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Artículo 16 constitucional
El fracaso de la guerra contra las drogas y las alternativas para despenal


Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición,...
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5 comentarios


Artículo 16 constitucional

Lunes 1 de septiembre de 2014 (18/05/15)
Congreso de la Unión ver en info4.juridicas.unam.mx





Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificarla detención o decretar la libertad con las reservas de ley. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra lalibertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio. La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley.

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponerprestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.

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ricardelico :
Mientras el uso de drogas no rebase el ámbito de lo privado, no hay lugar para el actuar público.
21/05/2015 | 11:33
en Artículo 16 constitucional
   
ricardelico :
Es en el ámbito de lo privado, de la libertad individual que incluye a los lazos familiares y afectivos cotidianos, donde se resuelve el uso de drogas. Es ahí donde se ponen sobre la mesa las prácticas particulares, y donde los riesgos y daños específicos a cada práctica se discuten y se modulan. Ni el Estado ni las instituciones tienen nada que hacer ahí, entrometiéndose donde nadie les ha llamado, y donde las interrelaciones sociales privadas resuelven. Por el contrario, donde el interés y el actuar públicos sí cuentan con legitimidad, es en facilitar el acceso social al conocimiento, y en contribuir a regular el acceso a las drogas en el mercado. Tristemente el régimen de prohibición lo ha entendido al revés.
21/05/2015 | 11:10
en Artículo 16 constitucional
   
ricardelico :
El derecho al uso de drogas, y aun el derecho al uso responsable, pueden ser vistos con recelo por especialistas en derechos humanos. Pero ¿qué hay del derecho a la vida privada, garantizado por este artículo constitucional? Más que el derecho al uso de drogas, el tema es los derechos de las personas que usan drogas. Las personas que usan drogas tienen los mismos derechos que tenemos todos, usemos drogas o no.
18/05/2015 | 20:36
en Artículo 16 constitucional
   
ricardelico :
En la CDHDF Ernesto Salido me trató amablemente por teléfono, pidiéndome primero mis datos personales --a continuación yo le pedí su nombre-- y un relato de lo sucedido. Me explicó que ser detenido 20 minutos y obligado a una revisión de mis pertenencias sí es una falta de los agentes pero, dada la falta de mayores consecuencias, el caso no amerita ser atendido por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Que reportara el caso ante la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública o en segunda instancia ante el Consejo de Honor y Justicia de la misma SSP. A lo que le contesté, que me preocupa que la CDHDF no esté dando seguimiento a estas detenciones arbitrarias. De consecuencias con gravedad que no pasa de 20 minutos de humillación, pero detenciones arbitrarias al fin y al cabo.
04/04/2012 | 13:17
en Artículo 16 constitucional
   
ricardelico :
Si no estás cometiendo ningún ilícito, sigue tu camino. Los polis no te pueden detener. Las excepciones son cuando hay una orden de detención con tu nombre, o cuando se trata claramente de un operativo: por ejemplo revisiones en la carretera o el alcoholímetro, pero de ninguna manera dos polis aislados tienen autorización para detener tu camino.
04/04/2012 | 13:10
en Artículo 16 constitucional
   
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