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Prohibir es mejor que legalizar?

Octavio Rodríguez Araujo

Jueves 21 de junio de 2007 (21/06/07)
La jornada ver en jornada.unam.mx

Si mañana se prohibiera el aceite de oliva, por ejemplo, en menos de un mes habría mercado negro del producto y junto con este mercado surgirían mafias que controlarían su producción y su comercialización.



Si mañana se prohibiera el aceite de oliva, por ejemplo, en menos de un mes habría mercado negro del producto y junto con este mercado surgirían mafias que controlarían su producción y su comercialización. Millones de personas en el mundo prepararían sus ensaladas clandestinamente y no faltaría el audaz restaurantero que organizaría, para socios especiales y a altos costos, comidas secretas preparadas con aceite de oliva. En muy poco tiempo surgiría, también en el mercado negro, el aceite de oliva adulterado, y miles de personas morirían por consumirlo. No pocos ingenieros químicos ganarían mucho dinero produciendo aceite de oliva alternativo con el sabor y el olor adecuados, como ocurrió con la margarina en vez de la mantequilla, o con los cafés solubles en lugar del natural. Sobra decir que los productores clandestinos y los contrabandistas corromperían a altos funcionarios de gobierno, y que éstos tendrían en sus alacenas cajas con botellas del precioso líquido oleaginoso y millones de dólares en sus cuentas secretas en Suiza.

¿Quieres provocar el surgimiento de mafias? Prohíbe un producto, súbele el precio exageradamente, aumenta su impuesto, hazlo -en pocas palabras- un objeto raro y difícil de conseguir, y si además es adictivo, mejor. Su precio aumentará todavía más, pero no dejará de venderse ni de consumirse. Nada escapa a la ley de la oferta y la demanda, ni siquiera en países de orientación socialista, y si el producto es adictivo sus usuarios robarán y hasta matarán por conseguirlo.

En el siglo XIX el opio, por ejemplo, se vendía en las farmacias como tal o como láudano (un preparado mixto para adormecer y disminuir los dolores en las personas que los padecían). Los británicos, los franceses y los estadunidenses eran los principales comercializadores del opio en el mundo. En 1909, en Shanghai, una docena de países, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y China, acordaron prohibir el tráfico no autorizado de opiáceos. En esa época el opio y sus derivados (morfina y heroína, los más populares) eran las principales drogas adictivas y nocivas para la salud. Después de la Segunda Guerra Mundial, a los productos extraídos de la adormidera siguieron otros: los derivados de las plantas de coca y de cannabis, además de drogas sintéticas y semisintéticas de semejantes consecuencias en la salud (tranquilizantes, alucinógenos, LSD, etcétera, algunas adictivas y otras no, pero sí peligrosas).

Antes de las prohibiciones, generalizadas más que nunca a partir de la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961, no había mafias de narcotráfico como las que conocemos ahora, de la misma manera que antes y después de la llamada ley seca en Estados Unidos (1919-1933) tampoco había mafias de contrabando y producción ilegal de bebidas alcohólicas.

El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías concluyó en 2000 que "una política de tolerancia respecto a las drogas no conduce necesariamente a un mayor consumo" (citado en Radio Nederland, 18/10/00); sin embargo, su prohibición no sólo no ha resuelto el problema del aumento de consumidores de drogas llamadas ilícitas, sino que ha aumentado su producción, distribución y venta, además de otras consecuencias colaterales de gran peligrosidad, como el comercio clandestino de armas, que también ha crecido. En México "cada día ingresan... unas 2 mil armas ilegales", indicó en entrevista con Reforma (17/06/07) Cuauhtémoc Sandoval, de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. El lavado de dinero es otra de las consecuencias del tráfico ilegal de fármacos.

En determinados países como Holanda, y en cierta medida como Gran Bretaña, no se penaliza el uso de drogas pero sí su producción, tráfico y posesión. En algunos municipios de Holanda (cada vez menos) se tolera, en las llamadas coffee shops, la venta de cannabis en varias de sus presentaciones (hierba y resina), pero se deben cumplir ciertas condiciones: no más de cinco gramos por persona adulta, no anunciar el producto, no vender drogas duras, no alterar el orden público y, desde luego, no vender a menores de 18 años. Aun así, en los últimos años se han cerrado muchas coffee shops, especialmente las ubicadas en las fronteras. Holanda es, por cierto, uno de los países más importantes del planeta en la producción de drogas sintéticas, un país de tránsito de heroína, cannabis y cocaína, uno de los países de Europa donde más se produce mariguana y donde se fabrica la tercera parte del éxtasis que se vende en el mundo. Empero la distribución y consumo de drogas ilegales, duras y blandas, es menor (en proporción a la población) que en Estados Unidos, España, Italia y Gran Bretaña. En la mayoría de los países occidentales de Europa se fuma más droga blanda (mariguana y hachís) que en Holanda, independientemente de si tienen leyes y políticas más tolerantes o más estrictas.

Las restricciones al consumo de productos nocivos para la salud han servido de poca cosa. Su legalización quizá no haga disminuir el número de consumidores, pero lo que sí es seguro es que el crimen organizado en torno de la producción y la distribución de drogas disminuiría hasta desaparecer y, junto con las mafias que controlan estos productos, también el lavado de dinero y en cierta medida el tráfico ilegal de armas. Y, además, las enormes cantidades de dinero (miles de millones de dólares por año) que los gobiernos se gastan en combatir el narcotráfico (o más bien a algunos cárteles de la droga) podrían invertirse en centros de atención y rehabilitación de drogodependientes, como ya ocurre en algunos países europeos. "La prosperidad del negocio se debe a su prohibición", escribió la senadora cristiana y liberal Viviane Morales en la exposición de motivos de su atendible proyecto de ley sobre los cultivos de coca que presentó al Congreso de la República de Colombia en agosto de 2001. Y tenía razón, pero no le hicieron caso, pues su proyecto de ley atentaba contra los grandes negocios relacionados con la droga en su país y contra el intervencionista Plan Colombia de Estados Unidos.


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