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Palos de ciego

Alejandro Encinas Rodríguez

Martes 5 de junio de 2007 (05/06/07)
El Universal Lo que hemos presenciado hasta hoy es una lucha errática contra el narcotráfico que busca notoriedad mediática y presentar una posición enérgica -por no decir de falso envalentonamiento- con magros resultados.



5 de junio de 2007

 

 

Nadie puede minimizar el problema que representa la penetración del narcotráfico y del crimen organizado en el país. Por el contrario, como he sostenido en diversas ocasiones, este es un problema de seguridad nacional y de salud pública que reclama acciones integrales de corto y largo plazos, que deben instrumentarse coordinadamente entre los diferentes órdenes de gobierno, y que más allá de la espectacularidad o del impacto mediático, vayan al fondo del problema y eviten escalar el conflicto y la impunidad con que actúa el crimen organizado.

 

Lo que hemos presenciado hasta hoy es una lucha errática contra el narcotráfico que busca notoriedad mediática y presentar una posición enérgica -por no decir de falso envalentonamiento- con magros resultados, y que al involucrar al Ejército mexicano en el centro de la estrategia se le ha vulnerado, pues ya se presentan algunos signos preocupantes: baja en el reclutamiento, desmoralización de la tropa, deserción en los cuerpos especiales, violación a derechos humanos en las acciones militares frente a la población civil, e incluso se ha cometido el exceso en el manejo mediático de las Fuerzas Armadas al convocar a medios de comunicación a presenciar operativos militares.

 

¿Qué se requiere? En primer lugar debe reconocerse que además de un asunto de seguridad pública es también:

 

Un problema de salud pública que demanda atenciones especiales no sólo en el combate a las adicciones, sino a las causas que las inducen.

 

Que es un problema de falta de expectativa y de integración social, pues es justamente en los jóvenes entre quienes se ha extendido el consumo y donde se desarrolla con mayor facilidad esta actividad ilícita.

 

Que es reflejo del abandono en que se encuentra el campo. Basta recordar la reciente declaración del presidente del Tribunal Agrario, quien reconoció que la tercera parte de las tierras cultivables del país se destinan al cultivo de estupefacientes, y que los tratos que reciben los campesinos del narco son más atractivos que aquellos que el gobierno les ofrece.

 

Que dentro de las acciones policiacas se debe detener a las cabezas de estas bandas quienes, de acuerdo con la información de inteligencia, se conoce su ubicación, sin que a la fecha se haya detenido a ninguno de los grandes capos que operan y residen en el país.

 

Que debe desmantelarse el enorme poder económico de estas bandas, las cuales, independientemente de que sean detenidas, mantienen las propiedades y recursos que obtuvieron de estas actividades ilícitas, lo que les permite operar desde los penales y reproducirse rápidamente.

 

Para ello, no se necesitan grandes operativos policiales; basta que la Secretaría de Hacienda y otras instituciones cumplan con su trabajo e identifiquen el origen de las enormes fortunas que se manejan en el sistema financiero del país.

 

Que deben darse pasos contundentes contra la impunidad y no sólo en el seguimiento a la actuación de jueces y otras autoridades, sino de manera puntual a los funcionarios públicos que se han asociado a estas actividades. Es un lugar común señalar que el narcotráfico ha penetrado y corrompido a las policías y distintos órdenes de gobierno, pero a la fecha no hay un solo gobernante sancionado, y que se asuma una posición digna frente a Estados Unidos, en la que el vecino del norte asuma su responsabilidad como principal centro de consumo.

 

Más allá de los desplantes mediáticos, de las políticas que pretenden generar miedo y que despiertan tentaciones autoritarias, que bajo el pretexto del combate al crimen organizado buscan conculcar derechos y libertades, se requieren acciones firmes que, independientemente de los retenes o la quema de plantíos -se tendría que incendiar la tercera parte del territorio-, den mejores resultados.

 

Se debe frenar a estos grupos, desmantelar su poder económico, acabar con la complicidad gubernamental donde exista, pero también reconocer, de forma clara, el profundo rezago social, la pobreza y desigualdad que vive el país, y el abandono del campo mexicano, lo que crea terreno fértil para esta actividad ilícita. Si esto no se reconoce, las acciones que se promuevan seguirán siendo, como hasta ahora, palos de ciego.

 

aencinas@economia.unam.mx

 

Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM




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