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Consumo y tráfico

Rafael Ruiz Harrell

Lunes 31 de julio de 2006 (29/01/07)
Reforma ver en reforma.com

[Una ley que faculta a la policía regular como auxiliar de la federal en el combate al narco, equivale en la práctica a darles carta blanca para que extorsionen a los drogadictos que no tienen en qué caerse muertos]



[columna La ciudad y el crimen]

 

 

En el vasto mundo del narcotráfico es necesario distinguir dos grupos. Uno, el más numeroso, está formado por quienes consumen drogas de uso ilícito y son adictos a ellas. El otro, con mucho el más reducido, lo integran quienes les venden tales drogas a los primeros. Los primeros requieren sobre todo auxilio médico, terapia psicológica, apoyo. Los segundos merecen castigo.

 

El problema está en cómo distinguir a unos de otros, ya que no hay una barrera fija que los separe. Es obvio que los extremos son fácilmente distinguibles —digamos el gran narco del muchachito idiotizado por andar inhalando goma de zapatero—, pero hay una frontera en la que con frecuencia se mezclan unos y otros: el vendedor usa a un adicto como "mula" para que distribuya o venda pequeñas cantidades, con lo cual además de ser un enfermo que merece ayuda, se convierte en un traficante que se ha hecho acreedor a un castigo.

 

A falta de un criterio objetivo y simple, tan simple que pueda aplicarlo el policía de la esquina, la ley dio con una fórmula que aunque es incapaz para resolver el problema en definitiva, cuando menos sirve para evitar un gran número de injusticias: se considera que una persona no es traficante, sino adicta, si se descubre en su posesión sólo la cantidad de droga necesaria para su propio y personal consumo. Si trae un cigarro de marihuana, una pastilla de LSD o quinientos miligramos de cocaína, la ley considera que es irracional pensar que está dedicado al tráfico de drogas ilegales y, en consecuencia, en lugar de remitirlo al ministerio público como autor de crímenes contra la salud, debe enviárselo a un hospital o a una agencia privada dedicada a auxiliar a quienes consumen compulsivamente tales sustancias.

 

Hasta hace unas semanas para poder detener y acusar a alguien de narcotraficante era necesario, por una parte, encontrar en su posesión una cantidad de drogas de uso ilícito superior a la que el Código Penal considera de uso personal, y por la otra ofrecer datos o pruebas que permitieran comprobar o inferir con certeza que esa persona se dedica al narcotráfico.

 

Sumando uno más a sus múltiples errores, la Suprema Corte cambió el criterio en julio y ahora basta con lo primero: la cantidad es suficiente por si sola para probar si puede acusárselos o no de narcotraficantes. Para hacer más fácil la tarea policíaca, lo demás ya no es necesario.

 

Y el colmo

 

Por desgracia el problema no termina ahí porque, también meses atrás, Vicente Fox tuvo un destello de talento y se le ocurrió que si todos los policías de la República, fuesen federales o locales, judiciales o preventivos, unían fuerzas en la lucha contra el narcotráfico, iba a ser pan comido acabar con ese flagelo. Sin más y creyendo que nos hacía un beneficio, promovió una ley facultando a la policía regular como auxiliar de la federal en estos asuntos. Lo que hizo en verdad fue darles carta blanca para que extorsionaran a los drogadictos que no tienen en qué caerse muertos.

 

No obstante, la nueva disposición dio origen a la protesta de los policías locales: ¿cómo estaba eso de que si era poquita la droga ya no podían ponerlos a disposición y se quedaban sin cumplir su cuota de arrestos? ¿Qué los legisladores no entienden que el narcomenudeo se trata de eso, de que anden con pequeñas cantidades para que no puedan consignarlos? Joel Ortega, el secretario de Seguridad Pública del DF y uno de los hombres más incapaces que haya llegado a ese cargo —y vaya que ha habido ejemplares inenarrables—, ha estado insistiendo en que hay que iniciar la indagatoria contra todo el que traiga droga, sea la cantidad que sea, porque si se los dejan libres "se desprestigia el trabajo de la SSP y sus agentes se desilusionan".

 

¿Qué realmente será Ortega tan cerrado que no puede llegar a entender que si algo desprestigia el trabajo de la secretaría a su cargo es que esté dedicada a encerrar inocentes? ¿No es surrealismo puro que el jefe de policía de una capital como la nuestra sostenga que hay que encerrar a quien se pueda sólo para que sus policías "no se desilusionen"?

 

El año pasado los reos que están en las cárceles de la República detenidos por posesión o consumo de drogas de uso ilícito superaron al 40 por ciento del total. El de los traficantes no llega al uno por ciento. ¿Será ese el camino para alcanzar la seguridad pública, encerrar a quienes requieren de ayuda? ¿Seguir confundiendo a la represión con la justicia?

 


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