Loading
Buscar en Drogas México

   

Iniciativa sobre consumidores de cannabis :: Drogas México
trisección

Políticas

La iniciativa de Alternativa sobre la mariguana
Iniciativa sobre consumidores de cannabis
Por qué se debe legalizar la marihuana?


Por el que se reforman los artículos 24, 67, 193, 195 bis, 197, 198, y el apéndice del código penal federal, así como...Documento PDFINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 24, 67, 193, 195 BIS, 197, 198, Y EL APÉNDICE DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, ASÍ COMO EL TÍTULO DEL...
NOV
27
2 0 0 7

0 comentarios


Iniciativa sobre consumidores de cannabis

Elsa Conde

Martes 27 de noviembre de 2007 (28/11/07)
Congreso de la Unión ver en cronica.diputados.gob.mx

Por el que se reforman los artículos 24, 67, 193, 195 bis, 197, 198, y el apéndice del código penal federal, así como el título del capítulo v del título tercero del libro primero del mismo ordenamiento; se adiciona el capítulo xii del título segundo del libro primero código penal federal y se reforman los artículos 524, 525 y 526 así como el título del título decimosegundo y su capítulo iii del código federal de procedimientos penales de la ley, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del grupo parlamentario de alternativa socialdemócrata



Documento PDF

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 24, 67, 193, 195 BIS, 197, 198, Y EL APÉNDICE DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, ASÍ COMO EL TÍTULO DEL CAPÍTULO V DEL TÍTULO TERCERO DEL LIBRO PRIMERO DEL MISMO ORDENAMIENTO; SE ADICIONA EL CAPÍTULO XII DEL TÍTULO SEGUNDO DEL LIBRO PRIMERO CÓDIGO PENAL FEDERAL Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 524, 525 Y 526 ASÍ COMO EL TÍTULO DEL TÍTULO DECIMOSEGUNDO Y SU CAPÍTULO III DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE LA LEY, A CARGO DE LA DIPUTADA ELSA DE GUADALUPE CONDE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente Iniciativa de decreto que reforma los artículos 24, 67, 193, 195 bis, 197, 198, y el Apéndice del Código Penal Federal, así como el título del Capítulo V del Título Tercero del Libro Primero del mismo ordenamiento; se adiciona el Capítulo XII del Título

Segundo del Libro Primero Código Penal Federal y se reforman los artículos 524, 525 y 526 así como el título del Título Decimosegundo y su Capítulo III del Código Federal de Procedimientos Penales, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

Uno de los retos más importantes que tiene hoy el Estado mexicano es, sin lugar a dudas, la manera en la que debe enfrentar el tema de las drogas. Hasta ahora, las políticas públicas sobre drogas se han enfocado en el combate al narcotráfico y a las organizaciones criminales que lo llevan a cabo, pues los

delincuentes que se aprovechan de la existencia de una demanda social de drogas y que buscan aumentarla enganchando a niños y jóvenes al consumo representan un desafío mayúsculo para la autoridad. Sin embargo, el costo ingente de esta estrategia, sobre todo cuando se le contrasta con los resultados obtenidos hace necesario que, sin cejar en el combate al crimen organizado, se abra un debate público sobre la estrategia general del Estado

respecto a todo lo relacionado con el consumo de drogas, las adicciones, los consumidores, los narcodependientes y, en general, las políticas de educación, salud y prevención que deben formar parte de una visión mucho más amplia del fenómeno de las drogas que la simplemente policial.

La estrategia adoptada hasta ahora por el Estado mexicano respecto a las drogas está dominada por el principio prohibicionista que los Estados Unidos han impulsado en el mundo desde, al menos, principios de la década de los años sesenta del siglo pasado. México es signatario de las convenciones internacionales sobre el tema, las cuales obligan a nuestro país a seguir una serie de lineamientos de ilegalización de un número significativo de sustancias consideradas como dañinas para la salud. Se trata de una forma de enfrentar la cuestión de las drogas como un asunto esencialmente penal, perseguido policialmente, y sólo en menor medida como un problema de salud pública y de convivencia social que puede ser enfrentado de mejor manera a través de otro tipo de políticas, de tipo educativo, informativo, preventivo, de rehabilitación y reinserción. Hace falta, también, un mayor conocimiento social sobre el tema de las drogas, para dejar de enfrentarlo a partir de prejuicios que impiden la existencia de una conciencia bien informada sobre los distintos tipos de drogas y su impacto sobre la salud pública y la convivencia social. Ese conocimiento debe incluir a las drogas hoy legales, sobre todo el tabaco y el alcohol, pues una estrategia general sobre las consecuencias sociales del consumo de drogas no puede quedar sesgada por la existencia de fuertes intereses comerciales que benefician al mercado de ciertas sustancias.

El debate público debe hacer un balance serio de los resultados obtenidos hasta ahora con la estrategia prohibicionista. Los hechos son contundentes. Por más esfuerzos que emprenden los Estados contra el comercio ilegal de sustancias, el hecho es que existen mercados clandestinos crecientes y la oferta no ha disminuido ni los precios de las sustancias ilegales han bajado.

Millones de dólares se invierten cada año en una guerra que da magros resultados en todo el mundo. Bien haría la comunidad internacional en comenzar a debatir un cambio de estrategia para enfrentar este asunto.

Las debilidades de la estrategia prohibicionista se han mostrado una y otra vez. En los propios Estados Unidos está el antecedente de la prohibición del alcohol entre 1920 y 1933. Entonces, a la sombra de la prohibición, creció un mercado clandestino que en buena medida subsiste hoy gracias a la acumulación originaria que lograron las organizaciones especializadas en el comercio ilegal.

El fracaso de una política pública adoptada más por razones morales que por una auténtica preocupación por los problemas de salud que acarrea el consumo del alcohol, llevó a que ésta fuera abandonada. Sin embargo, la herencia de aquella estrategia se encuentra hoy en la manera en la que se pretende enfrentar el consumo de drogas en nuestros días.

Desde la perspectiva económica, la delincuencia organizada puede mantener su resistencia a la acción del Estado precisamente porque controla un mercado con demanda millonaria. No ha resultado eficaz la pretensión de destruir el mercado de las drogas atacando a la oferta, puesto que la cantidad de dinero que se mueve es tal que los delincuentes siempre contarán con suficientes recursos para reorganizar sus fuerzas ahí donde les sean desarticuladas. Es evidente que el Estado tiene que entrar, por un lado, a modificar la demanda de drogas, mientras que por el otro bien haría en comenzar a discutir la manera de arrancarles de las manos el negocio a los criminales, para dejarlos sin los recursos que hoy les permiten reproducirse. Y eso se lograría con un cambio radical de política que llevara al Estado a tomar en sus manos la regulación de un mercado que hoy se rige por las armas, el dinero, la corrupción y la muerte.

Una política laica frente a las drogas debe partir, desde el punto de vista de Alternativa Socialdemócrata, no de prejuicios de carácter moral, sino de estudios científicos bien fundamentados. Es evidente que hay serios problemas de salud pública y convivencia social asociados al consumo de drogas, legales e ilegales, pero también es verdad que no todas las drogas tiene efectos iguales. Las políticas públicas actuales diferencian sólo entre drogas legales e ilegales. Frente a las primeras se han adoptado, con mayor o menor convicción, medidas que pretenden propiciar un consumo informado y responsable. El caso del tabaco es de especial relevancia. Las muertes asociadas al consumo de tabaco son demasiadas. De ahí que se deba legislar para desincentivar el consumo, evitar la publicidad y alejar a los niños y jóvenes de la posibilidad de engancharse en una adicción en extremo nociva.

Empero, a nadie en su sano juicio se le ocurriría hoy prohibir completamente el tabaco. Ese es un ejemplo de tratamiento adecuado, singularizado, de una droga específica. La legalidad del tabaco no implica una actitud pasiva del Estado frente a su consumo. Por el contrario, el mercado legal del tabaco tiende a estar cada vez más regulado y sometido a restricciones, de manera que el consumo sea responsabilidad exclusiva de adultos bien informados que toman sus propias decisiones.

El caso del tabaco ilustra bien la que debería ser una política laica frente al consumo de sustancias potencialmente dañinas para la salud: informar y crear reglas que disminuyan los efectos sociales de ese consumo, pero con respeto irrestricto a la libertad de las personas adultas, siempre y cuando su conducta o afecte a terceros. Los espacios libres de humo o la prohibición de fumar en oficinas o escuelas tiene sentido como protección a los derechos de terceros.

Sería, en cambio, una tontería criminalizar a los fumadores por su adicción.

Sin embargo, frente a las drogas declaradas ilegales tanto los tratados internacionales como las políticas específicas de la mayoría de los Estados tienden a convertir en criminales de igual manera a los traficantes y a los consumidores. En el caso de México, la falta de una distinciones claras entre los que comercian ilegalmente con sustancias prohibidas y los consumidores, sean o no adictos, ha llevado a abusos, a corrupción, a extorsión y, también, a que los narcomenudistas se excusen como consumidores ante las imprecisiones y ambigüedades de nuestro marco jurídico en la materia.

De ahí la necesidad de comenzar a legislar de manera más creativa e informada sobre los temas relativos a las drogas. El reto es modernizar la legislación mexicana sobre el tema sin afectar los compromisos internacionales de México y sin violar los tratados internacionales de los que somos signatarios y que, por tanto, son ley suprema en nuestro país. Esto sin demérito de la necesaria promoción de una discusión mundial sobre la necesidad de modificar el enfoque hoy vigente en el orden internacional respecto a los narcóticos y los estupefacientes.

La iniciativa que aquí se presenta tiene varios objetivos. Por una parte, quiere ser la primera de una serie de modificaciones legales que mejoren la capacidad del Estado para regular la demanda de drogas. Se trata de una iniciativa que parte de la necesidad de diferenciar con mayor claridad, desde la perspectiva jurídica, entre las distintas drogas existentes hoy en el mercado. No todas las justancias ilegales tienen los mismos efectos sociales y el Estado se debe hacer cargo, sobre la base de estudios científicos bien documentados, de esas diferencias.

De ahí que esta iniciativa se refiera específicamente al consumo de la cannabis, cáñamo de la india, o más comúnmente, la mariguana. Tanto diverso estudios científicos como las experiencias de tolerancia implementadas en diversos países, dejan claro que los efectos sociales y de salud del consumo de mariguana no son equivalentes a los de otras drogas conocidas como duras. La mariguana, además, tiene un arraigo social en México de cinco siglos y forma parte de tradiciones culturales y recreativas que no son peores que las vinculadas al consumo del alcohol. Sin embargo, en la medida en la que se le considera de la misma manera que a otras drogas, su comercio beneficia a los mismos delincuentes que trafican con otras sustancias.

De ahí que sea pertinente comenzar a diferenciar específicamente a la cannabis de otras drogas ilícitas. Un marco jurídico más preciso puede contribuir a que disminuyan las ganancias que obtienen los narcotraficantes del comercio de la mariguana y puede permitir que el Estado pueda focalizar sus esfuerzos al combate de otras sustancias de mayor peligro social.

Pero el objetivo más relevante de la presente iniciativa es establecer con claridad la distinción entre consumidores y traficantes, de manera que en la medida que el consumo individual de mariguana tenga efectos en todo caso únicamente sobre la salud individual y no atente contra la salud pública, las sanciones a las que en virtud de los tratados internacionales deben de ser acreedores los consumidores no sean de tal magnitud que en lugar de contribuir a proteger el bien tutelado la salud personal generen mayores males, pues las penas privativas de la libertad, por ejemplo, evidentemente no sirven para mejorar la salud de aquellos a las que se aplican.

En el camino de esclarecer de mejor manera la figura del consumidor, es necesario también diferenciar a éste del adicto o dependiente. En el caso de la cannabis, existe suficiente respaldo científico para establecer un grado muy bajo de capacidad adictiva de la sustancia activa, el THC, por lo que no todos los consumidores habituales deben ser considerados como adictos y forzosamente sometidos a tratamientos de rehabilitación. Las sanciones propuestas en esta iniciativa parten del principio de que las personas bien informadas pueden ser responsables de la manera en la que consumen mariguana. Además, una virtud de la presente iniciativa es que rescata la figura constitucional de las penas educativas, hasta ahora ausente en la legislación ordinaria.

En el camino para establecer una distinción más clara entre la cannabis y otras drogas, esta iniciativa pretende tipificar, en cumplimiento con los tratados internacionales, el consumo de mariguana con sanciones más adecuadas que protejan los derechos civiles de los consumidores, eviten las extorsiones y los abusos, los alejen de los mercados ilegales al considerar la posibilidad del cultivo para uso personal, y al mismo tiempo diferencien claramente la posesión para el consumo de la posesión para la venta, al establecer cantidades precisas consideradas como las aceptables para el consumo personal.

1. Introducción

“En el mundo hay ya demasiados males reales como para que todavía nos permitamos aumentarlos con otros imaginarios que, además, terminan por originar, a su vez, otros males verdaderos: esto es lo único que logra la superstición necia y malvada”. Arthur Schopenhauer

A nadie escapa que uno de los principales retos que enfrenta nuestro país, en materia de seguridad y salud públicas, es el de la presencia de todo tipo de drogas, legales e ilegales en nuestra sociedad.

Éste es hoy, para México, un fenómeno que afecta a todas las clases sociales, niveles socioeconómicos o culturales, condiciones urbanas o rurales, y que representa un riesgo real para la salud de la población.

Hasta el momento, sin embargo, hemos sido testigos de la notoria insuficiencia de las políticas de Estado para contener y controlar este fenómeno; la amplísima oferta de drogas en las calles es reconocida por las propias autoridades, al igual que lo es su incapacidad para contenerla; sus consumidores, potenciales, ocasionales, habituales o farmacodependientes carecen en su inmensa mayoría de información fidedigna y científica que les ayude a tomar decisiones responsables, y la prohibición expresa del consumo, establecida en la Ley General de Salud, no basta para disuadirlos ni para contener la demanda que mueve al mercado.

Desde la perspectiva de Alternativa Socialdemócrata, la política contra las drogas en nuestro país descansa sobre una visión simplista y maniquea, que privilegia el combate al tráfico ilícito de sustancias, y desestima una visión integral de atención a la prevención, la información, la educación y la protección a la salud de las personas.

Actualmente, los recursos destinados a combatir el consumo de drogas representan aproximadamente el 5% del presupuesto que se destina a combatir el narcotráfico; la Norma Oficial Mexicana para tratar adicciones entre la población es letra muerta en los servicios de salud; carecemos de una estrategia educativa estructurada y multidisciplinaria para informar y prevenir a los jóvenes en materia de drogas, y el organismo institucional encargado de atender este fenómeno –el CONADIC que destina 746 millones de pesos a la prevención, control y tratamiento de adicciones, resulta por completo insuficiente para modificar las crecientes tendencias de consumo de drogas legales e ilegales en México.1 Confundir los medios con los fines es un error común de nuestro tiempo, pero especialmente grave cuando se trata de enfrentar el fenómeno de las drogas.

En el caso de las sustancias ilegales en lo general, y en el de la planta de la cannabis en lo particular, la anterior premisa resulta especialmente oportuna: en aras de alcanzar una utopía moral, materializada en “una sociedad libre de drogas”, somos capaces de inflingirnos un daño mayor del que realmente representa el uso de ciertas sustancias entre nosotros.

La confusión y la desinformación inducidas por este precepto moral, así como la ignorancia generalizada que priva entre nuestra sociedad sobre la cannabis, hace aún más difícil cambiar una percepción sumamente prejuiciosa, por una basada en hechos comprobables e información científica que, de cualquier modo, resulta mucho más útil para proteger la salud de las personas y el mismo tejido social.

El tema las drogas suele polarizar opiniones. Conviene entonces, para los efectos de esta exposición de motivos, partir de aquello en lo que la inmensa mayoría de personas —en México y en muchos otros lugares del mundo— está medianamente de acuerdo: a saber: que todas las drogas, lícitas e ilícitas, son potencialmente peligrosas para quienes las consumen y también para quienes los rodean; que resulta preocupante el aumento exponencial de sus consumidores, pero especialmente de los menores de edad, quienes adicionalmente comienzan a consumir cada vez más jóvenes; y finalmente, que existe una extendida preocupación por el aumento cualitativo y cuantitativo de la violencia, la corrupción, la degradación social y la erosión de las instituciones democráticas por el tráfico de sustancias ilegales.

Pero el problema comienza una vez superada esta zona de consenso, ya que de inmediato nos encontramos con los más diversos enfoques sobre cómo enfrentar al fenómeno desde el nivel personal, familiar, comunitario, institucional, nacional o internacional.

El hecho, de cualquier forma, es que la presencia de las drogas en nuestras sociedades no ha hecho más que registrar un crecimiento constante,(2) y en algunos casos exponencial, durante las últimas tres décadas, por lo que resulta no sólo pertinente, sino necesario, hacer un examen crítico de la forma en que, como sociedad y autoridades, hemos intentado enfrentar el fenómeno.

Las cifras de un consumo creciente, reiteradas por las más diversas fuentes oficiales, nacionales o internacionales, hace absolutamente necesario, abrir un debate serio, plural y desprejuiciado que nos ayude a corregir aquello que no funciona, y a fortalecer lo que ha probado ser la mejor vía para lidiar social, política, económica y moralmente con este fenómeno.

Es menester reconocer que el fenómeno de las drogas tiene causas multifactoriales, y en consecuencia debe ser abordado desde una perspectiva más amplia e integral, de modo tal que las políticas para combatir el crimen organizado y las dedicadas a desincentivar el consumo sean complementarias y potencien la efectividad de cada una.

En Alternativa Socialdemócrata estamos convencidos que el consumo de sustancias con riesgo potencial a la salud debe ser abordado por el Estado desde una perspectiva científica, médica, educativa, informativa y preventiva; pero sobre todo, alejada de consideraciones morales que en nada contribuyen a comprender el fenómeno del consumo de drogas en las sociedades contemporáneas.

La presente iniciativa representa, en consecuencia, un esfuerzo por replantear la relación que, como sociedad, tenemos con la planta de la cannabis, en la modalidad de su consumo personal como sustancia psicoactiva.

2. La planta de la cannabis

Cáñamo es el nombre en español de la planta clasificada en 1753 por Charles Linneo como Cannabis sativa. Existen tres variedades de Cannabis sativa: C. S. Indica, C. S. Sativa y C. S. Ruderalis, que se distinguen entre sí por su forma de crecimiento, por las características de sus semillas y por la diferencia existente en las estructuras de sus fibras.

El cáñamo es un arbusto de ciclo anual que puede llegar a crecer de 1.20 a seis metros de altura, de acuerdo con el clima en el que se siembre, la variedad a la que pertenezca y la finalidad que se persiga con su cultivo. Es una planta dioica, es decir, el sexo masculino y el femenino se encuentran en diferentes individuos. Sus hojas tienen de 3 a 11 foliolos –siempre en número non- en forma lanceada y bordes dentados, el mayor de ellos es el central y disminuyen en tamaño los laterales. Crece en prácticamente todos los climas del mundo, a excepción de los polares.

Usos y aplicaciones

Los usos conocidos de la planta de la cannabis se pueden dividir en tres grandes grupos: industriales, médicos, rituales y lúdicos.

Usos industriales


En relación a su potencial industrial se debe mencionar que de la planta, llamada cáñamo en este caso, se obtienen más de 25,000 productos de toda clase y para los más distintos propósitos.
Del cáñamo se obtiene papel de gran calidad y su rendimiento es superior en cuatro veces al que producen los árboles, lo que implica una gran alternativa de desarrollo económico sustentable.
De la planta se obtienen también textiles de excelente calidad, cordajes y todo tipo de fibras para la construcción, así como alimento humano y de animales, aceites para uso industrial y médico, entre muchísimas aplicaciones más.
Usos médicos
En medicina, el cáñamo se ha empleado principalmente en la rama de la terapéutica, es decir, en el tratamiento de distintas afecciones. Cuenta con una gran variedad de aplicaciones en la medicina tradicional de diversas culturas, incluida la mexicana.
La parte de la planta empleada para este fin son las inflorescencias femeninas, en donde se aloja en mayor medida una de las sustancias responsable de sus efectos psicoactivos: el Delta 9 transtetrahidrocannabinol (THC), que se encuentra en el barniz o resina que cubre la planta para protegerla de los calores excesivos.
El THC se encuentra, por tanto, en mayor medida en las plantas femeninas y, aunque está presente en el espécimen, se concentra en las flores, ya que su existencia permite la maduración plena de los frutos al convertirse en una capa bajo la cual circula la savia hasta los óvulos fecundados, lo que permite que obtengan los elementos necesarios para su desarrollo.
Las aplicaciones terapéuticas recopiladas por el doctor T.H.
Mikuriya, citado por el también médico, Lester Grinspoon:
1.- Analgésico-hipnótico.
2.- Estimulante del apetito.
3.- Antiepiléptico, antiespasmódico.
4.- Prevención y supresión de las neuralgias.
5.- Antidepresivo, tranquilizante.
6.- Auxiliar psicoterapéutico.
7.- Antiasmático.
8.- Oxitócico (medicamento que acelera el parto).
9.- Antitusígeno.
10.- Anestésico local.
11.- Como medio para facilitar la abstinencia en los adictos a los opiáceos y el alcohol.
12.- Analgésico en el trabajo de parto.
13.- Antibiótico.
Según afirma el Dr. Gady Zabicky, médico especialista en Manejo de Adicciones por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, fundador del Programa de Investigaciones Relacionadas con Sustancias de ese mismo instituto y actual consejero médico para CONASIDA en materia de drogas intravenosas y VIH, “no hay reportada en toda la literatura médica existente un solo caso de letalidad directamente inducida por cannabinoides.
Nunca. En ningún lugar del mundo, lo que no se puede decir de casi ningún otro medicamento alopático (antibióticos, vitamínicos, antigripales, etcétera, incluida la aspirina).” En términos de la historia de la cannabis en la práctica médica Se acepta que el uso médico de la planta se puede rastrear a Eurasia desde hace 4,800 años.
Posiblemente, es la más importante planta de la farmacopea árabe.
Fue el analgésico más socorrido hasta el advenimiento del ácido acetilsalicílico.
Los doctores O’Shaughnessy y Moreau de Tours lo usaron para el manejo de la melancolía, las migrañas, como analgésico y anticomicial.
Como psicofármaco, la cannabis se utiliza actualmente: Como antidepresivo.
Como ansiolítico.
Como estabilizador del ánimo.
Como anticomicial para el manejo de crisis parciales.
Como facilitador en la conducta sexual inhibida.
Como antirreumático (modulador inmunológico), en la artritis reumatoide y otras colagenopatías relacionado con esta inflamación articular (como el Lupus Eritematoso Sistémico o la anquilosis) y en lesiones autoinumnes en el sistema nervioso central, como en la Esclerosis Múltiple.
Asimismo, se utiliza como antihipertensivo ocular en el glaucoma de ángulo cerrado, uno de los usos más encontrados en la literatura; y como analgésico y antipirético, que constituye otro de sus usos históricos.
La cannabis se utiliza también como medicamento para trastornos neurológicos, y se encuentra calificado como útil para la Esclerosis Múltiple, la Amiotrofía Lateral Esclerosante, la epilepsia, el síndrome de Guilles de la Tourette y muchas otras patologías neurológicas y afines a este sistema.
Adicionalmente las más famosas y anecdóticas propiedades de la cannabis son las antieméticas y orexigénicas, que se aprovechan en muchas partes del primer mundo y cuyos beneficios son bastante evidentes incluso para los observadores no-expertos, ya que es útil para evitar el vómito irrefrenable y la sensación de nauseas, así como para elevar el apetito y evitar así el wasting syndrome.
Finalmente, afirma Zabicky, otra propiedad médica de importancia de la cannabis es su valor como elemento de reducción de daño en manejos antiadictivos.
Usos rituales En las más distintas culturas, entre las que se encuentra la mexicana, la cannabis ha sido una planta venerada y aprovechada tanto por sus propiedades terapéuticas y su amplísima utilidad industrial, como por sus cualidades psicoactivas.
La presencia de la cannabis entre nuestra cultura es amplia. Ha sido y es utilizada en los ritos sagrados de numerosas comunidades indígenas y forma parte del folklor y la cultura nacional, lo que incluye desde las expresiones más populares, hasta importantes creadores mexicanos de reconocido prestigio nacional e internacional.
La cannabis es, de esta forma una presencia constante de la cultura mexicana, como se verá en el apartado especial que esta exposición de motivos dedica a este tema.
Usos lúdicos El uso lúdico o recreativo de la cannabis representa actualmente, tanto en México como en el resto del mundo, el más extendido y conocido de todos sus usos.
Con independencia de sus implicaciones en relación a la salud de sus consumidores, que como ya se explicó, representan un riesgo mucho menor al de otras drogas legales o ilegales presentes actualmente en nuestra sociedad, para esta iniciativa es especialmente importante la relación jurídica que guarda la planta con esta clase de sus consumidores.
Así, podemos afirmar que los ordenamientos legales con los que actualmente cuenta el país colocan al consumidor en una situación jurídica ambigua y riesgosa para sus derechos civiles, al tiempo que las sanciones previstas para desincentivar su consumo son ineficaces para tal propósito y para garantizar su derecho a la salud.
Como se explicará más adelante, dichas sanciones no diferencian entre dos bienes jurídicamente protegidos por la legislación actual: a saber, la salud pública y la salud personal de los consumidores, con lo que la eficacia del Estado para enfrentar ambos ámbitos también se ve seriamente debilitada.
Breve historia del cáñamo El cáñamo como también se conoce a la cannabis, es una planta originaria de Asia Central, de donde al paso de los siglos se difundió en todas direcciones.
Los vestigios más antiguos del uso del cáñamo datan de aproximadamente el año 8 mil a. C. Se esparció desde su zona de origen principalmente por tres rutas: hacia el este de China, hacia el sur de la India y el sureste de Asia y hacia el oeste asiático, desde donde se difundió hacia África, Europa y, finalmente, América. Los antiguos egipcios construyeron sus primeras embarcaciones con este material: “... en esta clase de navíos se transportaban los grandes bloques de piedra que se utilizaron en la construcción de las pirámides. Estos barcos se fabricaban juntando haces de cáñamo muy apretado que luego se incorporaban a una estructura construida por fuertes ramas”.
Las propiedades terapéuticas y medicinales del cáñamo se conocen desde hace casi 5 mil años. Fue el emperador chino Shen Nung el primero en documentar estas propiedades al experimentar en su propio cuerpo los efectos de una gran cantidad de plantas.
Este gobernante, convertido en herbario, recomendaba el cáñamo en el año 2737 a.C., contra el paludismo, el beriberi, las constipaciones, los dolores reumáticos, la distracción continua y algunos padecimientos femeninos. También señaló la distinción entre plantas femeninas y masculinas.
En el siglo XI a. C. aparece en la historia el haschish “al que los asirios llamaban cunubu o cunabu, del que los griegos han hecho derivar cannabis, los franceses chanvre y chénevis, y nosotros cannabis” Durante el reinado de Enrique VIII en Inglaterra (1509-1547) se promulgó una ley que señalaba que todo propietario de tierras debía dedicar una parte al cultivo de cáñamo o lino con el fin de contar con la fibra suficiente para fabricar los aparejos navieros.
En la Inglaterra de esa época, al igual que en el resto de Europa, el cáñamo permeaba todos los aspectos de la vida cotidiana. William Bolena, pariente de Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII, se expresaba así de la planta: “Ningún barco puede navegar sin cáñamo... ningún arado, o carreta puede existir sin cuerda... el pescador debe tener cáñamo para hacer sus redes.
No hay arquero que pueda tirar de su arco; y el hombre de Malta lo necesita para su bolsa, con él las bellezas están listas para servir en la Iglesia”. Podemos decir, sin temor a exagerar, que, hasta el siglo XIX, el cáñamo fue tan importante como lo es el petróleo en nuestros días.


El cáñamo en la época contemporánea


Tal vez la marihuana es el caso más patente de las contradicciones que supone esta tendencia general prohibicionista, ya que nunca, nadie, ha muerto por consumo ocasional, crónico o sobredosis de marihuana, en toda la historia de la humanidad. El primer estudio serio sobre el cannabis fue realizado por la Indian Hemp Drug Commission en Inglaterra, en 1894.
El estudio concluye que el uso moderado es casi siempre regla y no produce prácticamente ningún efecto nocivo. Sin embargo, en 1925 se agregan, a las tres drogas sometidas a control internacional hasta entonces -opio, cocaína y morfina- la heroína y la marihuana, a instancias de un Egipto controlado por los británicos, y en donde los movimientos de independencia promovían el uso de productos nacionales sobre los extranjeros.
En los EEUU la prohibición data de 1937, y a partir de 1961 se generalizó en el resto del mundo9. Al igual que el opio y la cocaína, asociada a chinos y negros respectivamente, la marihuana fue asociada con los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos, cuya discriminación se intensificó en gran medida con la depresión económica de los años treinta.
Harry J. Anslinger, el primer zar antidrogas de los Estados Unidos, realizó durante toda esa década una intensa campaña contra la marihuana, a la que acusó de alentar en los mexicanos actitudes violentas y criminales. Anslinger rechazó u obvió todo argumento médico y científico, y en cambio manipuló la estadística legal y criminal para asociar a la planta con el crimen.
Durante los años sesenta, en cambio, el mismo Anslinger, ante las protestas hippies contra la guerra de Vietnam, acusó a la cannabis de ser “enfermizamente pacificante”. A la abierta campaña de Anslinger se sumó la competencia entre el papel fabricado a base de árboles y el hecho con cáñamo.
William Randolph Hearst, cuyos negocios en la prensa amarillista se nutrían del papel de la madera, negocio en el que también tenía una importante participación, apoyó con todo su poder mediático y económico la criminalización de la marihuana y de todos los usos industriales del cáñamo. En 1937 se aprobó, de forma absolutamente irregular, la Marihuana Tax Act, cuyas imposiciones fiscales hicieron imposible que esta industria pudiera continuar compitiendo en el mercado norteamericano.
Esta maniobra hizo que se desestimara por completo el Informe Laguardia, un extenso estudio hecho en Nueva York sobre el asunto, y cuya conclusión era que la publicidad sobre sus efectos catastróficos carecía de fundamento. Adicionalmente, a la Asociación Médica Norteamericana no se le avisó mas que cuando era inminente su aprobación, no se le permitió tener un papel importante en el debate y se desestimaron todos sus argumentos.
A partir de este punto, los Estados Unidos comenzaron a presionar al resto del mundo para que observara las mismas directrices en contra de la cannabis. A pesar de ello, en Nueva York en 1938 el alcalde de la ciudad, Fiorello Laguardia, solicitó uno de los más amplios estudios para determinar la peligrosidad del cáñamo como psicoactivo, en el que participó un equipo compuesto por científicos que evaluaron los aspectos médico, psicológico y sociológico del consumo de mariguana. El llamado Informe Laguardia sirvió para evaluar la incidencia de cáñamo en esa ciudad y fue publicado en 1944 con el título de “El problema de la mariguana en Nueva York” (The Marihuana Problem in the City of New York).
Después de entrevistar a usuarios asiduos que estaban o habían estado en la cárcel y de examinar 14 954 sentencias, se dedujo que:
1) Los efectos físicos y mentales de la mariguana no eran clínicamente considerables;
2) Los usuarios no se veían tentados por la heroína ni otros opiáceos;
3) No había correlación de su uso con delitos sexuales, de sangre o contra la propiedad.
La conclusión a la que llega el Informe Laguardia es que: la publicidad sobre los efectos catastróficos de la mariguana carece de fundamento en la ciudad de Nueva York.11 En 1972, el presidente Richard Nixon nombró una comisión de trece connotados juristas, psiquiatras, sociólogos y senadores que elaboraron el Reporte Oficial de la Comisión Nacional sobre Mariguana y Abuso de Drogas (Official Report of the National Commission on Marihuana and Drug Abuse), cuyas investigaciones arrojaron el resultado de que
1) el uso de mariguana frena la agresión, y 2) no hay pruebas de que su empleo conduzca al consumo de otras drogas12 A diferencia del gobierno holandés, que aceptó las conclusiones de los informes Hulsmann y Baan, de 1971 y 1972 respectivamente (que consideraron a la mariguana como un riesgo aceptable o como una droga blanda) los gobiernos de EU, Inglaterra y Canadá, ignoraron los resultados.
Pese a que los Países Bajos signaron la Convención Única sobre narcóticos en 1964, y pese a que las leyes holandesas establecen que el cáñamo es ilegal, en 1976 se adoptó en esa nación una política menos restrictiva, puesto que se dejó de exigir el cumplimiento de las sanciones relacionadas con la posesión o comercio de pequeñas cantidades (en un principio eran 30 g, pero en 1995 se redujo a 5 g).
Se permitió a algunos propietarios de cafés la venta de mariguana y resina de cáñamo (hashish) en pequeña escala. El enfoque de esta política tiene un trasfondo pragmático, pues pretende separar al cáñamo del resto de las drogas psicoactivas ilegales, potencialmente más peligrosas, con lo que se tiene la expectativa de “reducir el daño”.
Alrededor de 1976, Estados Unidos comienza a sobresalir como uno de los principales productores mundiales de mariguana. En tanto, el entonces candidato a presidente de ese país, James Carter, se define por una política tolerante hacia el consumo, al grado de que su esposa llegó a afirmar públicamente que sus tres hijos mayores fumaban mariguana.
En 1982, once estados de la Unión Americana producían cáñamo de uso psicoactivo en cantidades industriales, la producción en ese entonces se estimaba en dos a seis millones de kilos anuales. Para 1988 el valor total de esa cosecha se estimó en 33 mil millones de dólares, cantidad muy por encima del valor de toda la cosecha cerealera reunida, entre otras cosas, debido a que de toda esta producción sólo se gravó alrededor de 16%.15


El cáñamo en México


El cáñamo estuvo presente en los viajes de exploración y llegó a América en el siglo XVI, donde se introdujo como fuente de fibra en Chile en 1545 y en Perú nueve años después. Los colonizadores ingleses también comprendieron su importancia, pues fue introducido en Canadá en 1606 y en Virginia en el año 1611.
Fue durante la Conquista cuando el cáñamo llegó a México, traído por Pedro Cuadrado, uno de los conquistadores que integraban la expedición de Pánfilo de Narváez. De acuerdo con sus propias palabras, Cuadrado fue quien comenzó el cultivo de esta planta en estos territorios (grafía original):
“Pedro QUADRADO, dize en efecto, ques natural de la villa de Alcalá del rrío, tierra de Sevilla, e hijo legítimo de Joan Colín y de Isabel Quadrada, su muger; y que ha que pasó a esta Nueva Spaña quinze años, y fué con el Marqués a la ysla de California, donde estovo con sus armas y cauallos hasta los postreros; y benydo a esta ciudad, dió a Terrazas yndustria cómo senbrase y enuiase cáñamo, y él fué el primero que lo hizo; y touo tienda, por lo qual, al presente ay lo que ay en la tierra; y an benydo otros del dicho officio, el qual, husándolo él, se le murieron quatro sclauos que tenya, por lo qual lo dexó; y á año y medio que se casó con vna hija de vn conquistador de Guatimala, y tiene su casa poblada, con muger, famylia y mucha costa, y padesce necesidad por no tener hazienda ny granjería; y que tiene dos hijas naturales, la vna de honze años y la otra de diez.”
El historiador Silvio Zavala afirma que el propio Hernán Cortés recomendó la siembra y cultivo del cáñamo: “Las proposiciones que hace fray Juan de Zumárraga con respecto a la agricultura coinciden fundamentalmente con las de Hernán Cortés. (...) Dice que a los indios, para vivir bien, les ha faltado principalmente, antes de la llegada de los españoles: lana fina, cáñamo, lino, plantas y cuatropeas, mayormente asnal.”
15 Ibid. p. 983, 1305 (OK)
16 DE ICAZA, Francisco Asís. Conquistadores y pobladores de Nueva España. Diccionario autobiográfico sacado de los textos originales T. II, Madrid, 1923. Inscripción número 781. En la Introducción de esta obra, el autor, Francisco de Icaza, menciona lo siguiente: Don Antonio de Mendoza [a la sazón virrey de la Nueva España] aplazó la ejecución de las Nuevas Leyes [promulgadas por Carlos V], y a ese aplazamiento, y a la promesa de nuevas mercedes o socorros, obedece en principio la formación de los registros de conquistadores, fuente principal de este libro. [página XXVI] (El Virrey Don Antonio de Mendoza gobernó de 1535 a 1550).
ZAVALA, Silvio. El servicio personal de los indios en la Nueva España. T. I. El Colegio de México – El Colegio Nacional, México, 1984, p. 60. 15 Al parecer, Zumárraga era entusiasta de la Cannabis: de acuerdo con Fray Juan de Torquemada, Zumárraga, aproximadamente en 1531, “puso diligencia en plantar frutas de Castilla, cáñamo y lino”, como una de las medidas encaminadas a lograr una economía próspera que permitiera, a los españoles que vinieran a radicar en estas tierras, adaptarse felizmente .
Joaquín García Icazbalceta también registra, subrayando la visión económica del religioso, esa intención de importar de la península el cultivo de la Cannabis sativa:
“Quería también que viniera semilla de lino y cáñamo en gran cantidad, con personas que supieran cultivarlos, beneficiarlos y tejerlos, especialmente en las costas del Mar del Sur, donde eran tan necesarios para los navíos que allí solían armarse. Con esa rica granjería, los indios pagarían más fácilmente el tributo, al paso que a los españoles valdría más lo que recibiesen.”
La primera de las leyes directamente relacionadas con el cáñamo se expidió en Ponferrada, España el 13 de junio de 1545; en ella se manda a todos los virreyes que se apliquen al cultivo de lino y cáñamo y que fomenten el cultivo entre los indígenas. Esta ley se encuentra en el “Libro IIII, TÍTULO DIEZ Y OCHO, DEL COMERCIO, MANTENIMIENTOS , Y FRUTOS de las Indias.” de la Recopilación:
“Ley xx. Que los Vireyes, y Gobernadores hagan sembrar, y beneficiar lino y cáñamo. El Emperador D. Cárlos y el Príncipe Gobernador en Ponferrada á 13 de Junio de 1545. Encargamos á los Vireyes, y Gobernadores, que hagan sembrar, en la Indias lino, y cáñamo, y procuren , que los Indios se apliquen á esta grangería, y entiendan en hilar, y texer lino.”
Un siglo después, en las instrucciones que dejó a su sucesor el virrey Juan de Palafox, quien gobernó durante un corto periodo en 1642, se encuentra una clara referencia al cultivo de cáñamo en la Nueva España. En estas instrucciones, el también Obispo de Puebla menciona que se debía continuar con la siembra de cáñamo iniciada por él en la región de Atlixco.21


El cáñamo y la ley


La inquisición fue la primera instancia en México que sancionó el uso no industrial del cáñamo. La prohibición se centró en ciertas plantas, entre ellas el peyote, el ololiuqui y los llamados pipilzinzintles o pipilzinzintlis, o “niños venerables”. Este último es el nombre que emplearon los indígenas para 18 TORQUEMADA, F. Juan de Monarquía Indiana T. III. Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, México, p. 307.
GARCÍA ICAZBALCETA, Joaquín. Don fray Juan de Zumárraga, primer obispo y arzobispo de México.
T. I. (edición de Rafael Aguayo Spencer y Antonio Castro Leal). Porrúa, México, 1947, pp. 318-319.
Recopilación de leyes de los reynos de las Indias (Madrid, 1791) T.II Consejo de la Hispanidad, Madrid, 1943, p. 67.
NAVARRO DE ANDA, Ramiro (comp.) Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos T. II. Porrúa, México, 1996, pp. 423-424 16 designar al cáñamo –y a otras plantas- en los rituales en los que se ingería por sus efectos psicoactivos.

Esta prohibición se expresa en una orden expedida por el arzobispo Lorenzana: “...la prohibición de las plantas fue reiterada por edicto de fe el 11 de febrero de 1769, que señalaba como delitos, entre otros, el ejecutar curaciones supersticiosas, valiéndose de medios en lo natural inconducentes para la sanidad o abusando de los pipiltzintzintles, peyote..., o de otras hierbas...” Es probable que quienes emitían esas disposiciones ni siquiera supieran qué planta prohibían.
A principios del año de 1777 comenzó una de las campañas económicas de mayor envergadura en la historia de la Nueva España: se buscó implantar el cultivo del cáñamo con toda la fuerza de la Corona. Como parte de los proyectos económicos de los Borbones, se decidió dar seguimiento a aquella ley de 1545: se emitieron una serie de reales órdenes al virrey de la Nueva España para que se diera a la tarea de sembrar lino y cáñamo. Entre las diversas medidas adoptadas, se enviaron expertos en la siembra y proceso de ambas especies con la finalidad de que dieran a conocer la técnica adecuada de cultivo y obtención de fibra.
La Corona manifestó tanto interés en esta empresa que llegó a enviar un grupo de labradores españoles para que difundieran las técnicas de cultivo, incluso modificó su línea política al otorgar un permiso para que se instalara en el virreinato una Real Fábrica de Lonas y Lonetas.23 Con la idea de facilitar todavía más estos cultivos, también se ordenó el reparto de tierras ociosas fueran privadas o propiedad de la Corona –conocidas como realengas- entre los indígenas, lo cual se estipuló en los artículos 61-62 de la Real Ordenanza de Intendentes.
Al parecer es el único momento en todo el tiempo que duró el dominio español en el que una disposición real amenazara a los propietarios de tierras, que ”podían ser confiscadas y repartidas entre los indios por causa de utilidad pública”.
Las prácticas con cáñamo durante la Colonia
Para el siglo XVII el cáñamo se sembraba con cierta regularidad en distintas partes de la Nueva España, como lo muestran las cuentas que rinde el alcalde mayor de Atlixco en respuesta a la orden girada a todos los alcaldes mayores para que busquen semilla de cáñamo por toda Nueva España (grafía original): 22 TENORIO, Op. cit. p. 138. Ver: Anexo: Documentos expedidos durante la Colonia. 23 FLORESCANO, Enrique – GIL SÁNCHEZ, Isabel. “Las reformas borbónicas y el crecimiento económico 1750-1808”, en COSÍO VILLEGAS, Daniel (coord.). Historia general de México, T. I. 3 ed. COLMEXHarla, México, 1981, p 518. 24 Ibid. (OK)
“En debido cumplimiento a la superior orden de su Excia. del presente mes sobre que tomase a los Naturales y Labradores de esta Jurisdicción la instrucción necesaria acerca de conocer las causas o fundamentos que los haya retraido de fomentar, promover y aumentar la siembra y beneficio del Cáñamo, que otras veces se ha cultivado en ella. He practicado las correspondientes diligencias para su averiguación y en su consequencia me dicen que es cierto, que desde el Siglo pasado una Familia nombrada de los Hernández, originaria de esta villa consiguió licencia de ese Superior Gobierno para sembrar y beneficiar la semilla. Y que en efecto sembraron algunos pedacillos de tierra, o tarpanas en las orillas de un Arroyo que pasa inmediato, en las cuales se daba el Cáñamo muy abundante, y frondoso y de él hacían cordeles para Lámparas, Tirantes para coches, cinchas y otros encargos de los mismos cordeles que les pedían hasta de esa Ciudad. Haviendo fallecido el último de La Familia, que fue Dn. Juan Joseph Hernández abrá tiempo de 16 años, feneció también la siembra y beneficio, sin que se hubiere extendido la sédula para aquel Privilegio Exclusivo que tenía, a excepción de algunas matas que conservan los Yndios en algunos Pueblos de esta Jurisdicción, que siembran en los Solarcitos de sus casas diciendo que les sirve para remedio”.
Esta notificación es muy importante porque nos muestra cómo los indígenas encontraron rápidamente las propiedades medicinales de la Cannabis y las adaptaron a su vida cotidiana.
El cáñamo conviviría de manera más o menos tranquila durante casi dos siglos hasta que en el mencionado edicto de 1769 se prohibieron las prácticas idolátricas en las que se empleaban los llamados pipilzinizintli.
Si bien no se menciona como cáñamo en ese edicto, es Juan Antonio Alzate quien comprobó que las semillas conocidas por los indígenas como pipilzinzintli (prohibidos expresamente en el edicto) eran de Cannabis sativa L. Alzate, un científico de su época, buscó identificar el origen de tales semillas, como lo expresa en sus propias palabras:
“Conseguí una pequeña cantidad de dichos pipilzinzintlis, la que se componía de una mezcla de semillas y yerbas secas; a la primera vista luego reconocí no eran otra cosa que las hojas y semillas del cáñamo; advertencia que tuve al punto, por haber visto antes en un jardín la planta del cáñamo. No obstante ésta que para mí era una demostración, en primera ocasión y para quedar del todo convencido, sembré aquellas semillas con toda la precaución posible y logré unas plantas de cáñamo, lo mismo que el de Europa, las que los indios reconociendo por pipilzinzintlis, fue necesario arrancar las plantas luego que comenzaron a madurarse las semillas por cuanto procuraban pillar toda la que podían”
De la Independencia a la Revolución
El uso del cáñamo que sobrevivió a la Independencia no fue el textil, sino el ritual y el medicinal.
Informe de Juan Francisco del Valle al Virrey Bucareli, Atlixco, 30 de mayo de 1777. Cuaderno No. 7 sobre lino y cáñamo. AGN, gpo. doc. Industria y Comercio, Vol. 12, fojas 87-88
ALZATE, José Antonio. “Memoria sobre el uso que hacen los indios de los pipiltzintzintlis [1772]”, en MORENO, Roberto (comp). José Antonio de Alzate. Memorias y ensayos. UNAM, México, 1985, p. 56.
La curandería y las prácticas con plantas dejaron de ser perseguidas por motivos religiosos, sin embargo, en su lugar, “la práctica médica que se produce en esta conciencia contemporánea asumirá esa persecución, aunque durante todo el siglo XIX y los inicios del XX, no fundamenta la necesidad del castigo y sólo se concretan a condenar las creencias o ritualidades de su práctica, exhibiendo su falsedad’
Las primeras reglamentaciones en el ámbito de salud que comenzaron a finales de la década de los 30 y principios de los 40 del siglo XIX, fueron el antecedente del Código Penal de 1871, conocido como el Código de Martínez de Castro, en el que por primera vez se sancionan los delitos contra la salud. Para este momento la planta ostentaba ya el nombre que la haría famosa todo el mundo y que se asocia inevitablemente a este uso: mariguana.
Origen de la palabra marihuana Vale la pena hacer un pequeño paréntesis para hablar del origen de la denominación más conocida de esta planta.
De acuerdo con el doctor Ignacio Guzmán, el término mariguana podría provenir de una etimología náhuatl, concretamente de la palabra malihuana, compuesta por mallin, que quiere decir prisionero, hua que significa propiedad, y la terminación ana: coger, agarrar, asir. El doctor Guzmán supone que los indígenas, al identificar a la planta con el nombre de malihuana, quisieron expresar que la planta se apodera del individuo.
Por otra parte, para el Doctor Leopoldo Salazar Viniegra la etimología de esta palabra podría haberse originado de la unión de las palabras “María” y “Juana”, “posiblemente porque alguna mujer de nombre María la había empezado a propagar entre los soldados, que como sabemos se les llama vulgarmente ‘Juanes’”
Lo cierto es que el término se extendió y se aplicó a quienes consumían la planta de manera recreativa, a quienes se designó con el mote de “mariguanos”.

Principios del siglo XX

“Es indudable que durante el movimiento armado de 1910-1920, la marihuana formó parte de los ambientes cotidianos. Cientos de referencias hemerográficas, lo mismo que memorias, novelas, anécdotas y hasta documentos internos de los cuarteles y partes militares pueden testimoniarlo.”

Un control más férreo del consumo de enervantes comienza en 1908, cuando por iniciativa del Ejecutivo se reforma la fracción XXI de la Constitución de 1857, con lo que “El Congreso de la Unión está facultado para dictar leyes sobre ciudadanía, naturalización, emigración e inmigración y salubridad general de la República”, esto implicó la supremacía del poder federal para legislar en materia de salubridad, una prerrogativa que correspondía a cada uno de los estados.

De esta manera se construyó paulatinamente un elaborado discurso que apelaba a la medicina, a la salud pública y a las leyes para perseguir tanto el consumo como la venta y producción de “enervantes” y que sustituyó las antiguas actitudes aisladas por lo regular invocaban a la moralidad (la lucha contra el vicio), lo que constituyó un intento más férreo de erradicar a los ‘morfinómanos’ y ‘mariguanos’:
“...es importante establecer la manera como la marihuana ingresó dentro de la lista de sustancias prohibidas, ni siquiera controladas, cuando sólo unos pocos años antes el estamento médico la consideraba una planta medicinal, como lo demuestra su inclusión el lista de sustancias medicinales del reglamento de farmacias y boticas que estuvo en vigor desde 1892 hasta 1920 cuando se prohibió”
Una de las razones esgrimidas para tomar este tipo de medidas contra el consumo de sustancias, era la percepción institucionalizada de que ‘degeneran la raza’. Este es un concepto proveniente de finales del siglo XIX que encierra una serie de nociones que abarcan desde la salud pública como vigilante y “’fortificadora de la raza’ hasta elementos de carácter clasista, al identificar a los estratos bajos de la sociedad como los más susceptibles de caer en la degeneración.”33 3. Los consumidores
El daño potencial a la salud que conlleva el consumo de cannabis debe ser evaluado desde una perspectiva científica y no desde una postura moral. Por ello, debe mencionarse nuevamente que, de todas las drogas conocidas, legales o ilegales, la cannabis es, entre todas las conocidas, la droga que presenta los menores costos orgánicos y no produce dependencia física. Como ya se ha dicho con anterioridad, no existe un solo dato registrado, en toda la historia de la humanidad, de persona alguna que haya muerto o tenido daño grave a su salud por consumir cannabis, ni siquiera por sobredosis ni por uso crónico.
GUTIÉRREZ RAMOS Axayácatl. La prohibición de las drogas en México. La construcción del discurso jurídico 1917-1931. Tesis. Maestría en Historia Contemporánea. Instituto Mora, México, 1984, h. 23
GUTIÉRREZ RAMOS, Op. cit, h. 54 33 Ibid, h. 76
Es necesario, por lo tanto, considerar con seriedad y responsabilidad nuevas estrategias para contener un fenómeno cuyo presencia comienza a percibirse notoriamente en todas los estratos de nuestra sociedad.
Llevando esta lógica a nuestro futuro inmediato, podemos concluir que aun cuando la demanda de drogas a nivel mundial observara un decremento sustancial en los próximos años –si bien no hay ninguna estadística que apunte hacia esa dirección-, nuestros niveles de consumo seguirán aumentando, y en consecuencia el tráfico ilegal no se detendrá por sí mismo.
Es menester reconocer que el fenómeno de las drogas tiene causas multifactoriales, y en consecuencia debe ser abordado desde una perspectiva amplia, multidisciplinaria e integral, de modo tal que las políticas para combatir el crimen organizado y las dedicadas a desincentivar su consumo sean complementarias y potencien la efectividad de cada una.
Reformar la política de drogas en el país requiere, en primer lugar, de un análisis realista, crítico y desprovisto de consideraciones morales. Hoy domina una concepción cargada de prejuicios morales que se traducen en políticas orientadas a la represión y el tratamiento, mismas que no han propiciado una cultura de prevención, de responsabilidad y de información entre la población, especialmente entre la más vulnerable: la de los más jóvenes.
Desde la perspectiva de Alternativa Socialdemócrata, el problema de las drogas ilegales en nuestra sociedad se agrava sustancialmente cuando criminalizamos a sus consumidores sin hacerlos también destinatarios de políticas efectivas de educación, prevención y salud.
Siguiendo la lógica de la criminalización, tendríamos que reconocer la ineficiencia de la norma legal en México, ya que de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Adicciones de 2002, más del 5% de la población había probado al menos una vez en su vida una droga ilegal, con lo que tendría que haber sido sancionada penalmente.
Según datos de la Encuesta sobre consumo de drogas, alcohol y tabaco en la enseñanza media y media superior en la Ciudad de México, de 2003, por ejemplo, se reconoce que para ese año el 10.3% de los estudiantes de esos niveles habían consumido alguna droga ilegal en al menos una ocasión.
Todas las cifras disponibles con que contamos apuntan en una sola dirección: combatir frontalmente el narcotráfico no es suficiente para contener el avance de las drogas en nuestra sociedad, y mientras no hagamos nada para revertir esta situación, poco podemos esperar de una mejora cualitativa y cuantitativa en términos de su consumo y de la violencia que genera su tráfico ilícito.
Hacia una mejor regulación
En marcha Op.Cit.

Hablar de una nueva política hacia las drogas no significa, en ningún momento, claudicar ante el crimen organizado que lucra con este negocio. Alternativa Socialdemócrata desea hacer énfasis en este punto, ya que resulta de suma importancia que se la política contra las drogas diferencie de manera clara entra los ámbitos: por un lado, es necesario proteger los derechos civiles de los consumidortes, así como su derecho a la información; y por la otra hacer más efectivo el combate contra los canales ilegales de distribución.
La presente iniciativa apunta, por lo tanto a tratar de hacer más eficiente al Estado en la tarea de combatir al crimen organizado en torno a las drogas ilegales, delimitando con precisión quién puede ser sujeto de la acción punitiva del Estado, y quién de una política integral de regulación e información.
Para ello, la reforma propone una línea clara que distinga entre el delincuente que comercia y lucra con el mercado negro de mariguana; y el consumidor, cuya circunstancia particular debe ser atendida de modo tal que si se le sanciona, la pena debe garantizar, en primer lugar, que se protege efectivamente a su salud.
El consumidor se encuentra en una ambigüedad jurídica que le impide, por un lado, ejercer su derecho legítimo a tomar decisiones que sólo competen a la esfera de su vida privada siempre y cuando ésta no afecte a terceros; y al mismo tiempo permite que pequeños traficantes se escapen a la acción de la ley argumentando su propio consumo. En efecto, hoy en día contamos con un régimen que establece que el sistema penal debe eximir de responsabilidad a quién, estando en posesión de una sustancia prohibida reúna los siguientes requisitos: a) que no sea fármacodependiente, b) que posea una cantidad tal “que pueda presumirse” la posee para su propio consumo. El problema central de esta disposición es su indeterminación y, en consecuencia, el margen de arbitrariedad que autoriza. ¿Quién determina que puede presumirse que la posesión tiene como fin el consumo personal? ¿Con base en qué criterios?
Al no establecerse con certeza cuáles son las cantidades o condiciones que permiten eximir de responsabilidad, se deja al arbitrio de la autoridad el determinarlo. En los hechos, esta excluyente de responsabilidad, como única disposición que contempla el caso del consumo, redunda en dos consecuencias negativas y contraproducentes. Por una parte, se deja al inculpado a merced del criterio de la autoridad, en un estado de indeterminación que no le permite saber de antemano si su conducta es meritoria de responsabilidad o no. El consumidor queda expuesto a la arbitrariedad por parte de la autoridad, y – es preciso decirlo – lo expone a la extorsión. En otras palabras: somete a incertidumbre a quien la autoridad debiera proteger: al consumidor cuya salud se expone al consumir substancias potencialmente dañinas sin la debida información, se le agrega el riesgo que implica depender del arbitrio de la autoridad al enfrentar una acusación penal.
No debemos olvidar que, hoy en día, lo que está en riesgo para el consumidor es ni más ni menos que su libertad personal, con lo que ello implica en nuestro sistema penitenciario.
Pero eso no es todo. La excluyente de responsabilidad en referencia, al no establecer límites claros para su aplicación, sirve como una puerta de escape que protege a quienes más se debiera perseguir: al traficante o narcomenudista. Es sabido que uno de los problemas centrales del combate a la distribución de narcóticos es la frecuencia con la que los narcomenudistas se benefician de esta excluyente de responsabilidad al presentarse como consumidores.
El régimen que actualmente pretende la protección del consumidor – “víctima” principal de los delitos contra la salud – lo expone aún mayores prejuicios, a la vez que protege al narcomenudista, perpetrador necesario para la realización de los delitos contra la salud. En pocas palabras, estas disposiciones no ayudan a mejorar la seguridad pública, ya que diluyen aún más el esfuerzo policíaco, y en cambio sujetan a incertidumbre a quienes corren el riesgo de sufrir intromisiones inaceptables y violatorias de sus garantías individuales.
Establecer una distinción clara entre el proveedor y el consumidor es una necesidad urgente en materia de seguridad pública y de seguridad jurídica del consumidor. Con ella, el esfuerzo del Estado para atender el fenómeno de las drogas se dirigiría a mejorar el combate policíaco al crimen organizado, quien es el verdadero enemigo público; mientras que los servicios de educación y salud podrían contar con una perspectiva de atención encaminada a mantener bajo control al consumo de drogas entre la población, de modo tal que se respeten de forma irrestricta sus derechos fundamentales y se garanticen sus derechos a la información y a la salud.
Es necesario, por último reconocer, en esta materia, el esfuerzo que las distintas dependencias policíacas y militares llevan a cabo contra el tráfico ilegal de sustancias, así como la urgencia de transmitir a la sociedad la necesidad de enfrentar el problema desde todos los frentes, de modo tal que no se culpe a estas corporaciones las deficiencias evidentes de la política actual.
El caso holandés
Es pertinente mencionar, también, algunas experiencias en otras naciones, que lidian con el fenómeno de una manera distinta a la nuestra, pero de igual manera cumpliendo con los tratados internacionales en la materia. En este contexto, el caso de Holanda es muy significativo.
Como se sabe, Holanda practica ante la cannabis una política regulatoria que evita criminalizar a los consumidores y que supervisa el mercado de la misma, lo que le permite recaudar impuestos formales para destinarlos a la mejor red asistencial del mundo para consumidores, mismo que proporciona asesoramiento y atención para el 90% de ellos.
El resultado de esta política ha sido la de contener el avance de las llamadas drogas duras, de modo tal que Holanda es el país de Europa con menos adictos a ellas (13 por cada mil habitantes, frente a una media europea de 26) y la de mantener los niveles de consumo de cannabis notablemente estables e inferiores a la de sus vecinos europeos. Por ejemplo, la proporción de consumidores holandeses entre 13 y 25 años es inferior en 5 puntos a la alemana, mientras que sus consumidores habituales representan menos del 2% de la población, cifra muy inferior al promedio europeo. Adicionalmente, el 75% de la población adulta no la ha probado nunca, y ello a pesar de la existencia de un mercado legal y regulado para su compraventa.35 Al respecto, Erik Fromberg, director del Instituto Holandés para Alcohol y otras Drogas durante la década de los noventa, afirmó en una ocasión:
“La política seguida en Holanda es simplemente un aspecto de nuestra cultura, caracterizada por la libertad individual, una perspectiva no moralista que se complementa con la separación entre Iglesia y Estado, el respeto por las minorías y mucho pragmatismo”.
Régimen legal en México
La orientación actual del derecho pretende proteger al individuo de sí mismo, y para hacerlo, fusiona al delincuente y a la víctima en el mismo sujeto, ya que según convenga, decide discrecionalmente cuál de estas facetas tiene más importancia según sea el caso particular que se trate.
De este modo, el régimen jurídico que pretende regular a las drogas ilegales en México ha probado sus limitaciones en más de un sentido:
No ha logrado disminuir el tráfico ilegal de sustancias ni la violencia asociada a esta actividad.
No ha logrado desincentivar su consumo.
Presenta lagunas e inconsistencias jurídicas que dificultan el acceso a la justicia.
Impide la investigación científica de las mismas.
Criminaliza en exceso a los consumidores sin orientarlos, informarlos y hacerlos responsables de sus decisiones. Prevención, educación, información.
Es necesario reconocer las insuficiencias y deficiencias de las acciones de gobierno, y de las disposiciones legales para detener el fenómeno del consumo de drogas en México. Durante las últimas décadas, los índices de consumo se han disparado en todas direcciones:
La prohibición del consumo no ha funcionado como un sistema que desincentive el consumo.
Cada vez se consume una mayor variedad de drogas.
Los jóvenes comienzan cada vez más jóvenes a consumirlas.
Citado por Escohotado, Antonio. Op.cit.
Carecemos de diagnósticos certeros y confiables en materia de salud pública y consumo de drogas.
Cualquier modificación legal en materia de drogas requiere de construir una verdadera política de prevención, información y educación que permita a los potenciales consumidores, y a los que ya lo son, contar con un apoyo desde el Estado que respete sus derechos y los ayude a tomar las mejores decisiones frente a este fenómeno.
De este modo, es imprescindible transmitir a la sociedad que el fenómeno de las drogas no puede ser reducido a un problema de seguridad pública ni de efectividad policiaca o militar. Nadie puede pedir, de forma realista, que las corporaciones policiacas impidan con éxito que las personas consuman drogas.
La sociedad y los ciudadanos deben hacerse responsables de sus propias decisiones cuando son adultos, mientras que, desde el Estado debemos extremar las medidas preventivas e informativas entre todos, en particular a los menores de edad. Alternativa se pronuncia en contra de conculcar derechos y garantías individuales con el pretexto del combate al narcotráfico. Tratados internacionales
La presente iniciativa cumple cabalmente con todas las obligaciones internacionales de los tratados firmados por México, que constituyen ley suprema de la Unión. La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Substancias Sicotrópicas establece, en su artículo 3 apartado 2 establece lo siguiente:
“2. A reserva de sus principios constitucionales y a los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales conforme a su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente, la posesión, la adquisición o el cultivo de estupefacientes o sustancias sicotrópicas para el consumo personal en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961, en la Convención de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 1971.”
Existe actualmente un debate acerca de los alcances de este apartado, específicamente sobre si obliga a los Estados a tipificar el consumo como una infracción penal necesariamente, o bien si la Convención permite hacerlo como infracción administrativa.37 Con independencia de la evolución que tenga el debate que hoy en día se desarrolla, la iniciativa que aquí se presenta propone mantener la posesión y transporte para fines de consumo como una infracción penal. En la coyuntura geopolítica actual - y tomando en consideración que la iniciativa que aquí se plantea representa un primer paso en lo que constituye una reorientación sustantiva de las políticas públicas en materia de prevención, reglamentación y persecución de usos indebidos - parece acertado transitar un 37 Ballota, Daniel y Crusellas, Lorena, “Actitudes internacionales sobre el cannabis y sus aplicaciones en la Unión Europea” en Arana, Xavier y Markez, Iñaki (coord.) Cannabis: salud, legislación y políticas de intervención, Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, 2006.
Camino incremental en los cambios de regulación de la cannabis. Por ello, se plantea una reforma que, dentro del debate actual acerca de los alcances de la obligación arriba citada, no deja lugar a dudas sobre si México cumple o no sus obligaciones internacionales. Se parte del supuesto – no concedido – de que el apartado arriba citado terminará por interpretarse en el sentido más restrictivo posible. En consecuencia, se mantiene el carácter penal de la infracción consistente en poseer o transportar narcóticos para el consumo personal.
Sin embargo, conviene recalcar que no es únicamente – ni preferentemente - mediante el endurecimiento de las sanciones asociadas al consumo y la posesión de drogas ilícitas como debemos enfrentar el fenómeno del consumo de sustancias potencialmente peligrosas para la salud en las sociedades contemporáneas. Antes bien, la experiencia demuestra que las políticas más exitosas hasta ahora instrumentadas tienden a diferenciar entre la actividad criminal que significan las actividades comerciales e ilícitas con tales sustancias, y la esfera de sus consumidores.
En consecuencia, la iniciativa propone penas para el consumo que contribuyan, en la práctica, a dotar de información fidedigna a los consumidores que hayan sido sorprendidos consumiéndola, así como multas para los reincidentes.

4. Fundamento constitucional

El establecimiento de sanciones distintas para los casos de consumo de cannabis sativa, índica y americana, mariguana o marihuana, resina de cannabis (haschish) o los isómeros regulados del tetrahidrocannabinol obedece a una adecuada interpretación de los delitos tipificados a la luz de las disposiciones constitucionales aplicables.

El artículo 4o constitucional establece que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. Del texto se desprende que el derecho fundamental consagrado en este precepto implica una obligación positiva a cargo del Estado, el cual queda obligado a proteger activamente la salud de las personas.

Una de las modalidades de protección de la salud que despliega el Estado es el establecimiento de delitos contra la salud. En estos delitos, se ha entendido que el bien jurídico tutelado es doble: por una parte se procura proteger la salud personal de los individuos expuestos al uso indebido de narcóticos; por la otra, se procura proteger a la salud pública, al inhibir la extensión del consumo indebido de narcóticos. En consecuencia, las sanciones deben adecuarse a la finalidad que persiguen: será distinta una sanción que procura proteger a individuo de una sanción que procura proteger al público en general. Una sanción destinada a proteger al individuo puede no ser adecuada para proteger al público en general y viceversa. Una sanción no es válida si no es adecuada para la protección del bien jurídico tutelado, ya que “fuente de validez de la sanción es la protección de los bienes jurídicos.”38 Por ello, en aquellos casos en que sea posible distinguir con nitidez que sólo uno de los bienes jurídicamente tutelados está siendo afectado, es importante acotar la sanción de tal forma que proteja dicho bien, sin necesidad de acomodar la protección del otro bien al que no se esta protegiendo. La tutela penal del bien jurídico debe responder a la problemática concreta que procura enfrentar, no a consideraciones abstractas, ideológicas o morales. Para ello, resulta fundamental adoptar una perspectiva que considere a las personas que concretamente se verán involucradas en la lesión del bien jurídico y a los conflictos concretos en los que se ven inmersos.

“Los bienes jurídicos, por tanto, en cuanto objetos de protección penal son relaciones sociales concretas. La vida, la libertad, la salud, sin perjuicio de ser valores naturales, en cuanto bienes jurídicos son protegidos frente a conductas humanas. El comportamiento personal del hombre en sociedad no debe lesionar bienes jurídicos; más aún, debe abstenerse de realizar conductas que signifiquen siquiera un peligro para los bienes jurídicos.

Por eso, son relaciones sociales concretas, esto es, relaciones entre personas, las que adquieren significación de bien jurídico en cuanto son confirmadas por la norma.

Esta conceptualización de los bienes jurídicos como relaciones sociales concretas implica identificar la posición de las personas dentro de la relación social. Esta identificación permite comprobar si la penalización de la conducta significa discriminación de personas, el favorecimiento de situaciones de desigualdad, la protección de determinada concepción del mundo y su imposición mediante la conminación penal, la protección de algún fundamentalismo de alguna clase.”39

A la luz de las consideraciones anteriores, es que se distingue, para el caso del delito tipificado en el artículo 195 bis aquellos casos en los que exclusivamente se afecta el bien jurídico tutelado consistente en la salud individual de la persona que posee para su propio consumo, sin que llegue a afectarse la salud pública al no actualizarse las consecuencias que llevaría a la promoción o propaganda del narcótico. Esto es, el caso en el que, sin que se difunda o promocione el uso de narcóticos a terceras personas, los consumidores posean o transporten los narcóticos precisados, resulta inútil y contraproducente establecer penas privativas de la libertad en aras de proteger la salud pública, pues ésta no es afectada ni puesta en riesgo. En estos casos, en que la salud pública no es afectada ni puesta en riesgo, se justificaría la pena privativa de la libertad sí y solo sí dicha pena condujera a la protección del bien jurídico consistente en la salud del propio consumidor, lo cual no es el caso. Ahora bien, como es sabido, nuestro sistema penitenciario, con las limitaciones presupuestales y la saturación que sufre, cuenta con una multiplicidad de problemas endémicos. Entre ellos se encuentra extendido, como es del dominio público, el uso y abuso de narcóticos. Por ello, lejos de proteger la salud de los consumidores, las penas privativas de la libertad exponen el bien jurídicamente tutelado a un riesgo mayor.

En los casos en que el bien jurídicamente tutelado sea exclusivamente la salud del consumidor, la pena que más protege es la pena que mejor le informa acerca de los riesgos a su salud que implica el consumo. En el caso de los farmacodependientes, la pena entonces deberá ser el tratamiento. Para quienes no padezcan de dependencia, sino que únicamente pongan en riesgo su salud mediante el consumo repetido o el hábito de consumo (por oposición al consumo por una sola vez), entonces el tratamiento no será adecuado, por no existir un padecimiento que tratar. En esos casos se estimó oportuno establecer como penas la obligada información y educación acerca de las consecuencias de diverso tipo que el consumo de un narcótico conlleva.

Al respecto, vale la pena precisar que se agregó, dentro de la lista de penas y medidas de seguridad consagradas por nuestro Código Penal Federal, las de educación e información para el caso en comento. Llama la atención, que existiendo texto constitucional explícito - en el artículo 18o constitucional, párrafo segundo - que establece un mandato explícito de que el sistema penal deberá organizarse sobre la base del trabajo “y la educación”, nuestro ordenamiento penal no recogiera hasta la fecha la educación dentro de la referida lista. En efecto, el párrafo segundo del artículo 18o constitucional establece:

“Los gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente.” En síntesis, podemos afirmar, para el caso en que, por tratarse de consumidores de narcóticos que posean o transporten sin otro fin o asociación que el de usarlos para su consumo personal que:

- Las penas privativas de la libertad constituyen un riesgo agregado al bien jurídicamente tutelado.

- La protección adecuada del bien jurídicamente tutelado se da mediante el tratamiento (artículo 199) para quién tenga la necesidad de consumir narcóticos o farmacodependiente; o bien la información y la educación (artículo 195 bis, apéndice 1) para quien tenga el hábito de consumir narcóticos o lo haga en más de una sola ocasión.

- En conclusión, la adecuada protección de la salud de los consumidores de los narcóticos en cuestión, mediante la legislación penal en materia de delitos contra la salud debe evitar las sanciones privativas de la libertad, cuando la no afectación de otro bien jurídico así lo permita, y debe procurar en todo momento la información y educación de quién es, en este caso, víctima y perpetrador simultáneamente.

1 En marcha, Estrategia Nacional para Prevención y Tratamiento de Adicciones. CONADIC. Comunicado de prensa. Lunes 3 de septiembre de 2007.

2 Ibidem.

4 Williamson EM, Evans FJ. Drugs. 2000 Dec;60(6):1303-14. Cannabinoids in clinical practice. Centre for Pharmacognosy, The School of Pharmacy, University of London, England. Cannabis Ben Amar M. J Ethnopharmacol. 2006 Apr 21;105(1-2):1-25. Epub 2006 Mar 15. Cannabinoids in medicine: A review of their therapeutic potential. Substance Abuse Program, Faculties of Continuing Education and Graduate Studies, University of Montreal, Montreal, Que. Canada Croxford JL. CNS Drugs. 2003;17(3):179-202. Therapeutic potential of cannabinoids in CNS disease. Department of Microbiology-Immunology, Northwestern University Medical School, Chicago, USA.

5 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. La historia de la navegación. Colección Sepa..., Año 1, no. 41, SEP, 1982, p.6.

6 SCHULTES, Richard Evans-HOFMANN, Albert. Plantas de los dioses 2 ed. México, FCE, 2000, p. 95.

7 BRAU, Jean Louis. Historia de las drogas. Bruguera, Barcelona, 1972, p. 12.

8 RUDGLEY, Richard. Enciclopedia de las substancias psicoactivas. PAIDÓS, Barcelona, 1999, p. 92

9 Robinson, Rowan. El gran libro del cannabis. Lasser Press. México 1999. Pp 144-159

10 ESCOHOTADO, Antonio. Historia general de las drogas. Espasa, Madrid, 2002, p 976.

11 ESCOHOTADO, Antonio. La cuestión del cáñamo 2 ed. Anagrama, Barcelona, 1998, p. 45.

12 Ibid. (OK)

13 IVERSEN, Leslie L. Marihuana, conocimiento científico actual. Ariel, Barcelona, 2001, p. 316.

14 ESCOHOTADO... Historia general..., p. 976

27 TENORIO TAGLE, Fernando. El control social de las drogas en México. INACIPE, México, 1991, p. 148

28 GUZMÁN, Ignacio. Intoxicación por marihuana. Tesis. Medicina, Cirugía y Obstetricia. Universidad Nacional de México, 1926, p. 12

29 SEGURA MILLÁN, Jorge. Marihuana 2 ed. (1 ed. 1939). Costa Amic, México, 1972, p. 13

30 I PÉREZ MONTFORT, Ricardo “La yerba ‘Juanita’, en PÉREZ MONTFORT, Ricardo. Hábitos, normas y escándalo. Prensa, criminalidad y drogas durante el porfiriato tardío. Plaza y Valdés, México, 1997, p. 193

38 Bustos Ramírez, Juan J. y Hormazábal Malarée, Hernán, Lecciones de derecho penal. Parte general. Editorial Trotta, Madrid, 2006, p. 68

39 Bustos Ramírez, Juan J. y Hormazábal Malarée, Hernán, Lecciones de derecho penal. Parte general. Editorial Trotta, Madrid, 2006, p. 72

Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente

DECRETO

Primero. Se reforman los artículos 24, 67, 193, 195 bis, 197, 198, y el

Apéndice del Código Penal Federal, así como el título del Capítulo V del

28

Título Tercero del Libro Primero del mismo ordenamiento, para quedar

como sigue:

“Artículo 24.- Las penas y medidas de seguridad son:

1.- (...)

(...)

3. Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de quienes tengan

la necesidad de consumir narcóticos.

(...)

19. Educación o información de quienes tengan el hábito de consumir

narcóticos.

Y las demás que fijen las leyes.”

“CAPÍTULO V

TRATAMIENTO DE INIMPUTABLES Y DE QUIENES TIENEN LA

NECESIDAD DE CONSUMIR NARCÓTICOS, EN INTERNAMIENTO O EN

LIBERTAD.”

“Artículo 67. (...)

(...)

En caso de que el sentenciado tenga la necesidad de consumir narcóticos, el

juez ordenará también el tratamiento que proceda, por parte de la autoridad

sanitaria competente o de otro servicio médico bajo la supervisión de aquella,

independientemente de la ejecución de la pena impuesta por el delito

cometido.”

“Artículo 193. (derogado) Para los efectos de este Capítulo, son punibles las

conductas que se relacionan con los narcóticos, entendiéndose por estos los

estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos

237, 245, fracciones I, II y III y 248 de la Ley General de Salud.

El juzgador, al individualizar la pena o la medida de seguridad...”

“Artículo 195 bis. (...)

Tratándose de cannabis sativa, índica y americana, mariguana, resina de

cannabis (haschich) o los isómeros regulados del tetrahidrocannabinol, cuando

las cantidades no excedan de las establecidas en la primer fila de la Tabla 1 del

apéndice 1 a este ordenamiento, y siempre que no se actualice la difusión o

promoción del consumo entre terceras personas, se presumirá que la posesión

o transporte del narcótico es para consumo personal y en consecuencia se

aplicarán las penas establecidas en la primera fila. En caso de actualizarse

difusión o promoción del consumo entre terceras personas, con independencia

29

de que se actualice el tipo penal establecido en la fracción IV del artículo 194,

se impondrán las penas establecidas en la segunda fila de la Tabla 1 del

apéndice 1 a este ordenamiento por la posesión o transporte de los narcóticos

en referencia.

“Artículo 197. (...)

(...)

Las mismas penas del párrafo anterior se impondrán al que induzca a otro

para que consuma cualesquiera de los narcóticos señalados en el artículo 193,

en contravención de las disposiciones aplicables.”

“Artículo 198. (...)

(...)

(...)

(...)

A quien cultive plantas de cannabis sativa, índica y americana o

marihuana para su propio consumo y dentro de su residencia se le impondrán

las penas establecidas en el apéndice 1 de este ordenamiento para los

poseedores de marihuana hasta por 3 gramos. Para los efectos de éste párrafo

se presumirá que son para consumo propio el cultivo de hasta 3 plantas

hembra de cannabis sativa.”

30

“Apéndice 1”

Tabla 1

Marihuana

Resina de cannabis

(haschich)

Morfina

Buprenorfina a

(nuvaine)

Clorhidrato de

cocaína

Sulfato de cocaína

Heroína

(diacetilmorfina)

Fentanil (alfa-metil)

(china-white)

Meperidina

(demerol)

Primodelincuencia

1a. Reincidencia

2a. Reincidencia

Multireincidente

Máx. 3

gr

Máx. 2

gr

Amones

tación y

sesión

informat

iva.

Apercibi

miento

y curso

educati

vo.

Apercibi

miento,

curso

educati

vo y 2

días

multa.

Apercibi

miento,

curso

educati

vo y

hasta 4

días

multa.

Penas de prisión

Max.

250 gr

Max 5gr Máx.

150 mg

Máx.

200 mg

Máx. 25

gr

Máx.

250 mg

Máx. 1

gr

Máx. 2

gr

Máx. 2

gr

10

meses

a 1 año

4

meses

1 año a

1 año 6

meses

1 año 3

meses

a 1 año

9

meses

1 año 9

meses

a 2

años 3

meses

250gr a

1 kg

5-20 gr 150-300

mg

200-400

mg

25-50

gr

250-500

mg

1-2 gr 2-4 gr 2-4 gr 1 año 4

meses

a 1 año

9

meses

1 año 6

meses

a 2

años

1 año 9

meses

a 2

años 3

meses

2 años

3

meses

a 2

años 9

meses

1 a 2.5

kg

20-50

gr

300-500

mg

400-800

mg

50-100

gr

500 mg

- 1 gr

2-4 gr 4-8 gr 4-8 gr 1 año 9

meses

a 2

años 9

meses

2 años

a 3

años 1

mes

2 años

3

meses

a 3

años 5

meses

2 años

9

meses

a 4

años 3

meses

2.5 a 5

kg

50-100

gr

500-1

gr

800 mg

-1 gr

100-200

gr

1-2 gr 4-6 gr 8-16 gr 8-16 gr 2 años

9

meses

a 4

años 3

meses

3 años

1 mes a

4 años

9

meses

3 años

5

meses

a 5

años 3

meses

4 años

3

meses

a 6

años 6

meses

Tabla 2 (...)

Tabla 3 (...)

Tabla 4 (...)

31

Segundo. Se adiciona el Capítulo XII del Título Segundo del Libro Primero

Código Penal Federal para que dar como sigue:

“CAPÍTULO XII.

EDUCACIÓN E INFORMACIÓN DE QUIENES TIENEN EL HÁBITO DE

CONSUMIR NARCÓTICOS

“Artículo 50 ter. La información consiste en la presentación por parte de la

autoridad sanitaria, en una sesión y con apoyo en los documentos que se

estimen pertinentes, los datos empíricos derivados del conocimiento científico

que informen al reo acerca de los efectos, procesos biológicos, sociales,

emocionales y perceptivos asociados con el consumo de narcóticos en general

y del narcótico que habitualmente consuma el reo en particular.

“Artículo 50 quater. La educación consiste en presentar, en cuantas sesiones

y en los documentos de apoyo que la autoridad sanitaria determine oportuno,

los datos empíricos derivados del conocimiento científico que informen al reo

acerca de los efectos, procesos biológicos, sociales, emocionales y perceptivos

asociados con el consumo de narcóticos en general y del narcótico que

habitualmente consuma en particular, estimulando en todo momento la

reflexión, ponderación y participación activa del reo en las sesiones a fin de

llevarlo explorar las consecuencias personales y sociales de su hábito.”

Tercero. Se reforman los artículos 524, 525 y 526 así como los títulos del

Título Decimosegundo y de su Capítulo III del Código Federal de

Procedimientos Penales para que dar como sigue:

“TÍTULO DÉCIMOSEGUNDO

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LOS ENFERMOS MENTALES, A LOS

MENORES Y A LOS QUE TIENEN EL HÁBITO O LA NECESIDAD DE

CONSUMIR NARCÓTICOS.

(...)

“CAPÍTULO III

DE LOS QUE TIENEN EL HÁBITO O LA NECESIDAD DE CONSUMIR

NARCÓTICOS.

(...)”

“Artículo 524. Si la averiguación se refiere a la adquisición y posesión de

narcóticos, el Ministerio Público, de acuerdo con la autoridad sanitaria a que se

refiere el artículo anterior, precisará acuciosamente si esa posesión tiene por

finalidad exclusiva el uso personal que de ellos haga el indiciado. En este caso,

y siempre que el dictamen hecho por la autoridad sanitaria indique que el

inculpado tiene el hábito o la necesidad de consumir ese narcótico y la cantidad

sea la necesaria para su propio consumo, no hará consignación a los

tribunales; en caso contrario, ejercitará acción penal.”

32

“Artículo 525. Si se hubiere hecho la consignación y dentro de las setenta y

dos horas que señala el artículo 19 constitucional, se formula o se rectifica el

dictamen en el sentido de que el inculpado tiene hábito o necesidad de

consumir ese narcótico y la cantidad sea la necesaria para su propio consumo,

el Ministerio Público se desistirá de la acción penal sin necesidad de consulta al

Procurador y pedirá al tribunal que el detenido sea puesto a disposición de la

autoridad sanitaria federal para su tratamiento, por el tiempo necesario para su

curación, o bien para su información o educación, según sea el caso.”

“Artículo 526. Si el inculpado está habituado o tiene la necesidad de consumir

narcóticos y además de adquirir, poseer o cultivar los necesarios para su

consumo, comete cualquier delito contra la salud, se le consignará, sin perjuicio

de que intervenga la autoridad sanitaria para su tratamiento, información o

educación.”

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 27 días de noviembre de

dos mil siete.

Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica)


ver en cronica.diputados.gob.mx


estás viendo:
Iniciativa sobre consumidores de cannabis
volver arriba
Legislación Reducción del daño Despenalización #cannabis


comentarios
Entrar para agregar comentario:
entrar


DrogasMexico.org es un proyecto de Convivencia y Espacio Público AC y el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas AC.
Agradecemos el apoyo de Open Society Foundation, Angelica Foundation y Tides Foundation