de ley que lo harían posible, sin ninguna afectación a los compromisos internacionales de México.

En segundo lugar, es indispensable que México adopte plenamente la perspectiva de reducción del daño para enfrentar el problema de las adicciones a los opiáceos inyectables. Se habilitarían centros de acogida donde se proveyera de las substancias bien dosificadas con buen grado de pureza a quienes lo solicitaran, con jeringuillas nuevas y en condiciones sanitarias adecuadas y con opción a la rehabilitación. Al mismo tiempo, una campaña nacional bien focalizada e informada sobre los peligros de esa adicción específica. Se trata de destruir de inmediato ese mercado interno; el Estado, a través de su sistema de salud, controlaría el acceso legal a las sustancias y se seguiría persiguiendo el tráfico internacional.

Estos pasos estarían lejos de resolver el problema del mercado clandestino de las drogas ni acabarían con los males de salud provocados por la prohibición, pues están ahí, en el centro del problema, la cocaína y las metanfetaminas. Para enfrentar de lleno el asunto y acabar reducir al máximo el mercado clandestino, para que dejen de ser los delincuentes los que regulan la disponibilidad, la calidad y el precio de las drogas o las modalidades de su consumo, para que sea el Estado el que defina razonablemente esos temas, es necesario que el cambio sea internacional. México debe hacer frente común con países de la región que más padecen los estragos de la guerra contra las drogas - Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Ecuador y Argentina- así como con Canadá en una coalición que encabece el cambio de política de drogas en el mundo, sobre todo frente a los Estados Unidos.

La oportunidad de esa estrategia está sobre la mesa. En los Estados Unidos la administración del presidente Obama ha adoptado una perspectiva mucho más realista respecto al tema de las drogas, como lo demuestra la tolerancia del gobierno federal respecto a los estados donde es legal la mariguana médica. El cambio político en Colombia, país que ha vivido con más crudeza el reto de la violencia generada por traficantes, paramilitares y guerrilla financiada principalmente con el dinero del tráfico de cocaína, abre quizás una oportunidad de construcción de una posición común tendente a la liberalización.

Una vez que, como nación, decidamos abandonar la mala política pública mal llamada “guerra contra las drogas”, los modelos de regulación de los mercados de substancias están delineados y sólo haría falta adaptarlos a las condiciones específicas de México. Mientras tanto, es necesario modificar la estrategia y centrarse en el tráfico de armas y en los flujos financieros para irlos debilitando. Dirija los recursos públicos a mejorar la inteligencia financiera a fin de estar en condiciones de asestar golpes significativos y sistemáticos –y no sólo accidentales o esporádicos– a la delincuencia organizada; apoye la reforma judicial que nos brinde mayor transparencia y celeridad en un sistema de justicia penal en el que ya nadie cree; impulse una reforma carcelaria que readapte a los jóvenes que delinquen, en lugar de subsidiar sus delitos y encaminarlos en una carrera criminal de largo aliento; invierta en campañas bien diseñadas de prevención de la violencia, sobre todo entre jóvenes, como tentativamente ha comenzado a hacer en Ciudad Juárez al aceptar que la violencia es ya una epidemia que amenaza la salud pública de la población fronteriza; invierta en el campo –tan lastimado por la corrupción de los funcionarios encargados de canalizar los recursos públicos correspondientes– a fin de ofrecer a la población campesina de nuestro país alternativas reales que le permitan optar por no convertirse en la mano de obra o el ejército de reserva de la delincuencia organizada.

Sobre todo, proponemos que el eje rector de la política de drogas en México sea el mandato constitucional que obliga al gobierno a proteger la salud de toda persona en el territorio nacional. Hasta ahora, lejos de proteger, la política de drogas vigente expone a nuestra población a un mercado regulado por delincuentes y a una violencia que cobra muchas más vidas de las que la quimera de la erradicación total de las drogas protegería, de ser un objetivo realista.

Estas son, señor presidente, nuestras propuestas.




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ricardelico :
Hay prioridades más importantes que criminalizar la cannabis: investigar y perseguir el tráfico de armas y el lavado de dinero, para empezar. Difundir cifras sobre los daños reales ocasionados por las drogas: en primer lugar los borrachazos, los daños a pulmones e hígado (por tabaco y alcohol, que son legales), la violencia entre pares e intrafamiliar (por alcohol principalmente), y el contagio del SIDA por usar agujas contaminadas. Para hablar de políticas de drogas es necesario comenzar por un inventario similar.
18/08/2010 | 11:07
en Carta abierta al Presidente de la República
   
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