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Centros de tratamiento

Centros de adictos, fachada del crimen
Anexos R.I.P. S. A.
La declaración conjunta de las Naciones Unidas pide el cierre de los centr


Centros de Tratamiento en México Por tercer año consecutivo, cerramos la primavera con una masacre en anexos del norte del país. El modus operandi ha sido el mismo en todos los casos: comandos con armas de alto poder que atacan al anochecer centros de rehabilitación ubicados en colonias marginadas, donde los internos tienen la mínima posibilidad...
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Anexos R.I.P. S. A.

Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas CUPIHD

Lunes 4 de junio de 2012 (04/06/12)
Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas CUPIHD ver en cupihd.org

Centros de Tratamiento en México



Por tercer año consecutivo, cerramos la primavera con una masacre en anexos del norte del país. El modus operandi ha sido el mismo en todos los casos: comandos con armas de alto poder que atacan al anochecer centros de rehabilitación ubicados en colonias marginadas, donde los internos tienen la mínima posibilidad de escape.Pese a la presumible autoría de la delincuencia organizada, no es posible obviar la responsabilidad del Estado en esta nueva masacre.

A nivel federal, además de haber sido omiso en la creación de un sistema de atención en adicciones que cubra, o al menos coordine, la demanda de los usuarios con problemas por uso de drogas, las instituciones no han sido capaces de regular ni articular –pese a los esfuerzos en la materia- el amplio número de centros de tratamientos que proliferan en las entidades donde existe la demanda. Ante ello, han legislado para que sean las entidades federativas las responsables de brindar los servicios de salud en materia de drogas.

Por su parte, las entidades federativas no han implementado políticas para cubrir el derecho a la salud de los usuarios de drogas; en varias de las entidades ni siquiera se ha legislado para proporcionar los lineamientos de acción de las instituciones de salud, y en aquellas donde se ha legislado aún no terminan de implementarse los programas institucionales en la materia. Esto ha dejado en un limbo jurídico la responsabilidad de velar por los servicios a los usuarios; situación que ha sido aprovechada por los centros de rehabilitación que no quieren ser regulados, para continuar ofreciendo tratamientos no certificados al amparo de la impunidad.

Por último, los municipios no han sabido controlar la proliferación de centros cuyos servicios corresponde regular a las entidades, pero cuyas normas de protección civil deberían ser veladas por instituciones municipales. Estos centros, para evitar tal supervisión, suelen ubicarse en barrios marginados de las ciudades y, por tratarse de lugares de encierro forzoso, carecen de salidas de emergencia y otras medidas de protección civil que, de existir, quizás hubiesen ayudado a tener menos víctimas mortales.

Este sexenio se ha perdido en la materia, pero la justicia para quienes han muerto en estas masacres –y para sus familiares- pasa por la necesaria articulación de los tres niveles de gobierno y por la regulación de tales centros. No se puede ser omiso en ambos y simplemente voltear hacia el otro lado para echarle la culpa de todo a la delincuencia organizada.

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