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Informe del IDPC: México y su Ley contra el narcomenudeo :: Drogas México

Narcomenudeo
La Ley contra el Narcomenudeo por primera vez distingue entre consumidores, narcomenudistas y narcotraficantes, y atribuye a instancias locales el conocimiento de casos de narcomenudeo

Facultad concurrente de congresos locales con Congreso de la Unión para le
Informe del IDPC: México y su Ley contra el narcomenudeo
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones


El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) es una red mundial integrada por organizaciones no gubernamentales (ONG) y redes profesionales que está especializada en cuestiones relacionadas con el uso y la producción de drogas fiscalizadas. El Consorcio trabaja para fomentar un debate objetivo y abierto sobre la eficacia, la...
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Informe del IDPC: México y su Ley contra el narcomenudeo

Carlos Alberto Zamudio Angles, International Drug Policy Consortium IDPC

Martes 1 de marzo de 2011 (19/04/11)
International Drug Policy Consortium IDPC ver en idpc.net





El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) es una red mundial integrada por organizaciones no gubernamentales (ONG) y redes profesionales que está especializada en cuestiones relacionadas con el uso y la producción de drogas fiscalizadas. El Consorcio trabaja para fomentar un debate objetivo y abierto sobre la eficacia, la dirección y el contenido de las políticas de drogas en el ámbito nacional e internacional, y apoyar las políticas que se fundamentan en evidencias científicas que reducen eficazmente los daños relacionados con las drogas. La red publica asimismo informes ocasionales, difunde los informes de sus organizaciones miembros sobre cuestiones específicas relacionadas con las drogas, y ofrece servicios especializados de asesoría a encargados de políticas y funcionarios de todo el mundo.

Introducción

Este ensayo pretende hacer un balance de los resultados de la “Ley contra el narcomenudeo”, tras su entrada en vigor hace poco más de un año. Lo que se conoce como “Ley contra el narcomenudeo” es en realidad una serie de reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones de la Ley General de Salud (LGS), del Código Penal Federal (CPF) y del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP) y que involucran el comercio, la posesión y/o el suministro de ciertas cantidades de las drogas ilícitas de mayor consumo en México (Segob, 20/08/09). Para hacer este balance tomo en consideración los siguientes puntos:
1. los antecedentes mostrados en estadísticas delictivas y otros documentos oficiales
sobre la dinámica del comercio de drogas ilícitas.
2. las principales modificaciones de las leyes, mediante el análisis de las reformas federales y locales de las entidades que ya la aplican.
3. las principales reacciones de instituciones
y representantes involucrados, ya sean locales, nacionales o internacionales.
4. las dificultades actuales y futuras de los
representantes involucrados en la aplicación de la ley, basados en sus propios
datos oficiales.
Por último, este balance se cerrará con algunas recomendaciones sobre las medidas sociales que deberían acompañar la aplicación de dicha la ley.

1.Antecedentes de la Ley contra el narcomenudeo

En este apartado se presentan algunos de los antecedentes políticos, históricos y sociales de la “Ley contra el narcomenudeo”. En este sentido, es necesario señalar que la nueva ley forma parte de un paquete de reformaslegislativas que también incluyen la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, la Ley de la Policía Federal y la Ley orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), además de un conjunto de leyes penales destinadas a agilizar los procesos en los tribunales. Este paquete de reformas deriva de los compromisos suscritos en el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (ANSJL) firmado el 21 de agosto del 2008. En lo específico, el Ejecutivo Federal se comprometió a formular, en colaboración con las entidades federativas, “una estrategia nacional contra el narcomenudeo”, mientras que el Legislativo Federal se comprometió a establecer “competencias concurrentes para combatir el narcomenudeo así como reglas que permitan su aplicación” (Segob, 25/08/08).

Al hacer concurrente la persecución e impartición de justicia por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, el ejecutivo y legislativo federal pretenden que las entidades federativas se hagan cargo de ciertos delitos por posesión, comercio y/o suministro de pequeñas cantidades de drogas. Los agentes de las procuradurías locales pueden negarse a tomar dichos casos si se consideran a sí mismos incompetentes.

Antes de la entrada en vigor de la “Ley contra el narcomenudeo” la persecución e impartición de justicia por delitos contra la salud eran responsabilidad exclusiva de las instituciones federales. Esto se debía en parte a que durante el siglo de prohibición global de drogas México jugó el papel de campo de cultivo de las mismas, principalmente adormidera y mariguana . Dicho papel cambió con las campañas de interdicción en el Caribe, ruta principal de trasiego de cocaína hasta ese momento, pero México no contaba con las instituciones adecuadas para contener el mercado de consumo. En ese mismo lapso de tiempo, el mercado interno de drogas se mantuvo prácticamente limitado a la mariguana y sólo en la última década se empezó a reconocer oficialmente su crecimiento (Cameras, 2006), principalmente derivado del aumento en el consumo de cocaína y anfetaminas, cien y seiscientos por ciento, respectivamente, en 6 años (Secretaría de Salud, 2009). Y aunque el tamaño del mercado de drogas interno mexicano es limitado en comparación con otros países latinoamericanos (Aguilar y Castañeda, 2009), su crecimiento ha impactado en el aumento de delitos federales y contra la salud en general y en la necesidad de desarrollar nuevas políticas en la materia.



En la Tabla 1 se observa la importancia de los delitos vinculados al narcomenudeo (posesión, comercio y suministro) y que representan la casi totalidad de los delitos contra la salud. Una tercera parte del total de los delitos federales fueron llevados a cabo en la capital del país, lo cual indica la importancia que tienen estos casos, en términos presupuestales y de carga laboral, para las instituciones de procuración e impartición de justicia federales. Estos son los principales motivos del ejecutivo federal para plantear la legislación que hace de estos delitos materia de competencia "concurrentepara las entidades federativas.

En términos legislativos, el antecedente directo sobre posesión y comercio de cantidades limitadas de drogas se encuentra en el decreto propuesto por el Presidente Vicente Fox en el 2003, en el que se proponía la modificación de las leyes en materia de narcóticos por motivos similares. Sin embargo, tras haber sido aprobado por ambas cámaras en el 2006, la ley fue vetada tras recibir presiones de Washington, lo cual se interpretó como una "despenalización del consumo" (El Universal, 05/05/06).

2.Descripción de la ley

Este apartado hace énfasis en algunos cambios
derivados de la "Ley contra el narcomenudeo"
.
Los aspectos a resaltar son tres:

1) la concurrencia en la procuración e impartición de justicia en materia de narcomenudeo.

2) la distinción entre consumidores, "narcomenudistas" y traficantes mayoristas según la cantidad de drogas en posesión.

3) las medidas transitorias que acompañan la publicación de las reformas en el Diario Oficial de la Federación (Segob, 20/08/09).

Como ya hemos visto, la procuración e impartición de justicia en los casos de narcomenudeo anteriores a la "Ley contra el narcomenudeo" era exclusivamente de competencia federal. Las únicas autoridades locales que tenían la obligación de intervenir eran los agentes de las policías preventivas, encargadas de detener a los inculpados por delito flagrante, y los guardias del sistema



penitenciario. Ahora, como parte de la "estrategia nacional contra el narcomenudeo", la legislación determina que la federación debe compartir con las entidades federativas las competencias de procurar e impartir justicia en los casos de posesión, comercio y suministro de hasta mil veces las cantidades establecidas en la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato.

Otros aspectos de la ley a resaltar son:

1) los consumidores sorprendidos, en una primera o segunda ocasión, en posesión de cantidades de drogas menores a las establecidas en la tabla no serán sancionados penalmente, sino que serán recomendados para someterse a tratamiento, mientras que quienes reincidan una tercera vez estarán obligados a recibirlo. Cómo se les obligaría no queda establecido, lo que deja abierta la posibilidad para que las autoridades actúen discrecionalmente ante los distintos casos.

2) los consumidores sorprendidos con cantidades superiores a las establecidas en la tabla serán penalizados con un mínimo de 10 meses de prisión, incluso cuando se pruebe que no era para su venta o suministro (Artículo 477, LGS). Debe enfatizarse que aunque la "Ley contra el narcomenudeo" diferencia a consumidores de traficantes, también legaliza la prisión para aquellos consumidores encontrados en posesión de cantidades ligeramente superiores a las establecidas para consumo "personal e inmediato".

Lo que no queda señalado en esta ley, aunque le concierne, son las medidas transitorias que se publican con ella. Estas son:

1) La ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

2) Se da un año de plazo para que legislaturas locales y Asamblea legislativa del Distrito Federal adecuen las legislaciones locales.

3) Se dan tres años de plazo para que la federación y las entidades federativas realicen las acciones necesarias para darle cumplimiento (Segob, 20/08/09).

La importancia de las medidas transitorias es que, como se detalla adelante, han servido como justificación a varias autoridades locales para no aplicar la ley vigente.Cabe destacar que entre la aprobación legislativa, el 28 de abril del 2009, y la publicación de la ley, el 20 de agosto del 2009, hubo un lapso de poco más de 3 meses en el que incluso los presidentes de las comisiones de Justicia y Seguridad y el vicepresidente del Senado le exigieron al presidente de la República que no aplicara el llamado "veto de bolsillo" (El Economista, 06/08/09), ante los rumores de que el presidente Felipe Calderón vetaría la ley contra el narcomenudeo por presiones de la iglesia (El Siglo de Torreón, 14/05/09).

3.Reacciones ante la Ley contra el narcomenudeo

El concepto de la "Ley contra el narcomenudeo"divide el mundo de los consumidores y el de los traficantes, de ahí la interpretación, parcialmente cierta, de que no criminaliza el consumo de drogas. Así, cuando se promulgaron las reformas, los medios resaltaron la posibilidad de poder portar ciertas cantidades de drogas sin que esto derivase en el ejercicio penal en contra del portador, interpretando así la ley como una despenalización o permisividad del consumo de drogas ilícitas. Por ejemplo, El Economista publicó lo siguiente en su página web: "Permiten el consumo de narcóticos"(20/08/09). Esta interpretación trascendió las fronteras del país, y el diario inglés "The Guardian" publicó un artículo en el que se señalaba el cese de la persecución de personas portadoras de pequeñas cantidades de drogas (31/08/09). La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes también señaló su preocupación en cuanto a que dicha ley pudiera transmitir un mensaje erróneo (JIFE, 2010).

Con la difusión de esta interpretación despenalizadora los legisladores que aprobaron la Ley tuvieron que salir en su defensa. Por ejemplo, Guillermo Tamborrel, Senador del PAN por Querétaro, negó que dicha ley legalizase las drogas (El Economista, 15/05/09) enfatizando que, por el contrario, "no vamos a permitir que un drogodependiente y menos un narcomenudista se acerque a menos de 300 metros de una escuela, como lo marca la ley, y quien sea detenido será sancionado con penas de cárcel que pueden ir de diez meses a tres años, incluso cuando sólo tenga en su poder una dosis mínima o para consumo personal" (El Siglo de Torreón, 14/05/09).

Por otra parte, las procuradurías y tribunales locales son los principales afectados por la nueva ley. Estas instituciones han levantado su voz para señalar su negativa a aplicarla, por lo menos hasta que se cuenten con los recursos }suficientes. En este sentido, procuradores de justicia de todo el país coinciden en señalar la imposibilidad financiera y material para darle cumplimiento en breve, y subrayan el desacuerdo con el gobierno federal sobre que se apliquen ya las estructuras operativas para combatir el narcomenudeo. Por ejemplo, Renato Sales Heredia, procurador de Campeche, señaló que "la ley no es muy clara, ya que los artículos transitorios manejan diversos tiempos para su aplicación. Inclusive, establecen hasta tres años para entablar una estrecha relación con la Secretaría de Salud para cuestiones de adictos" (La Jornada, 15/05/10).

Más recientemente Miguel Ángel Mancera, titular de la Procuraduría General de Justica del Distrito Federal (PGJDF), apoyó la medida de no recibir estos casos hasta que exista la coordinación necesaria, aunque aseguró que continúan realizando acciones en el tema del narcomenudeo (Ciudadanosenred.com.mx, 02/09/10). Mancera también mencionó que la ciudad de México no cuenta con los instrumentos suficientes para combatir el narcomenudeo, ya que entre el cuarenta y el sesenta por ciento de los asuntos que atendía la Procuraduría General de la República serán canalizados a las autoridades locales (La Jornada, 02/09/10).

A esta rebelión de las autoridades locales se suma el ex procurador capitalino Bernardo Bátiz, quien ha señalado que aún cuando la reforma constitucional convierte el narcomenudeo en delito concurrente, la federación sigue negándose a compartir el presupuesto, "es precisamente lo que las autoridades locales, Tribunal Superior y procuraduría, reclaman con razón". Bátiz incluso vaticina que "quizá el Distrito Federal y algún estado rico pueda asumir la nueva carga sin recursos frescos, pero la mayoría de los estados no lo podrán hacer" (La Jornada, 4/09/10).

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) también señaló que "El TSJDF no recibirá, bajo ninguna circunstancia, asuntos de narcomenudeo hasta que se agote el plazo de la implementación que fue concedido por la ley" (Ciudadanosenred.com.mx, 02/09/10), y mencionó que el primer obstáculo son los datos: "la carga de trabajo no se precisa con exactitud, el INEGI maneja un número, la Procuraduría General de la República maneja otro número y el Poder Judicial de la Federación, que es al que debemos atender nosotros, maneja otro número" y agregó que "de momento no tenemos ley, no podemos asumir ninguna responsabilidad" (Observatorio Político de Veracruz, 04/07/10). Así mismo, ha justificado su decisión al argumentar que "Ya tuvimos la desafortunada experiencia del traslado del Sistema de Justicia para Adolescentes , de ninguna manera esperamos que este asunto del narcomenudeo tenga las mismas consecuencias" ya que el setenta por ciento de los casos que lleva la Federación son de narcomenudeo (Ciudadanosenred.com.mx, 02/09/10).

En el mismo sentido Baruch Delgado Carbajal, presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), reconoció que la reforma que permite a los gobiernos locales perseguir el narcomenudeo tiene imprecisiones en sus artículos transitorios respecto a cuándo entra en vigor, y que por ello "algunos jueces estatales están admitiendo el trámite y otros están declinando su competencia por estimar que la participación y persecución es concurrente hasta agosto del 2012". Delgado Carbajal también precisó que la mayoría de ministerios públicos han preferido no aplicar la ley debido a la carga que esto implica, así como por el temor de convertirse en un blanco para sicarios del crimen organizado (Milenio, 03/09/10).

Sobre la confusión en las fechas, Lizbeth Loy Song Encalada, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, señaló que los gobiernos locales deberán enfrentar el narcomenudeo a pesar de los amparos y otros recursos legales promovidos, aunque destacó que no existe tiempo suficiente para capacitar a jueces y certificar a los demás funcionarios de los juzgados especializados para ello, y tampoco se cuenta con infraestructura y equipamiento suficiente (Noticaribe, 20/06/10).

Como resultado de esta oposición, y pese a que la ley promulgada marcaba un año a partir de su publicación como plazo para homologar las legislaciones locales, sólo diez de las treinta y dos entidades federativas ha cumplido con el transitorio "Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán.

Entre las legislaciones homologadas encontramos algunas más específicas en lo relativo a los vacíos dejados por la legislación federal. Por ejemplo, sobre cómo obligar a los drogodependientes a cumplir con los tratamientos, las leyes del estado de Chihuahua señalan el seguimiento del proceso penal en caso de que el tratamiento no sea aceptado (Gobierno del estado de Chihuahua (14/08/10), mientras que otros estados solo hacen vinculatorias las normas locales para aplicar la LGS (Gobierno de Puebla, 2010), manteniendo la discrecionalidad sobre el cómo obligar a los consumidores a recibir tratamiento.

En el resto de entidades federativas no hay certidumbre sobre la homologación de legislaciones locales y federales. En el caso del DF, las reformas de las leyes orgánicas de la Procuraduría General de Justicia (PGJDF) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJDF), las cuales facultarían a agentes del MP y jueces para conocer y perseguir el delito de narcomenudeo, ya fueron aprobadas en comisiones. Sin embargo, haciendo eco de magistrados y procuradores capitalinos, diputados del PRD, partido mayoritario en la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), señalaron que la aprobación de dichas reformas incrementaría la carga laboral del sistema de impartición de justicia, por lo que no sería posible legislar hasta que la federación asignase los recursos correspondientes para la capacitación y posterior aplicación de la ley (La Jornada, 29/06/10).

Por el contrario, y como apoyo a su aprobación, Carlos Flores, diputado local del PAN, señaló que "la estructura que tiene la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) es suficiente" (Reforma, 29/08/10). Lo cierto es que al cierre de octubre no ha sido aprobada ninguna reforma sobre la materia, por lo que los casos continúan siendo enviados a los ministerios públicos federales.

Paralelamente y para poder aplicar la "Ley contra el narcomenudeo", se legisló para convertir las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN), aparecidas en 2003, en Centros de Operación Estratégicas (COE) dependientes de las procuradurías estatales (Segob, 03/02/10). Paradójicamente, el estreno de las COE se realizó en Pachuca, Hidalgo, con la presencia del titular de la PGR Arturo Chávez Chávez (Visto bueno, 30/09/09), más de cuatro meses antes de que fuese promulgada la legislación correspondiente.

4. Resultados reales y posibles de la Ley contra el narcomenudeo

En este apartado se señalan algunas implicaciones y dificultades que tienen, o podrían tener, las instituciones locales, entre ellas las procuradurías y los tribunales aunque también las prisiones y los centros de salud, para aplicar la "Ley contra el narcomenudeo".

Ejemplos del resultado de la aplicación de la "Ley contra el narcomenudeo" los encontramos en los sistemas de justicia para menores. En el caso del DF, y desde que la ley entró en vigor, el TSJDF se ha responsabilizado de los delitos de narcomenudeo realizados por menores de edad a través de la creación de un Juzgado Único de Transición de Justicia para Adolescentes, el cual se hizo cargo del análisis y estudio de delitos contra la salud y otros delitos federales. Mónica del Valle,juez transitoria del TSJDF, ha señalado que se reciben un promedio de dos consignaciones diarias, quince o dieciséis casos a la semana, de menores por parte de la federación. El noventa por ciento de ellos están vinculados a delitos contra la salud y el noventa y nueve punto nueve por ciento de ellos son adictos.

Mónica del Valle también señaló que el narcomenudeo se ha convertido más en un problema de salud pública y seguridad social que en un delito vinculado al crimen organizado, ya que los jóvenes han encontrado en dicha actividad una fuente de ingresos, así como opciones de crecimiento y desarrollo. También señaló haber dado prioridad a las medidas de protección, como desintoxicación y reintegración social a través de programas escolares y de salud, sobre la internación, aunque también reconoció que no hay centros de tratamiento y clínicas de salud pública donde se pueda canalizar a los jóvenes para su rehabilitación (La Crónica de hoy,06/09/10).

Un resultado paralelo es el aval que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a la "Ley contra el narcomenudeo" al negarse a amparar a catorce personas que alegaron ser drogodependientes pero que fueron detenidos en posesión de cantidades mayores de droga que las establecidas para consumo personal (El Universal, 09/09/10).

Por último, es necesario señalar que entre los actores más afectados encaso de una aplicación estricta de la "Ley contra el narcomenudeo" estarían los sistemas de administración de justicia locales, ya que serían ellos los responsables de castigar a los inculpados. En este sentido, vale la pena recordar que por ejemplo, el Distrito Federal cuenta con una capacidad carcelaria de 21, 468 plazas, aunque tiene 40,102 presos al 31 de diciembre del 2009 (INEGI, 2010). La SSPDF detiene un promedio de más de siete mil personas al año por delitos relativos al narcomenudeo (SSPDF, 2008) y a la mayor parte no se les realizaba investigación previa por portar pequeñas cantidades de droga. No es difícil prever entonces, y en relación a las cantidades establecidas en las reformas, que el ya saturado sistema penitenciario no tardará en sumarse a la discusión o a la petición de más recursos.

Por su parte, las instituciones de salud que deberían atender a los adictos recomendados o obligados por las autoridades judiciales, señalan que corren grave riesgo al ser involucrados de esta manera, e incluso varios centros Nueva Vida que operan en las entidades de la frontera norte han recibido ya amenazas (Milenio, 29/10/10), razón por la cual empiezan a exigir que se les exima de las responsabilidades establecidas en la "Ley contra el narcomenudeo".


Conclusiones y recomendaciones

La "Ley contra el narcomenudeo" forma parte de un paquete legislativo relacionado con la seguridad pública nacional, y en tal entorno se ha convertido en una extensión de la pugna política entre el gobierno federal (PAN) y los gobiernos locales de partidos políticos de la oposición. Esto ha causado el retraso en el cumplimiento del tiempo estipulado para la homologación de las distintas reformas establecidas en esta Ley.

En su contenido, la "Ley contra el narcomenudeo" limita la discrecionalidad de las autoridades para discernir entre consumidores y narcomenudistas, pero las disposiciones implican la posibilidad de que simples consumidores sean tratados como delincuentes, pues sugiere que quienes sean encontrados en posesión de cantidades mayores a las indicadas sean castigados con cárcel, incluso cuando dicha cantidad no sea para su comercialización. Por otra parte, la discrecionalidad se mantiene en cómo obligarán a recibir tratamiento a quienes sean sorprendidos con cantidades de drogas en el margen de lo establecido por las nuevas disposiciones.

Esta situación puede derivar, por un lado, en un agravamiento de la saturación del sistema penitenciario nacional. De hecho, es en argumentos de este tipo donde algunos gobiernos locales sostienen su indisposición a homologar las reformas. Por tanto, se recomienda que los gobiernos locales establezcan penas alternativas a la privación de la libertad. Una de las opciones que se sugieren son las penas educativas, ya que están previstas en la Constitución mexicana y no contravienen ninguna de las convenciones ni tratados suscritos. Asimismo, las penas que involucran el trabajo comunitario son una alternativa que suele tener buenos resultados ya que incorporan elementos de la justicia restaurativa.

Por otro lado, las penas de cárcel por posesión de pequeñas cantidades de drogas pueden conducir a que policías corruptos las usen como argumento para amedrentar a los consumidores sorprendidos en posesión de cantidades dentro del límite establecido. Una recomendación importante sería entonces la incorporación de medidas que inhiban la extorsión de consumidores por parte de agentes estatales y, a la par, el sentimiento de exclusión de quienes son víctimas de ese abuso de poder. En ese sentido, correspondería a los organismos de derechos humanos habilitar opciones que hagan valer los derechos de los consumidores y que, por tanto, incidan en su inclusión en la sociedad.

Por último, una recomendación ya repetida por múltiples voces sería invertir una mayor proporción de los recursos usados en programas de seguridad en programas de salud pública, pues mientras mayor sea la proporción de recursos invertida en la reducción de la demanda y tratamiento de adicciones, menor será la necesidad de invertir en represión.


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ricardelico :
Se recomienda 'la incorporación de medidas que inhiban la extorsión de consumidores por parte de agentes estatales'. Corresponde 'a los organismos de derechos humanos habilitar opciones que hagan valer los derechos de los consumidores y q incidan en su inclusión en la sociedad.'
21/04/2011 | 15:32
en Informe del IDPC: México y su Ley contra el narcomenudeo
   
ricardelico :
'Que los gobiernos locales establezcan penas alternativas a la privación de la libertad. Se sugieren penas educativas, previstas en la Constitución mexicana y que no contravienen ninguna de las convenciones ni tratados suscritos. Asimismo, las penas que involucran el trabajo comunitario son una alternativa que suele tener buenos resultados ya que incorporan elementos de la justicia restaurativa.'
21/04/2011 | 15:30
en Informe del IDPC: México y su Ley contra el narcomenudeo
   
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